El Gobierno español se suma a la batalla televisiva teñida de fútbol

La mayor parte de los hogares españoles sólo pueden recibir unos cinco canales de televisión. Por ello podría pensarse que el Gobierno español acogería con agrado un nuevo servicio de satélite que ofrece más de 25 canales y películas en pago-por-visión.Pero no. Hace dos semanas -sólo tres meses después del debut de un servicio llamado Canal Satélite Digital- el Parlamento español aprobó una ley que, en su esencia, declara ilegal la tecnología de transmisión de este servicio.

Ésa fue la última salva de una de las más desagradables batallas empresariales y políticas sobre el futuro de la televisión que Europa jamás haya visto. Y lo que hace esta pelea tan inusual es que pone a la mayor empresa privada de comunicación de España frente a Madrid, en contra de la tradición europea de una cómoda relación entre los medios de comunicación y el Gobierno.

Es más, en el centro de la pelea está un juego que llega al corazón de millones de españoles, por no hablar de los más de 250 millones de televidentes hispanohablantes en Latinoamérica: el fútbol.

Defendiendo una portería está el Grupo PRISA, un conglomerado multimillonario que posee, entre otras cosas, el mayor periódico de España, EL PAÍS; la mayor cadena de radio comercial, SER, y una cuarta parte de los intereses de Canalsatélite. En la actualidad controla los derechos de retransmisión por televisión de los partidos de fútbol de la Liga española, que planea utilizar para atraer al público a su nuevo servicio de pago-por-visión-.

Su rival en el campo es el relativamente nuevo Gobierno de centro derecha de José María Aznar. El pasado mes de noviembre, el Gobierno español desempeñó un papel clave para organizar un consorcio rival de televisión digital. Los mayores accionistas del grupo son Telefónica, la recientemente privatizada compañía telefónica española; Televisión Española, la cadena de propiedad gubernamental, y Televisa, la gran cadena mexicana de emisoras.

En los últimos meses, el Gobierno ha promovido una legislación destinada a mejorar las oportunidades de éxito de este consorcio, y diluir las del Grupo PRISA y su socio Canal Plus, la compañía francesa de televisión.

Funcionarios del Gobierno reconocen que proporcionaron el "impulso" para el nuevo consorcio, y dicen que su principal objetivo es el de promocionar la competencia. "El objetivo es garantizar libertad de elección más amplia posible", dijo Rafael Arias-Salgado, ministro español de Fomento y artífice de la política de comunicaciones del Gobierno. "La decisión estará en los mercados y en los consumidores". Sin embargo, el Grupo PRISA y sus socios se quejan ruidosamente que las acciones del Gobierno recuerdan el pasado dictatorial y constituyen una estrategia transparente diseñada para socavar ventajas en ser los primeros en el mercado. Pero lo que es más importante, las acciones del Gobierno amenazan con debilitar el valor de sus derechos para televisar los partidos de fútbol profesional.

"No recuerdo una operación contra una compañía como la actual contra la nuestra, ni siquiera en los últimos días del régimen de Franco", dijo Jesús de Polanco, presidente del Grupo PRISA.

La batalla ya ha arrojado el alineamiento tradicional por la borda. El partido abiertamente proempresarial de Aznar hace ahora cruzada como defensor del pueblo y antagonista de la mayor empresa de medios de comunicación de España. Entre tanto, el PSOE, del que se podría esperar que se alineara contra el gran imperio de los medios, ha apoyado al Grupo PRISA en el pasado y ha atacado furiosamente la nueva ley como un retorno al fascismo. Hay mucho en juego. Cada grupo planea invertir más de 800 millones de dólares en ofrecer sus servicios en España, donde la escasez de televisión por cable abre una gran oportunidad para una nueva programación. Ambos grupos están también en una carrera para ofrecer esta programación en América Latina. Con estos objetivos, ambos grupos tienen vínculos con grandes emisoras americanas por satélite; el consorcio apoyado por el Gobierno le da la mano a Rupert Murdoch News Corp. y el Grupo PRISA espera formar una alianza con Direct TV, propiedad de Hughes Corp., filial de General Motors.

"El Gobierno tiene un proyecto cultural, que es Latinoamérica", dijo Salgado. "La televisión pública española tiene capacidad para producir 8.000 horas al año de programación, y las compañías privadas tienen otras 4.000 horas. Teníamos que proteger el derecho de las instituciones de medios de comunicación de proyectar esto en Latinoamérica".

Televisa, la televisión mexicana, posee el 25% del consorcio digital apoyado por el Gobierno y ya es socio de Murdoch en dos empresas de satélite latinoamericanas que emiten programación directamente a los hogares. Telefónica, también en el grupo patrocinado por el Gobierno, posee sistemas de televisión por cable en Argentina.

El Grupo PRISA está interesado en asociarse con Galaxy, un consorcio de televisión por satélite formado por Direct TV y tres empresas latinoamericanas de radiodifusión. PRISA, que posee el 40% de la empresa que adquirió los derechos de televisión de la Liga Profesional de Fútbol española el pasado año, ha revendido estos derechos para Latinoamérica a Galaxy.

Aunque el Grupo PRISA es privado, resulta vulnerable a los ataques del Gobierno.

Canal Plus, que actualmente mantiene un servicio de televisión herciana codificado a 1,3 millones de hogares españoles, ha puesto en marcha un nuevo sistema que encripta su señal en un código digital. Los suscriptores -40.000 han contratado éste por algo más de 20 dólares al mes, y 40.000 más están a la espera de recibir sus descodificadores- alquilan un aparato que sólo puede ser utilizado para recibir la programación de Canalsatélite. Canal Plus utiliza el mismo sistema en Francia y en algunos otros países, donde ofrece servicios de televisión de pago.

Sin embargo, el pasado verano el Gobierno empezó a insistir en que todas la empresas que ofreciesen un servicio de televisión de pago utilizasen una plataforma común y una tecnología compatible para que los receptores pudieran recibir diferentes servicios con, el mismo descodificador.

Cuando PRISA y Canal Plus decidieron poner en marcha su propio sistema, miembros del Gobierno animaron a Telefónica y otras empresas a organizar el consorcio rival. Gracias a una alianza de extraños compañeros de cama, el conservador Partido Popular de Aznar y el pequeño Partido Comunista de España, el Parlamento aprobó una ley a mediados de abril que fuerza a Canalsatélite a retirar su descodificador y cambiar al sistema pro pugnado por Telefónica, el llamado Multicrypt.

En teoría, la nueva ley sólo exige a todas las empresas proveedoras de televisión digital que adoptasen un sistema común de transmisión y da dos meses para negociar un acuerdo. Pero en la práctica concede una ventaja al grupo promovido por el Gobierno, porque si el rival no llega a un acuerdo deberá adoptar el sistema Multicrypt.

Salgado y otros defensores del nuevo sistema no aclaran qué ocurriría si Canalsatélite rehusara cumplir [esta ley]. El Grupo PRISA tuvo una prueba de las posibles consecuencias en enero, cuando inspectores del Gobierno se presentaron en numerosas tiendas de equipamiento electrónico y advirtieron a los comerciantes que el equipo de Canalsatélite podría ser ilegal.

La nueva ley, dijo Salgado, será impuesta por una comisión independiente, según el modelo de la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. Pero añadió con firmeza: "La ley se cumplirá". No está claro, sin embargo, cómo un descodificador Multicrypt favorece más la competencia que el permitir a cada empresa alquilar su propio descodificador a los suscriptores.

Otra batalla versa sobre los derechos de retransmisión del fútbol, considerados cruciales para la supervivencia de todo servicio de televisión de pago en Europa. El pasado otoño, tras una polémica concesión de la Liga Profesional de Fútbol, PRISA y un puñado de otras empresas lograron los derechos de todos los partidos del domingo. Aunque inicialmente los grupos estaban divididos, a fines de diciembre negociaron un acuerdo por 300 millones por el que los derechos futbolísticos quedaban en manos de un consorcio. Com parte de aquel acuerdo, Canalsatélite pagó 100 millones de dólares por los derechos de retransmisión del 40% de los partidos en su sistema de pago-por-visión. El acuerdo incitó al Gobierno a contraatacar con un proyecto de ley que permitiría decidir qué partidos de fútbol habría que retransmitir en abierto y cuáles a través del sistema de pago-por-visión.

Por los acuerdos actuales, los canales públicos locales pueden televisar lo que podría considerarse el partido de la semana en sus canales gratuitos. El resto de los partidos se encuentran repartidos entre los participantes en el acuerdo sobre los derechos futbolísticos, varios de ellos se retransmiten e canales abiertos Financiados por publicidad comercial. Los encuentros de la selección nacional española contra rivales de otros países se televisan en los canales gubernamentales de TVE.

Funcionarios del Gobierno ejecutivos del nuevo consorcio afirman que el acuerdo sobre fútbol no es justo porque el juego es demasiado importante como institución cultural para ser controlado por los operadores de la televisión de pago. Polanco y quienes le apoyan sostienen, sin embargo, que la nueva ley equivale una expropiación flagrante de lo que han adquirido legítimamente en competencia abierta.

Las disputas ya han llegado hasta la Comisión Europea, que se encarga de supervisar la política de competencia.

Los miembros de la Comisión, sin embargo, también están divididos. El comisario de Industria, Martin Bangemann, informó al Gobierno español el mes pasado de que la ley sobre el descodificador era "demasiado reguladora". Pero el comisario de la Competencia, Karel van Miert, normalmente apoya la idea de sistemas de televisión "abiertos", y ha comenzado su propia investigación sobre los derecho futbolísticos.

Salgado niega firmemente que el Gobierno esté llevando a cabo ninguna vendetta secreta contra el Grupo PRISA. "Es ridículo", declaró en una entrevista. "No existe persecución de ningún tipo. Lo único que ha hecho el Gobierno es aprobar una ley que exige que los descodificadores sean abiertos. Está totalmente justificada".

Pero Carlos Reboll, director general de marketing del nuevo consorcio, afirmó que ya era hora de que a Polanco se le dé su merecido. "El señor Polanco tiene que aceptar que los días en los que su imperio podía expandirse gracias a sus relaciones con el Gobierno socialista se han terminado afirmó.