La inversión extranjera sigue en Cuba un año después de la ley Helms-Burton

La ley Helms-Burton llega hoy a su primer año sin haber logrado claramente, su objetivo principal de desincentivar la inversión extranjera en la Cuba de Fidel Castro. Según el Gobierno cubano, ninguna empresa extranjera con inversiones importantes se ha marchado de la isla, aunque varias compañías Y bancos que financiaban producciones agrícolas sí han cambiado su esquema de trabajo para eludir el posible alcance de la ley.

La ley Helms-Burton ha conseguido, en cambio, enrarecer el clima político y de negocios, intimidando a comerciantes y empresarios que, en principio, no deben ser afectados, por la ley estadounidense. Un pequeño grupo de empresas ha abandonado sus negocios en la isla arguyendo razones ajenas a esta norma."Los efectos de la Helms-Burton van mucho más allá de lo puramente económico. Tienen una dimensión psicológica, y por eso es muy difícil evaluar sus resultados concretos", asegura un economista cubano. Para esta fuente, la ley Helms-Burton afecta mucho más a las empresas cuyos lazos con Cuba son incipientes, que a aquellas que llevan algún tiempo en la isla o poseen inversiones de envergadura. "Hay simples comerciantes o empresarios que, ante el ruido que ha armado Estados Unidos, prefieren no buscarse problemas. No vienen, no hacen negocios, o deciden irse sin saber que la ley no les afecta a ellos, y estos casos son muy difíciles de detectar y cuantificar".

La ley prevé sanciones contra aquellas empresas extranjeras que "trafiquen" con bienes expropiados a empresas o ciudadanos estadounidenses tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro. Esto, de por si, reduce mucho el número de posibles afectados, ya que de las 5.911 reclamaciones presentadas en Estados Unidos por norteamericanos después de enero de 1959, menos de una decena afecta a empresas concretas, de las cuales varias son europeas.

Hasta el momento, los "castigados" por Estados Unidos son la empresa mexicana de telecomunicaciones Domos y la canadiense Sherritt, que tiene inversiones en la industria del níquel y del turismo en Cuba. Domos vendió su participación a la empresa italiana Step, arguyendo razones económicas, ajenas a la ley. Sherritt ha dicho públicamente que no se marcha y ha recomendado a otros inversores entrar en el mercado cubano.La mayor parte de las compañías extranjeras que pueden ser afectadas por la Helms-Buron han reaccionado hasta el momento de dos formas. Una es enroscarse y defender públicamente los negocios y las inversiones en Cuba, como han hecho Sherritt o el grupo español Sol-Meliá, que posee tres hoteles en régimen de empresa mixta en Varadero y construye otro en La Habana.

Otro grupo de empresas y bancos extranjeros, sobre todo aquellos que prefinanciaban diversas producciones agrícolas, han escogido la estrategia de la discreción, y han reorganizado su esquema de trabajo en la isla para eludir la ley. Es el caso de Tabacalera, el Banco BilbaoVizcaya o el banco holandés. ING, que han abandonado el esquema de financiación, provincial de la producción de azúcar y tabaco para dar simples créditos o "adelantar" recursos.

La ley Helms también ha afectado a algunas empresas que no lo reconocen de forma pública, como la cementera mexicana Cemex, que, tras ser advertida por Estados Unidos, no renovó el contrato de administración que tenía en la isla con una fábrica de cemento que había pertenecido a la Lone Star Industries, de Stanford.

El Gobierno cubano no niega el daño que ha hecho la ley. La tesis oficial es que, sobretodo, ha entorpecido y retrasado la concesión de créditos y también postergado la toma de decisiones de algunas empresas interesadas en hacer negocios en Cuba.

El vicepresidente cubano, Carlos Lage, informó recientemente de la firma de 42 nuevos contratos de asociación con empresas extranjeras después de la aprobación de la ley Helms-Burton. En la actuafidad hay 260 asociaciones mixtas.