Las cadenas privadas españolas rechazan el "decretazo" sobre la televisión digital

La estrategia gubernamental para el control de la televisión digital quedó ayer al descubierto. Setenta y dos horas después del envío al Consejo de Estado de un decreto que, supuestamente, "traspone" la directiva 95/47 de la Unión Europea, los textos consultados ayer al Consejo Asesor de Telecomunicaciones demuestran que se han introducido importantes añadidos de cosecha propia. Frente a algo tan razonable como esto: "Las empresas de difusión publicarán una lista de las tarifas para los televidentes", que era lo establecido en la directiva, se añade esto: el Gobierno podrá exigir a los operadores que aporten sus listas de clientes; y se someterán a autorización gubernamental las tarifas que auéllos apliquen a los programadores.

Y donde la UE decía que los programadores independientes y entidades de difusión, en general, tendrían acceso a los operadores de servicios codificados "en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias", el decreto fija que la decisión de cualquier conflicto reside en el Gobierno mismo, a través de la llamada Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.Por si el decretazo gubernamental se quedaba corto, RTVE ha propuesto añadirle una batería de medidas complementarias.

El secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar, aceptó las propuestas de la televisión estatal, presentadas en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, tras haber rechazado todas y cada una de las observaciones planteadas Por las cadenas privadas no ya sobre el texto -que desconocían hasta ayer, sino sobre las irregularidades de la convocatoria. Según dicha representación, la consulta de ayer se produjo en términos sustancialmente distintos a los usuales, esto es: con menos de 48 horas hábiles sobre la fecha de convocatoria y sin citar a la representación de las empresas privadas de televisión (Tele 5, Antena 3 y Sogecable, esta última propietaria de Canal + y de Canal Satélite).

Advertidos de lo que estaba ocurriendo, directivos de las televisiones privadas se personaron en la reunión organizada por el Ministerio de Fomento. Apoyado por Santiago Muñoz Machado (Tele 5) y Manuel Campo Vidal (Antena 3), el representante de Sogecable, Pío Cabanillas, impugnó formalmente la reunión, pidió la convocatoria de otra en tiempo y forma, y solicitó al menos 48 horas de plazo para estudiar el texto. El secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar, rechazó todas y cada una de dichas propuestas, en su calidad de presidente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones.

Por el contrario, el alto cargo gubernamental escuchó las sugerencias del representante de RTVE, Pablo Díaz de Rábago -que constituyen en sí mismas un segundo decretazo- y se ofreció a enviarlas urgentísímamente al Consejo de Estado, para que dicha institución pueda tramitarlas a tiempo de que todo el paquete de medidas esté listo para el visto bueno del Consejo de Ministros del viernes próximo.

El Secretario General de Comunicaciones, José Manuel Villar, no respondió a la llamada de EL PAÍS. Sí lo hizo la portavoz del Ministerio de Fomento, Emma Marín, quien desconocía las enmiendas de RTVE y si habían sido tramitadas o no al Consejo de Estado. La portavoz se limitó a transmitir una nota de la Secretaría de Comunicaciones, en la que ésta última defendía que la reunión del Consejo Asesor había sido convocada correctamente.

Abstención autonómica

Al margen de los problemas de forma, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones dio su visto bueno. a la norma que el Gobierno pretende aprobar el próximo viernes para retrasar la implantación de la televisión digital en España. Ese visto bueno se produjo finalmente con el voto en contra de las televisiones privadas y con la abstención de las cadenas autonómicas.Todo esto ocurrió a cuenta de cambiar un proyecto de decreto sobre la Ley de Telecomunicaciones por Satélite que ya había sido aprobado por el Consejo de Telecomunicaciones el pasado 13 de noviembre, sin las significativas añadiduras que el Consejo de Ministros consideró urgentísimo tramitar el viernes pasado. Para entonces estaba perfectamente claro que la plataforma de servicios digitales promovida por el Gobierno -y cuya mayoría controlan empresas públicas- no se encontraba en condiciones de salir a competir con la oferta privada de Canal Satélite.