El PP vota que se reanude la polémica obra que afea el acueducto de Segovia

La actual estructura de un edificio situado junto al acueducto de Segovia, cuyas obras fueron paralizadas por la Dirección General de Bellas Artes en julio de 1983, será finalmente un hotel. Un pleno municipal aprobó ayer, únicamente con los votos del PP, un convenio con la empresa propietaria, Inmobiliaria Promotora García (Inprogarsa) -vinculada al primer teniente de alcalde, José Ignacio García-, que modifica el uso de residencial a hotelero. Según dijo el responsable municipal de urbanismo, José Luis Sanz Merino, todas las instancias judiciales han dado la razón a la empresa en los recursos contra la paralización. La Junta de Castilla y León deberá pagar a Inprogarsa 300 millones de indemnización.

La edificación del solar comenzó con todas las licencias pertinentes en regla, ya que era un mandato imperativo del entonces plan urbanístico de la zona, en cuya redacción había participado el arquitecto Alberto García Gil, también autor del proyecto y miembro de la empresa, aparte de concejal independiente en el momento en que se pararon las obras. Sin embargo, a la vista del volumen que iba adquiriendo la edificación, la administración socialista decidió su paralización hace 13 años.Una vez transferidas las competencias a la Junta de Castilla y León, en 1985, ésta procedió a la expropiación y derribo de las últimas plantas, que se produjo en enero de 1991 y costó cerca de 480 millones de pesetas. El volumen que quedó entonces fue admitido como manzana residencial por el vigente plan especial, por lo que el Gobierno regional desistió de llevar a cabo la expropiación total tras considerar que quedaba garantizada la protección del acueducto, declarado por la Unesco como patrimonio de la Humanidad, pese a que había recibido el mandato de las Cortes autonómicas para expropiar todo.Licencia válida

Según el responsable municipal de urbanismo, José Luis Sanz Merino, del PP, que gobierna el Ayuntamiento de Segovia con 15 concejales, frente a seis del PSOE y cuatro de IU, todas las instancias judiciales a las que recurrió la empresa contra la paralización declararon válida la licencia, por lo que la Junta de Castilla y León debe pagar además, como indemnización por el tiempo que lleva la obra parada, unos 300 millones de pesetas. El Ministerio de Cultura había consignado para el presupuesto de este año otros 40 millones de pesetas más por la parte que le corresponde por el mismo concepto. Inicialmente, la Administración regional había valorado los gastos de expropiación total en unos 1.100 millones de pesetas.El concejal Sanz Merino insistió en que el actual plan especial de la zona prevé este volumen, y calificó la solución de cambio de uso residencial a hotelero como "la más ventajosa para acabar con este problema". Se prevé que en los próximos tres meses puedan comenzar a colocarse ladrillos.

Para los grupos de la oposición, la actitud del PP ha valorado más los intereses particulares que los generales: en su opinión, el actual edificio debería de haber sido expropiado totalmente para quedar como de uso público. El primer teniente de alcalde, el popular José Ignacio García, vinculado familiarmente a la empresa, manifestó ayer en el pleno que el Ayuntamiento estaba acatando y cumpliendo las sentencias condenatorias que ha recibido la Administración.

En la negociación con la empresa, la Junta de Castilla y León ha mantenido que la última plan ta del inmueble quede de uso público como terraza, para que los turistas puedan tener una vista del acueducto y la ciudad.