La autonomía una cuestión de mutuo respeto

En Alicante saltó la voz de alarma. El presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, pretendió presidir la inaugurar el curso académico en la Universidad y el rector, Andrés Pedreño, se lo impidió. El incidente, tras el cual se esconden desencuentros más profundos, puso de manifiesto el a veces difícil equilibrio entre el poder político y la autonomía universitaria que promulgó la Constitución. ¿Pueden repetirse los mismos roces en otras comunidades autónomas? En Cataluña la respuesta es tajante: no. En otras autonomías se niega la mayor: ¿de qué autonomía puede presumir una universidad si su presupuesto depende del poder político? Entre ambas posturas hay también términos medios.

VALENCIA

El proyecto del PP de crear una nueva Universidad en Elche, a 18 kilómetros del actual campus de Sant Vicent del Raspeig, y la propuesta de segregar forzosamente centros consolidados, como la Facultad de Medicina, ha unido a todos los rectores de España y Europa que defienden por encima de todo la autonomía universitaria, informa Un concepto que para el rector de Alicante, Andrés Pedreño, está "seriamente amenazado". Profesores, padres y alumnos no cesan de preguntarse sobre el significado de autonomía universitaria.El pulso abierto entre el poder político y académico mantiene una pugna constante en el País Valenciano. El proyecto de nueva Universidad, listo para debate en las Cortes Valencinas, y aprobado por el pleno del Consell, anuncia la segregación de otros dos centros, integrados en el actual campus, como son Biología y Estadística. Además indica que los órganos rectores del nuevo ente serán nombrados por el Gobierno valenciano y tendrán cinco años de mandato para poder consolidar la nueva Universidad, así como la necesidad de disponer de un plan de financiación específico al margen del actual.

"Quien paga manda"

La propuesta ha provocado la reacción inmediata del equipo rectoral. Pero Andrés Pedreño se siente arropado. No cesan de llegar numerosas muestras de apoyo animándole a continuar. Los rectores españoles y europeos le han hecho llegar su solidaridad.

El rector de Alicante, Andrés Pedreño, en el discurso de apertura de curso académico el pasado 4 de octubre, recordó que "una institución universitaria debe ser acreedora del máximo respeto y consideración por parte de los poderes públicos", en clara alusión a los constantes mensajes del presidente de la Generalitat, del PP, Eduardo Zaplana, quien en la inauguración del curso en la Universidad Politécnica de Valencia dijo que "la autonomía de las universidades valencinas no puede contraponerse a la autonomía de los ciudadanos".

La autonomía universitaria también se encuentra amenazada en Castellón, informa Angeles Durán. La interferencia del poder político en la vida académica, expresada a través de la negativa del Gobierno valenciano a aprobar el proyecto de estatutos presentado por la Universidad Jaume I por incluir artículos que aluden a la unidad de la lengua autóctona, ha tenido una respuesta unánime en la universidad castellonense.

Los alumnos de la Jaume I han declarado la guerra al PP. De forma permanente penden en los edificios del campus pancartas contra Zaplana y su partido, al que no le perdonan su "ignorancia". Pero la razón del enfrentamiento no radica exclusivamente en la polémica de los estatutos. El mismo rector de la universidad castellonense, Fernando Romero, reconoce que se vive una tensión sin precedentes desde el conflicto de Alicante.

Romero, que lidera un bloque progresista próximo a la izquierda nacionalista, mantiene cierta prudencia, consciente de que la tensión puede traducirse en discriminaciones financieras. Y es que las amenazas ya han llegado. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hombre fuerte del PP -amigo íntimo de José María Aznar-, declaró, a raíz de los sucesos de Alicante, que "quien paga, manda", tratando de simplicar la disputa.

CATALUÑA

"Impensable", "inimaginable", "imposible"; son los términos que utilizan las autoridades académicas de Cataluña cuando se les plantea si sería posible que se produjera en su comunidad una trifulca como la de Alicante, informa Muchas de las universidad catalanas son de reciente creación y, consecuentemente, necesitadas de inversiones en infraestructuras. A Joan Albaigés, comisionado de universidades de la Generalitat, el hombre que reparte el dinero entre las siete universidades públicas catalanas, le parece "impensable" que en Cataluña pudiera suceder algo parecido a lo de Alicante, ante todo "por el respeto institucional que se tienen recíprocamente la universidad y el Ejecutivo".En Cataluña, explica Albaigés, existe un pacto entre las dos partes y se trabaja conjuntamente en el intento de, que "haya un reparto de funciones y una distribución equilibrada de la oferta educativa, evitando que haya universidades de primera y segunda clase", aunque, añade, "es un proceso largo dados los diferentes puntos de partida de las universidades". Desde el Comisionado de Universidades e Investigación, que, curiosamente, no depende de la Consejería de Educación, sino del Departamento de la Presidencia de la Generalitat, se proclama: "Desde aquí se busca el consenso".

"Impensable","inimaginable

El rector de la Universidad de Barcelona, Antoni Caparrós, tiene una explicación más matizada, aunque coincida finalmente con la de Albaigés. "La LRU deja las cosas bastante ambiguas, no define con precisión. Por ello, a menudo, hay que acogerse a la tradición, a la praxis". Y en Cataluña, añade, "existe una tradición importante de respeto entre los dos poderes que entienden perfectamente cuál es su papel y la importancia de la autonomía. Aquí lo de Zaplana sería imposible".

Para Caparrós la autonomía significa "la libertad de organizarse internamente, de definir qué se enseña, cómo se enseña, a quién se enseña, qué se investiga, cómo se dan a conocer los resultados". Pero añade: "No debe entenderse que no haya que dar cuentas a los poderes públicos".

Román Gubern, que fue decano de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cree que, hasta cierto punto, se puede hablar de una ficción, "de que los rectores son los caudillos, pero en realidad el marco legal en el que se mueven les viene diseñado". La clave de la cuestión, explica, "está en el dinero, que reparte el poder político, lo que significa que la libertad está constreñida. Lo demás son rituales y liturgias".

ARAGÓN

Las relaciones entre el poder político y el colectivo universitario vienen marcadas en la comunidad aragonesa por dos incidentes que, sin tener la gravedad de lo ocurrido en otras regiones, sí condicionan el futuro entendimiento en el Gobierno autonómico y la universidad zaragozana, informa Discrepancias sobre el control de 5.000 millones de pesetas y la futura ley del Consejo Social, ya en Las Cortes regionales sin conocimiento previo del colectivo universitario, han generado un malestar notable tanto en el rectorado universitario como en el colectivo académico.Juan José Badiola revalidó, de largo, hace unos meses su título de rector de la Universidad de Zaragoza y asegura que ahora en el seno del campus existe una pacificación y cohesión como en ninguna etapa anterior. Por eso manifiesta su preocupación ante la falta de un equipo con quien mantener un diálogo fluido, serio y operativo en la otra orilla: la Consejería de Cultura y Educación del Ejecutivo que preside Santiago Lanzuela (PP) y que apenas desde el curso pasado tiene transferidas las competencias de la enseñanza superior.

Entre el recelo y la falta de diálogo

La mayor preocupación está en el contenido de la ley del Consejo Social que si se aprueba en los términos en los que ha sido llevada al Parlamento aragonés "convertiría a la universidad en una academia", dicen en la universidad, donde añaden que el intento de fiscalizarlo todo que petende el proyecto roza la inconstitucionalidad.

El consejero responsable del área, Vicente Bielza, también miembro del colectivo docente como catedrático de Geografía humana, opina que las relaciones son normales. Y del proyecto de ley señala que pese a haber reclamado la participación, vía sugerencias, para la elaboración del texto, no se ha recibido del rectorado ni una sola propuesta. Y añade: "Nadie ha planteado ningún problema de inconstitucionalidad".

ANDALUCÍA

Las relaciones de la Universidad de Granada con los representantes políticos han sido buenas y el derecho constitucional a la autonomía sólo ha servido para que las autoridades académicas diseñaran a su entender la distribución de los centros y dieran prioridad a determinadas actividades docentes, informa A nadie escapa las afinidades ideológicas del rector, Lorenzo Morillas, con el Gobierno autónomo socialista. Sin embargo, Morillas niega que el entendimiento sea fruto de una sintonía política. "Ha habido mas bien una sintonía institucional".En la Universidad Hispalense, tanto el rector, Miguel Florencio, como la mayoría de decanos, directores de Escuelas Universitarias y personal docente consultados, coinciden en que la autonomía académica existe y se ejerce sin problemas, informa Carmen de Pando.

Sintonía política

La puesta en marcha este curso de la Universidad Pablo de Olavide, la que será segunda universidad de Sevilla aún pendiente de aprobación en el Parlamento, no ha supuesto problema alguno. La creación en 1993 de la Universidad de Huelva obligó a la Hispalense a desprenderse de parte de su infraestructura, a pesar de lo cual Sevilla apoyó el proceso al considerar que era un paso positivo desde el punto de vista académico, como recuerda el rector Miguel Florencio, así que la autonomía no se resintió.

También Javier Pérez Royo, que fue rector de la Hispalense entre 1988-92, asegura que en general no ha habido roces con el poder político. La queja en Sevilla va por otros derroteros. Como comenta el decano de Derecho, "los conceptos tan vagos como autonomía se quiebran cuando la propia Universidad carece de sus recursos económicos para poder considerarse independiente". La Universidad Hispalense -80.000 matriculados- es la que menos dinero recibe en relación al número de alumnos, de ahí que la crítica unánime sea la falta de recursos.

La comunidad universitaria en general reclama no sólo más recursos, sino mayor capacidad de programación, ya que desconce el nivel de subvención a plazo medio.

PAÍS VASCO

Los tiempos en que la Universidad española no contaba con un marco legal que regulara su autonomía se recuerdan con pesar en "la Universidad del País Vasco (UPV), informa "La inoperancia era total", señala el vicerrector Juan Rivas. "La Universidad estaba prácticamente al borde del colapso". La diferencia entre la situación anterior a la LRU, -escasez de medios económicos, interventores, autorización previa para los gastos-, y la actual se mide "en años luz". "Vivimos en otro mundo", resume Rivas. El secretario general de la UPV, Alberto López Basaguren, recuerda que el cambio fue radical al recibir las transferencias.La autonomía universitaria aporta, además, la flexibilidad necesaria para la compleja gestión de una entidad con tres campus y centros dispersos por toda la comunidad autónoma.

Años-luz de diferencia

Rivas y López Basaguren coinciden al afirmar que la clave de la autonomía radica en la Financiación. Fue precisamente la discrepancia presupuestaria la que provocó al principio de la anterior legislatura autonómica un conflicto con el departamento de Educación del Gobierno Vasco, dirigido entonces por el socialista Fernando Buesa, que afectaba a los cimientos de la autonomía universitaria. En 1991, tras un informe del Tribunal de Cuentas que reveló una catastrófica gestión económica en la UPV, el consejero de Educación se negaba a cubrir el capítulo de gastos de personal y el pago de las nóminas llegó a estar en peligro.

GALICIA

Desde luego no iba a sufrir un desplante como el de Eduardo Zaplana pero, por si acaso, el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se cuidó de acudir a la inauguración del curso en la Universidad de Vigo, informa Días antes, el rector, José Antonio Rodríguez, había comparecido en el Parlamento gallego con una intervención muy crítica para la Xunta.Rodríguez, como sus colegas de las universidades de La Coruña y Santiago, estaba preocupado por la decisión de la Xunta de no renovar el plan de financiación plurianual de los estudios superiores, cuya vigencia expira el próximo 31 de diciembre. Pero además ha culpado a los políticos de entrometerse en la vida académica y de no hacer el esfuerzo económico necesario para sacar adelante una Universidad con sólo seis años de vida, tres campus en ciudades diferentes y graves problemas de infraestructura.

Sin dinero no hay autonomía

El rector de Vigo parece cansado de las presiones localistas de los ayuntamientos y los grupos políticos, las mismas que propiciaron que en 1989 se decidiesen crear dos nuevas universidades en La Coruña y Vigo, que junto a la de Santiago, gestionan siete campus.

La tesis de Rodríguez de que sin autonomía financiera se quiebra el principio general de autonomía de las universidades es compartido con matices por Darío Villanueva, el rector de Santiago de Compostela, la universidad histórica de Galicia. Villanueva subraya que el gasto en la financiación de los estudios superiores sigue en España muy por debajo de la media europea -1% del PIB frente al 1,5%- pero se separa de la postura de Rodríguez al resaltar sus excelentes relaciones con la Xunta. Tanto, que incluso afirma tajante que el Gobierno gallego "mantiene un respeto escrupuloso de la autonomía universitaria" y destaca que es bastante habitual que Fraga presida en Santiago actos universitarios por invitación expresa de las autoridades académicas. En todo caso, Villanueva se muestra solidario con el rector de Alicante, ya que la autonomía universitaria, dice, "no es un tema baladí". "Por algo España es uno de los pocos países que ha incluido expresamente ese principio en su Constitución".

MADRID

En Madrid, el director general de Universidades, Vicente Ortega, asegura que no están surgiendo problemas en la Comunidad. "Ha habido un incremento en la financiación del 15%, paliando así los desequilibrios estructurales que había desde 199", afirma. "Y la creación de una Universidad nueva en el sur de Madrid, la Juan Carlos I, ha sido apoyada por los rectores de las otras universidades madrileñas sin problema".Haciendo referencia a posibles conflictos entre autonomías política y universitaria, Ortega recuerda que existe un desfase del Consejo de Universidades (CU). "Tiene que producirse una revisión profunda del reglamento del Consejo", propone Ortega, "a las dos comisiones existentes (académica y de coordinación) debería añadirse una mixta". Entre las ideas del consejero madrileño está incluida la de ligar la financiación de las universidades a los objetivos de éstas, abandonando la actual financiación global "pero eso requiere un proceso largo", reconoce.

Pendientes de una revisión