Cuentas vulnerables

PRENDIDO CON alfileres llega el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno de Aznar. Su cumplimiento depende de demasiadas variables importantes que no controla el Ejecutivo. No obstante, ha venido rodeado de un ambiente financiero positivo. Aunque esperada, la reducción de los tipos de interés por el Banco de España ha coronado este clima al que han contribuido decididamente las perspectivas políticas que se han abierto de participación de España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.Si los criterios de convergencia definidos en Maastricht se interpretan finalmente con flexibilidad -en el sentido de atender las tendencias por encima del cumplimiento literal de cada una de las condiciones-, España podría incorporarse a la moneda única europea en la primera convocatoria, tras superar el examen de selectividad de la primavera de 1998. Los mercados financieros parecen asumir crecientemente esta posibilidad. Quizá en mayor medida de la que corresponde a los fundamentos que subyacen en la economía española. La lectura detenida del proyecto de presupuestos y la evolución en los próximos meses de la tasa de inflación pueden ofrecer sorpresas desagradables que den al traste con esta luna de miel.

El objetivo del Gobierno es situar el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 1997 en el 3% del PIB. Alcanzarlo depende del Presupuesto que ahora se va a discutir en las Cortes. Pero depende también del déficit real con que se cierre la ejecución del ejercicio de 1996, pues la previsión del 4,4% del PIB no está en modo alguna garantizada. Una desviación significativa forzaría a introducir recortes suplementarios en los primeros meses del próximo año.

Este proyecto -en su equilibrio de ingresos y gastos- reposa sobre una previsión de crecimiento de la economía española de un 3% (frente al 2,6% para este año). Pero dicho crecimiento depende de la evolución de las economías de nuestro entorno, en particular las de Francia y de Alemania, y de un aumento del consumo de las familias españolas y de la inversión de las empresas privadas en nuestro país. La congelación de la nómina de los funcionarios, las llamadas a la moderación salarial para no disparar la inflación, así como la reducción de las tasas de beneficios y la persistencia de una importante capacidad productiva ociosa de las empresas, no parecen favorecer esta previsión.

En cuanto a la tasa de variación de precios, el Banco de España se muestra cauteloso en el informe sobre la inflación que acaba de publicar. El acento genérico del Gobierno sobre la imposición indirecta -con, nuevas tasas y el aumento de otras viejas- tiende a favorecer subidas de precios. Y de momento la presión fiscal no se reduce, sino que aumenta. Tendremos que esperar por lo menos un año, y posiblemente más, para su posible reducción, en concreto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Las nuevas tarifas aprobadas, distribuidas en 10 tramos frente a los 18 anteriores -lo que reduce su progresividad, pero no su complejidad-, y la decisión de mantener inalteradas las deducciones correspondientes, apuntan en la dirección contraria a las promesas electorales del PP, cuando el nuevo esquema de financiación autonómica prácticamente garantiza desviaciones añadidas.

La oposición, especialmente la de un partido socialista firmemente comprometido con Maastricht, no tiene fácil la presentación de una alternativa sólida y creíble. La enmienda a la totalidad esgrimida ayer por Borrell -sobre la que deberá pronunciarse mañana la ejecutiva socialista- requiere explicaciones convincentes, más allá de los adjetivos empleados para descalificar el Presupuesto por "insolvente, insostenible e insolidario". Es verdad que el Presupuesto nace lastrado por decisiones anteriores sobre plusvalías y actualización de balances más inoportunas que incorrectas. También es cierto que contiene no pocas argucias contables -algo que han hecho igualmente otros Gobiernos europeos-, pero el ejercicio terminará siendo positivo si este respiro se utiliza al fin para introducir las reformas estructurales que necesita la economía española. De otro modo, se hipotecará aún más el futuro.

¿Será efectivo? De todo lo anterior no cabe deducir una respuesta afirmativa. Son muchos los puntos débiles del proyecto y todo hace prever que su andadura parlamentaria termine por aumentar el capítulo gastos. Así las cosas, es altamente probable que en el transcurso del año próximo el Gobierno -que ya ha empezado a insinuarlo- se vea obligado a un ajuste adicional que resultará más doloroso.