Farmaindustria apoya la tasa por receta para que el usuario "advierta el problema"

Farmaindustria -que agrupa a más del 96% de los laboratorios españoles- calificó ayer de "decisión lógica" la propuesta del Gobierno de hacer pagar una tasa. por receta para implicar también a los usuarios en la gravedad del problema. El Ministerio de Sanidad, que estudia aplicar una tasa mínima de 100 pesetas para pensionistas que cobren más de 50.000 pesetas, admitió ayer que también estudia hacer pagar a los pensionistas que cobran más de 100.000. pesetas un porcentaje del medicamento que se acercaría al, 40% que pagan los trabajadores activos, pero no se igualaría. "No juzgamos la cantidad concreta", manifestaron ayer a este periódico fuentes de Farmaindustria sobre el recetazo, "pero es una decisión lógica, porque el problema afecta a la industria y a los usuarios. Hasta hoy se asumía que el usuario no tenía que pagar, pero es lógico que advierta el problema".

El Ministerio de Sanidad admitió ayer que, además de la tasa por receta, estudia, que los pensionistas de más de 100.000 pesetas paguen un porcentaje por medicamento "cercano, aunque no llegaría" al 40% que los trabajadores pagan ya, pero insistieron en que son sólo proyectos en estudio.

Farmaindustria señalaba ayer que al plantearse "hace tiempo" la hipótesis de una tasa, calculaba "cantidades inferiores" Con todo, "si la media anual de recetas está en 40 recetas por usuario, 4.000 pesetas no son excesivas", dijeron.

La alusión del Gobierno a desincentivar el gasto farmacéutico, el mayor del mundo industrializado (un 25,33% del gasto sanitario total, frente a entre un 7% y un 11% en los países desarrollados, y en franco aumento: 145.916 millones de pesetas de enero a junio de 1996, es decir un 11,47% más que en 1995) "supondrá un sacrificio para la industria, pero desde el punto de vista del conjunto sanitario es claro que puede racionalizarse".

Farmacéuticos en Paro (FAP) está en posición diametralmente opuesta. "Nos indigna que el usuario pague los platos rotos", afirman. "Antes debería repercutir en los profesionales. Todos sabemos que muchos médicos reciben beneficios ofrecidos por visitadores de los- laboratorios por recetar tal medicamento. Hay que dontrolar eso". FAP señala que debería ser prioritaria la calidad del servicio. "Con toda esta inquietud que se siembra en el usuario, crecen el gasto farmacéutico y la especulación". Y denuncia: "Desde el Gobierno se potencia lo privado, pero no se habla de libre apertura de farmacias, que paliaría el paro, potenciaría la competencia y abarataría el precio".

Los bandos políticos están claros. Jordi Pujol, pese a negarse a opinar sobre la tasa, dijo: "Ha llegado la hora de que los políticos expliquen al país la situación real". Añadió que debe sobrevivir lo básico del Estado de bienestar: protección ante, la enfermedad, el paro, las minusvalías y la vejez, y garantía de enseñanza y formación. Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Unió, apoyó la tasa, "no tanto porque el montante. global deba enjugar el déficit de la. sanidad, sino porque introduce una cierta cultura del deber y la responsabilidad en el usuario".

El consejero de Salud de Andalucía, José Luis García de Arboleya, criticó la medida como "injusta y poco valiente, porque toca el punto más débil, de la cadena del gasto, el enfermo". Arboleya propuso como alternativas "un mayor control de la industria o reducir el margen de ganancias". "Es un paso atrás", dice a este periódico Guillermo Fernández Vara, consejero de Bienestar Social de Extremadura. "Las pensiones son bajas, pero había servicios gratis. El Gobierno busca 250.000 millones para las autonomías con sanidad transferida y, en vez de que paguen quienes tienen, hace pagar a todos". Matilde Valentín, consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha, se opone, "máxime cuando hasta ahora hemos tenido gratis para todos".

Sanidad advirtió ayer que la medida aspira al consenso, pero que los consejeros autonómicos "no tienen nada que decir" porque "la política farmacéutica es competencia exclusiva del Ministerio".

CC OO propone reducir los beneficios de laboratorios y farmacias y abaratar las 100 medicinas de más consumo, para ahorrar 53.000 millones. UGT, como CC OO apoya los genéricos. Entre los consumidores, UCE se opone a cuanto perjudique al usuario, y OCU ve "conveniente" que todos los españoles colaboren "al sostenimiento de la sociedad".