Los países vecinos imponen sanciones a Burundi tras el golpe de Estado

Desde la ciudad tanzana de Arusha, los líderes de la desgarrada región de los Grandes Lagos enviaron ayer una insólita advertencia a Pierre Buyoya, el comandante que se hizo con el poder en la diminuta República de Burundi el pasado 25 de julio. O se garantiza el retorno a la democracia contando con todas las fuerzas políticas o, además del embargo económico decidido ayer, los países vecinos impondrán nuevas sanciones a un país empobrecido por la guerra civil, desangrado por las matanzas y a merced de la ayuda internacional.

Uganda y Tanzania, que encabezan el grupo de naciones que pretenden tutelar el futuro de Burundi y evitar una repetición del genocidio que se abatió sobre Ruanda en 1994, volvieron a insistir en la necesidad de desplegar tropas para imponer la paz. Mientras tanto, en Bujumbura, Buyoya empezó a mostrar sus cartas, aparentemente ajeno a las condiciones de Arusha: Pascal Firmin Ndimira, un hutu moderado, experto en agronomía y consultor del Banco Mundial, fue elegido nuevo primer ministro.Buyoya intentó el martes, en un viaje relámpago a Kampala, ganarse el respaldo de Yoweri Museveni, el presidente ugandés que tanto debe a los tutsis en su victoria frente al dictador Milton Obote, y del ex presidente tanzano Julius Nyerere, uno de los líderes históricos africanos que no ha dilapidado su prestigio. Pero Buyoya tendrá que demostrar todavía mucha habilidad para lavar el pecado de origen de su poder (un golpe de Estado del monoétnico Ejército burundés, tutsi en un 95% pese a ser los tutsis sólo el 14% de la población).

Mientras que buena parte de la comunidad diplomática europea saludó con un suspiro de alivio la llegada de Buyoya a la presidencia, los países de la región de los Grandes Lagos se siguen mostrando reticentes a dar carta blanca a la estrategia del comandante Buyoya, que ya se hizo con el poder mediante un golpe incruento en 1987, aunque después cedió el poder al hutu Melcior Ndadaye, que le ganó las primeras elecciones democráticas en 1993. Claro que desde entonces -Ndadaye fue eliminado por un golpe militar cien días después de llegar al poder-, Burundi ha vivido encharcada en sangre, y el Ejército y la impunidad no han sido ajenos a una situación política condenada, en la que las guerrillas hutus que atacan guarniciones y campos de refugiados desde Zaire encuentran argumentos en el control absoluto del poder que ha disfrutado siempre la minoría tutsi.

Veto a Buyoya en Arusha

Buyoya no fue invitado a la cumbre de ayer en Arusha, y sólo pudo enviar una representación de bajo nivel. Los países de la región, con Tanzania a la cabeza, dictaron severas sanciones económicas contra Burundi por no respetar la democracia y tolerar las matanzas, y planean cortar también el suministro de combustible y los enlaces áereos. A través de Tanzania circula el grueso de las mercancías que alimentan el comercio y el mercado interior de Burundi.Los países reunidos en Arusha volvieron a mostrar su determinación de llevar adelante la resolución de la última cumbre de la Organización para la Unidad Africana (OUA): desplegar 25.000 hombres en Burundi para poner fin a las matanzas. Una propuesta que desató un gran debate en Burundi y que tiene pocos adeptos en el país.

Las diferencias entre el presidente Sylvestre Ntinbantunganya, hutu, todavía refugiado en la residencia del embajador de Estados Unidos en Bujumbura, y su primer ministro, Antoine Ndwayo, tutsi, tenían bloqueada la acción de Gobierno, y el envío de una fuerza de paz interafricana agravó la enemistad política. Buyoya esgrimió la falta de iniciativas y el agarrotamiento gubernamental para detener las matanzas como una de las razones para su golpe.

El nombramiento de Pascal Firmin Ndimira, de 49 años, como nuevo primer ministro, fue recibido ayer con satisfacción por parte de la colonia extranjera, que considera a Ntinbantunganya como un cadáver político.