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La maldición de Arusha

Alfonso Armada

La ciudad tanzana de Arusha ha entrado con nombre propio en la geografía política africana. En Arusha se labró el acuerdo entre el presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, y el pro tutsi Frente Patriótico Ruandés (FPR) para poner fin a las hostilidades, compartir el poder y trazar juntos la senda democrática. En Arusha invitó Habyarimana a su homólogo burundés, Cyprien Ntaryamira, a subir al avión con que le había obsequiado la presidencia francesa para volar juntos a Kigali, después de asistir a una cumbre regional. El derribo de ese avión sobre el cielo de la capital ruandesa, el 6 de abril de 1994, desencadenó uno de los más expeditivos y horrorosos genocidios del siglo, con el asesinato de entre medio millón y un millón de ruandeses (tutsis en su mayor parte, aunque también algunos hutus moderados) y la reanudación de la guerra civil que llevó a la victoria al FPR y al exilio a los instigadores del genocidio, y a casi dos millones de ruandeses que hoy todavía pueblan el este de Zaire y el oeste de Tanzania.En Arusha acordaron hace un mes las potencias regionales crear una fuerza multinacional interafricana para desplegarse en Burundi y poner coto a un "genocidio gota a gota", como lo definió un responsable de la Cruz Roja. Una fuerza para la que hasta el momento apenas se han encontrado voluntarios en Etiopía, Zimbabue, Tanzania y Malaui, y para la que Estados Unidos y Suráfrica sólo han ofrecido apoyo logístico y económico. Una fuerza que según la Carta de las Naciones Unidas debe contar con la aquiescencia del país afectado para ser desplegada, y frente a la que ya han afiliado sus machetes tanto los radicales hutus como los tutsis, dispuestos a tratar a los hermanos pacificadores como "enemigos e invasores". En Arusha, donde está constituido el Tribunal Internacional que debe enjuiciar a los instigadores y ejecutores del genocidio ruandés, impusieron ayer a Burundi sanciones económicas si no regresa al sendero democrático. Una apelación histórica para la tradición africana e internacional de no intervenir en los sucios asuntos internos.

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