España tomará medidas drásticas" contra la 'ley Helms-Burton'

España no quiere actuar sola contra la ley Helms-Burton, aprobada recientemente por el Congreso de los EE UU y que prevé sanciones para las empresas que inviertan en Cuba, pero está dispuesta a poner en marcha "medidas drásticas" unilaterales si no surge entre hoy y mañana en el seno de la Unión Europea (UE) una posición común frente a esa ley. Así lo expondrá hoy en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores a sus homólogos de los Quince, y mañana, en una reunión sectorial de los responsables de Comercio y Turismo, el secretario de Estado español de ese área, José Manuel Fernández Norniella.

España ha anunciado ya a sus socios europeos su posición totalmente contraria a la ley Helms Burton, que afecta a los intereses de empresas españolas más que a las de ningún otro país de la UE.El portavoz de Exteriores, Inocencio Arias, afirmó ayer que el Gobierno está "rotundamente" en contra de la ley Helms-Burton, que afecta a empresas como la española Sol-Meliá. Arias, en declaraciones a Radio Nacional, calificó de "inadmisible" la comunicación de sanciones a Sol-Meliá y advirtió: "Puede ser el principio de una pequeña disputa comercial entre Estados Unidos y sus aliados, que luego se podría convertir en gran disputa comercial, de la que todos nos podríamos arrepentir".

Matutes y Fernández Norniella llegan a la cita del Consejo en Bruselas esperando obtener tanto una declaración conjunta de reprobación contra la ley como medidas consensuadas de represalia. Algunos socios comunitarios ya tienen prácticamente preparadas acciones individuales. Y España también.

Fernández Norniella lanzó ayer este aviso: "Vamos a intentar negociar que todos los países de la Unión respalden alguna actuación conjunta para defender nuestros intereses, pero si no es así España aplicará de inmediato acciones drásticas, porque esa ley nos parece un abuso".

La Comisión Europea esperará a conocer hoy si el presidente estadounidense, Bill Clinton, se decide a poner en marcha o suspender la aplicación del polémico artículo 3 de la ley, que faculta a los ciudadanos de EE UU que hayan sufrido la expropiación de propiedades en la isla para exigir responsabilidades a las empresas que se hayan hecho con esos activos ante la justicia norteamericana. Los ministros de Exteriores analizarán las posibles medidas de represalia sin conocer aún a Clinton suspenderá o no la ley. El secretario norteamericano del Tesoro, Robert Rubin, defendió ayer la pertinencia de la ley.

La mayoría de los países de la UE están en sintonía con España frente a la ley. El propio presidente del ejecutivo comunitario, Jacques Santer, envió ayer una carta a Clinton reclamándole que utilice en esta ocasión su facultad para suspender la aplicación de la ley durante seis meses antes de hoy, 15 de julio, fecha límite para ejercer ese poder. Santer recuerda a Clinton la disposición de los Quince -expresada en el Consejo Europeo de Florencia del mes pasado- de "reaccionar en defensa de sus intereses frente a ésta o cualquier otra legislación de bloqueo".

Problemas electorales

El problema, según destacan algunos expertos, es que Clinton está ahora en mitad de un año electoral y ello puede hacerle desistir de firmar la suspensión. A Clinton podría parecerle más rentable posponer cualquier decisión hasta después de noviembre."La situación es ridícula",

destaca un dliplomático en Bruselas. "Se supone que EE UU y la UE son socios comerciales y ahora están planeando sanciones y contrasanciones" qué les perjudicarían. La UE considera que realiza su propia labor en la tarea de aislar al régimen de Fidel Castro, y pone como ejemplo el rechazo a firmar un acuerdo comercial con Cuba por los escasos avances de La Habana hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos.