UPA prepara una demanda por daños y perjuicios contra la industria lechera

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) prepara la presentación por la vía civil de una demanda por daños y perjuicios contra las 49 empresas integradas en la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) consecuencia de la aplicación entre septiembre de 1991 y mayo de 1992 de una política de precios uniformes y a la baja durante ese periodo. Esta sería la segunda fase de la ofensiva de UPA contra la industria lechera tras la denuncia hecha vía el Tribunal de Defensa de la Competencia. La organización agraria no ha cuantificado aún esa demanda, aunque la misma podría ser muy elevada. Según manifestaciones del se cretario general de UPA, Fernando Moraleda, el principal objetivo de la organización agraria al interponer en 1992 la denuncia ante el Tribunal de De fensa de la Competencia contra las industrias lecheras, no era lo grar una sanción contra las mis mas, sino que se reconozca la ilicitud de prácticas monopolísticas que restringieron. la libertad de mercado. En esta línea, se ha solicitado al Tribunal que, en su sentencia contra las empresas, se pronuncie afirmativamente sobre la existencia de daños y perjuicios contra el sector productor. En medios de UPA no se oculta que, una vez exista esa sentencia, el objetivo es reclamar daños y perjuicios que "innegablemente han existido para casi 200.000 ganaderos".

Por su parte, el Tribunal de Defensa de la Competencia puede aplicar una multa a las empresas afectadas de hasta el 10% de su volumen anual de negocio, aunque los responsables de UPA insisten en que el objetivo en este proceso ante el Tribunal no son las sanciones.

De acuerdo con unas entregas anuales de todo el sector de unos cinco millones de litros de leche, la producción recogida por las empresas afectadas en el periodo objeto de la denuncia podría as cender a más de 3.500 millones de litros. No está claro sin embargo cuál podría ser el mecanismo para determinar la diferencia entre el precio que debería haber recibido el ganadero en ese tiempo y el que realmente cobró.

Para Moraleda, las 400.000 facturas revisadas demuestran que se han pagado precios iguales no de forma espontánea, "lo cual deja en mal lugar a los empresarios del sector que han llevado a cabo una continuada política antisindical". Fernando Moraleda se mostró satisfecho de que haya sido una organización de pequeños ganaderos la que haya llevado la denuncia contra la gran patronal.