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NUEVA LEGISLATURA

Cataluña y Andalucía, las más afectadas por el rechazo al reajuste

Javier Casqueiro

La negativa del Partido Popular que preside José María Aznar a aceptar la propuesta de reajuste de 112.000 millones de pesetas afectará en primer lugar a Cataluña y Andalucía. Entre las partidas que el ministro de Economía y Hacienda en funciones, Pedro Solbes, quería reasignar en los Presupuestos de 1996 figuraban 60.000 millones para gastos programados en las cuatro comunidades -Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia- que tenían la sanidad transferida en 1994 y que no se incluyeron en el Presupuesto de 1995 ni en el prorrogado de 1996. La deuda con Galicia era mínima. La mayor parte de los 60.000 millones se pensaba destinar a Cataluña. En el Gobierno aguardaban ayer la respuesta de CiU a esta actitud de sus futuros socios del PP.Además, el Ejecutivo quería cumplir, con este retoque presupuestario, con los 20.000 millones prometidos durante la pasada campaña electoral para paliar la denominada deuda histórica -también sanitaria con Andalucía. Otros 20.000 millones estaban predestinados, según señaló Cristóbal Montoro, para gastos ordinarios del Ministerio de Defensa, que no precisó por falta de datos.

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Todas esas dotaciones se obtenían de reconsiderar inversiones del Ministerio de Obras Públicas (74.060 millones), Agricultura (9.028), Educación (7.300), Industria y Energía (6.842), Sanidad y Consumo (3.133), Comercio y Turismo (2.548) y Administraciones Públicas (2.292).

"Abrir los cajones"

Los máximos responsables económicos del PP están cada día más preocupados por lo que se encontrarán debajo de las alfombras, al final de los cajones y en el fondo de las arcas del Estado. Del recelo más o menos solapado con que se expresaban sobre las cuentas reales que ofrece el Gobierno en funciones, se ha pasado a amenazar con auditarlo todo. Montoro añadió ayer algunas pistas sobre cómo pretenden inspeccionar los distintos departamentos. El portavoz económico del PP volvió a recordar que su partido encargará a la propia Intervención General del Estado -nunca, precisó, a empresas privadas- una auditoría de todas las cuentas reales, que según su opinión son las cuentas oficiales sobre los gastos presupuestados más las facturas contraídas y pendientes de pago cuyo gasto no está reconocido en los Presupuestos.

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En el PP han calificado este escenario financiero, sobre todo tras su llegada masiva al poder en ayuntamientos y comunidades, como "agujero", "déficit oculto" o "contabilidad extrapresupuestaria". Montoro acuñó ayer otra alternativa: "Abrir los cajones".

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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