El 0'7% y el pacto de solidaridad

España se ha incorporado más tarde, pero con más fuerza, a la ayuda internacional. Ahora es preciso, sostiene la autora del artículo,gestionar con responsabilidad y establecer prioridades.

Probablemente porque los españoles hemos resuelto con un nivel de satisfacción aceptable la mayoría de nuestros grandes problemas históricos, que se venían prorrogando durante casi dos siglos, y porque con la democracia hemos afirmado una serie de valores éticos y morales, es claro y notorio que en nuestra sociedad se exterioriza una creciente y viable preocupación por la solidaridad internacional, por la cooperación para el desarrollo y por la suerte que corren millones de seres humanos que han de desenvolverse en condicionES mucho más difíciles y precarias que las nuestras en épocas anteriores.Esta respuesta extraordinaria de la sociedad española ante los problemas de la solidaridad internacional irrumpe fuertemente en la década de los noventa y principalmente en los últimos años, produciéndose una transformación importante tanto en la percepción que de esta materia existía en el seno de la sociedad como en el grado de. compromiso social y político alcanzado en los últimos meses.

Como reflejo de la importancia que este proceso está adquiriendo o ha adquirido, los medios de información, tanto nacionales como internacionales, se hacen eco del papel de vanguardia que España asumiendo, en un momento en el que otros países donantes tienden a recortar los fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo.

Una buena parte de este innegable avance en el grado de concienciación responde, sin jugar a dudas, al amplio consenso social y político logrado en la sociedad española.

Gracias a la iniciativa de las organizaciones ciudadanas más comprometidas con éste tema, de instituciones públicas y privadas, de fundaciones, de las administraciones central, autónomicas y locales, así como de los órganos soberanos de representación popular -Congreso de los Diputados y Senado-, la cooperación para el desarrollo ha calado progresivamente en el tejido social, y hoy se constituye en un elemento de cohesión social y un activo de primera magnitud en nuestro país.

Aunque España se incorporó con cierto retraso a la comunidad internacional de donantes, sin embargo lo ha ido haciendo, con gran firmeza, hasta tal punto de que la ayuda al desarrollo ha experimentado un incremento espectacular en los últimos años. Para ilustrar lo anterior, valga decir que en 1983 España destinó a ayuda oficial al desarrollo (AOD) el equivalente al 0,05% del producto nacional bruto (PNB). Desde entonces se ha producido un incremento en términos absolutos, hasta alcanzar en 1995 el 0,35/o del PNB.

Esta cifra coloca a España en la actualidad, dado que el resto de países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) tienden a recortar o mantener su gasto en ayuda al desarrollo, en el undécimo lugar entre los países donantes, sobrepasando en menos de una década a algunos de ellos que como Austria, Estados Unidos, Italia, Japón o el Reino Unido tradicionalmente han desempeñado un importante papel como donantes.

De todo lo anterior se deduce que España ha dado un salto cuantitativo importante, que al mismo tiempo ha ido acompañado de una creciente presencia de nuestro país en los organismos del sistema de Naciones Unidas. Reflejo de esta mayor presencia es, por una parte, el significativo aumento del número de expertos y profesionales españoles en sus principales agencias y organismos de cooperacion y, por otra, la destacada particiapación española en las últimas cumbres mundiales organizadas por Naciones-Unidas. Todo ello nos obliga y compromete a todos, pero fundamentalmente a las entidades que gestionamos fondos públicos con destino a la ayuda al desarrollo, a redoblar nuestros esfuerzos a favor de la eficacia y transparencia de nuestras actuaciones.

Así, el incremento cuantitativo de las partidas de AOD tiene que ir necesariamente acompañado de una mayor calidad de nuestra cooperacion, del establecimiento de una estrategia de desarrollo y unas líneas de acción tanto bilaterales como en el ámbito de los foros multilaterales en los que participamos, que, necesariamente, tienen que responder y responden a los planteamientos y las plataformas de acción acordados en las cumbres mundiales.Todo ello supone priorizar una serie de aspectos estrechamente interrelacionados, entre los que destacan el concepto de desarrollo humano; el ser humano como objeto y sujeto de toda estrategia de desarrollo, y la igualdad de oportunidades, garantizando y potenciando el papel esencial que la mujer desempeña como agente de desarrollo; el desarrollo de programas que incidan en la mejora de los niveles de productividad, así como en la creación de empleo, concibiéndose todo desde una participación y capacidad de acción de los propios beneficiarios.

Por todo lo dicho y a medida que España ocupa un lugar más destacado en el concierto mundial en las políticas de desarrollo, tanto por su presencia real como por los recursos materiales y humanos destinados a la ayuda oficial al desarrollo, hay que plantearse cada vez- con mayor énfasis dos cuestiones. Primera: la necesidad de generar un amplio consenso político y social sobre las acciones de cooperación a realizar. Segunda: la conveniencia de lograr una mayor eficacia en la asignación de recursos tanto humanos como materiales destinados a este fin.

El consenso entre instituciones y organizaciones públicas y privadas ha sido una preocupación constante de la acción de gobierno. La creación del Consejo de Cooperación y la elaboración del anteproyecto de ley de cooperación van en esta dirección.

La búsqueda constante de la eficacia en la acción de cooperacion no sólo constituye un imperativo dictado por la lógica, el sentido común y los principios que deben inspirar una acción de gobierno, sino fundamentalmente por un deber de ética social y de solidaridad, en un país como el nuestro, con problemas de déficit público y con una importante tasa de desempleo. Por otra parte, los problemas de pobreza y supervivencia que actualmente enfrentan numerosos países del Sur hace que la asignación correcta de recursos humanos y materiales sea un deber ineludible que a todos -políticos-as y ciudadanos-as- nos incumbe directamente.

En este orden de cosas, una buena acción de cooperación debe tener como objetivos tanto la participación como la corresponsabilidad. El primero de ellos consistía en tener en cuenta no sólo la voluntad política de la ciudadanía del país donante, sino también y sobre todo la realidad del país receptor, sus gentes, su diseño político, su aptitud para canalizar y administrar los recursos en las áreas por ellos determinados, etcétera.En cuanto al principio de corresponsabilidad, consiste en extender en el origen la responsabilidad de la acción cooperadora a todos sus agentes sociedad civil, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales- y de hacer lo mismo con el destino de las ayudas. Como se ha señalado anteriormente, los receptores no deben ser simplemente beneficiarios, sino, fundamentalmente, protagonistas del proceso de desarrollo.

Consenso y corresponsabilidad son, pues, los elementos que democratizan la cooperación, que hacen de la solidaridad un verdadero factor de desarrollo integral y sostenible y que le dotan de operatividad y eficacia. Marquémonos el objetivo político y social del incremento de porcentajes destinados a AOD, pero igualmente velemos y apostemos por la garantía de la racionalidad y eficacia del destino de estos recursos.