Ayuda decimal

EL GOBIERNO se comprometió a destinar en 1995 una cifra del Presupuesto equivalente al 0,35% del PIB para contribuir al desarrollo de los países pobres. La propia Administración admite que el montante final de ese capítulo puede haber quedado por debajo de la citada promesa. El Gobierno ha dicho en más de una ocasión que para el año 2000 se alcanzaría la cifra del 0,7%, largamente reivindicada por una plataforma cívica que ha conseguido una notable movilización ciudadana en apoyo de este objetivo.La riqueza, incluso si es relativa, como en el caso de España, no hace culpables a los pueblos, pero sí les obliga a una actitud solidaria. Este sentimiento existe entre nosotros, y así lo han demostrado las recaudaciones récord para Ruanda o el apreciable aumento de aportaciones económicas a las organizaciones no gobernamentales (ONG) más fiables y mejor organizadas contra la pobreza y sus secuelas. En estos últimos casos, el compromiso ciudadano va acompañado de un esfuerzo económico personal. Lo que distingue la reclamación del 0,7% es que se plantea como una exigencia al Tesoro Público, sin que lleve aparejada la suposición de un esfuerzo personal paralelo.

Hay una ignorancia difusa sobre el coste presupuestario de esta reivindicación. En un momento en que se exige perentoriamente un mayor control del déficit público, destinar medio billón de pesetas a ayudas al Tercer Mundo supone necesariamente recortar otros gastos o aumentar los impuestos. Por ello, el debate sobre el 0,7% debe ir acompañado de la: propuesta de los capítulos de los que habría que restar las cantidades precisas. Las encuestas. reflejan que 'los españoles consideran que pagan demasiados impuestos, pero a la vez tienden a cargar sobre el Estádo la responsabilidad de resolver cualquier nueva necesidad. El apremio a la Administración para una actitud más solidaria respecto a los países pobres podría hacerse con mucha más autoridad si en la declaración de la renta hubiera la posibilidad de que el ciudadano incremente voluntariamente su contribución fiscal mediante un porcentaje destinado a esta finalidad. Una dádiva finalista que el Estado no podría dedicar a ningún otro fin.

Es lógico que en vísperas de elecciones los promotores de la plataforma del 0,7% busquen el compromiso de los partidos. Si éstos lo eceptan, debe ser en firme: no como un gancho más, sino sabiendo que deberán respetarlo si ganan las elecciones y reclamarlo desde la oposición si las pierden.

Algunas voces exigen que el dinero destinado a esos fines sea gestionado exclusivamente por organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, experiencias como las de Etiopía o Somalia, entre otras, demuestran que ello no es garantía. de una gestión más transparente o menos ineficaz. Es obvio que debe extremarse el control, pero eso no significa que las administraciones, la central y las autónomas, no puedan ser agentes autorizados para gestionar una parte de esta ayuda.

Una ayuda, por lo demás, que no, debe limitarse a paliar los desastres una vez acontecidos, sino aspirar a corregir las situaciones que los provocan. De hecho, las organizaciones humanitarias más solventes se orientan cada vez más decididamente, a programas preventivos como la construcción de presas en zonas de lluvias irregulares, racionalización de los cultivos, vacunación de la población, planes de escolarización, etcétera, y no sólo a la beneficencia de emergencia cuando la sequía, la hambruma o las epidemias, han hecho su aparición.