Juppé anuncia un nuevo impuesto para salvar e la quiebra el Estado de bienestar francés

Alain Juppé apretó ayer un poco más el cinturón de los franceses. El primer ministro presentó ante la Asamblea Nacional un plan para salvar de la quiebra el Estado de bienestar, basado en la creación de un nuevo impuesto que gravará en un 0,5% prácticamente todos los ingresos y en una profunda reorganización de la Seguridad Social para reducir gastos. Juppé anunció que dimitiría si el Parlamento rechazaba su plan de austeridad: "No es la suerte de un Gobierno lo que está en juego, sino la suerte de la nación", dijo. La reforma fue aprobada por 463 votos a favor y 87 en contra.

La apuesta del presidente Jacques Chirac por el rigor económico y la austeridad recibió ayer un impulso definitivo. Con su reforma de la Seguridad Social y del conjunto del Estado de bienestar, la más importante desde 1945, Juppé distribuyó sacrificios: más impuestos sobre todos los franceses, límites sobre las ganancias de los médicos a costa del erario público, control sobre el coste de los medicamentos y el número de recetas y supresión del trato de favor a los funcionarios. Todo encaminado a enjuga una deuda cifrada en 250.000 millones de francos (6,2 billones de pesetas). La Bolsa de París acogió muy positivamente la reforma. La patronal también aportó su respaldo al plan Juppé.

Como fondo de la reforma, Juppé planteó un cambio profundo en el sistema de financiación de la Seguridad Social. Gradualmente, la financiación dejará de realizarse por la. vía de la cotización salarial, "que castiga al empleo", dijo Juppé, y se cargará sobre impuestos generales. El modelo será la Contribución al Pago, de Deudas, un impuesto que durante los próximos 13 años desviará hacia las arcas públicas un 0,5% de todos los ingresos (exceptuados el subsidio de pobreza y las pensiones de mutilados de guerra) con el fin de cubrir el billonario agujero de la Sécu.

La ya existente Contribución Social Obligatoria (2,4%) también se extenderá a casi todos los ingresos, incluidas pensiones y subsidios de desempleo. Se calcula que el aumento de la presión fiscal, unido a la congelación por un año de los subsidios familiares, reducirán como promedio un 0,8% de los ingresos de cada hogar francés.

Para controlar los gastos corrientes, Juppé incluyó en su paquete una reforma de la Constitución, destinada a permitir que el Parlamento establecieira cada año la suma máxima disponible para la Seguridad Social. El primer ministro anunció también que, en cuanto sobrepasaran un cierto límite de gasto, los sueldos de los médicos se reducirían automáticamente. "Los médicos tendrán que ceñirse a los objetivos presupuestarios", dijo. Un portavoz de los sindicatos médicos declaró su escepticismo sobre la eficiencia del plan Juppé: "Esto fracasará y dentro de un. año tendrán que diseñar otro plan", dijo el portavoz, para quien Juppé intentaba "reformar la salud sin contar con los profesionales de la salud".

Para reducir el gasto en medicamentos, el primer ministro anunció que se favorecería el uso de los productos más baratos. "La misma aspirina, basada en la misma molécula, varía en las farmacias de 12 a 7 francos, según la marca", denunció Juppé. También adelantó que se crearían sistemas para evitar que se recetara una píldora de más: "Si hacen falta seis pastillas, no se entregará una caja de 12. Los botiquines de los hogares franceses están llenos de productos sobrantes inútiles que nos salen carísimos a todos". Un nuevo carné de salud intentará impedir que los franceses consulten a más de un médico por enfermedades simples, como casi sistemáticamente han venido haciendo hasta ahora.

Regímenes especiales

En cuanto a los funcionarios y empleados públicos, quedaron suprimidos los 19 regímenes especiales de que disfrutaban hasta ahora, fundidos en una "Seguridad Social universal e igual para todos". Asimismo, los funcionarios tendrán que cotizar durante 40 años, y no 37,5 como hasta ahora, para acceder a la pensión máxima.

La gran mayoría conservadora en el Parlamento acogió muy favorablemente la propuesta. El propio Édouard Balladur, que en los últimos días se había mostrado muy crítico con el previsible aumento de impuestos, calificó la reforma de "valiente". El socialista Laurent Fabius dijo que la reforma no era ecuánime y que Juppé no le merecía confianza, mientras el comunista Robert Hue criticó que los más perjudicados fueran "los parados y los asalariados más modestos". Los sindicatos hablaron de "agresión". "Nunca nadie había ido tan lejos en un intento de laminar los derechos adquiridos de los trabajadores", afirmó un portavoz de la Confederación General del Trabajo, que convocó una "gran jornada de protesta" para el próximo día 28.