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Tribuna:EL ARCHIVO HISTÓRICO

Defensa profesional

Los autores consideran intolerable que se pueda poner en entredicho la capacidad profesional de la plantilla de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional.

En la polémica surgida por la decisión del Gobierno de "devolver a la Generalitat de Cataluña la documentación de la Generalitat Republicana", han terciado muchas personas. Cada cual es muy libre de expresar su opinión, sea ésta más o menos fundamentada. Pero nos han sorprendido las opiniones vertidas por Paul Preston, del que no se conoce su presencia en el archivo, al menos, en los últimos 10 años. Declaraciones que, al parecer, hace suyas EL PAÍS en su editorial del pasado 25 de marzo.Por supuesto, tiene derecho a opinar, pero creemos que no debiera hacerlo desde la perspectiva del usuario, porque desde su prestigio puede hacer mucho daño a los profesionales que, con mayor o menor responsabilidad, hemos hecho del mencionado archivo un centro de investigación científica del que nos sentimos orgullosos. El señor Preston dice que "la única razón que lo llevaría a apoyar que los documentos permanecieran en Salamanca sería la de que en los últimos años el archivo hubiera alcanzado prestigio internacional; y que él prefiere que sean "devueltos" a instituciones que los traten "con profesionalidad y sin dificultades de acceso".

Que la decisión final sea una otra nos podrá parecer mejor peor, pero lo que consideramos intolerable, es que se pueda poner en entredicho la capacidad profesional de la plantilla de la Sección Guerra Civil del AHN que, desde 1979, ha hecho un gran esfuerzo por convertir un centro al servicio de los ciudadanos en general, y de los investigadores en particular. Esfuerzo no siempre valorado públicamente: lo cierto es que a la propaganda hemos dedicado muy pocas horas.

Desde su creación en 1979 como Sección del Archivo Histórico Nacional, el archivo ha vivido un proceso de cambio muy importante. De él se podrían destacar algunos aspectos. En cuanto a las supuestas dificultades de acceso, puntualizar: el único requisito existente es la acreditación personal. No hay restricciones a la consulta de documentos, excepto las fijadas por la legislación general, y que afectan únicamente a algunas series del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y a parte de la documentación de la Secretaría de la Delegación Nacional de Servicios Documentales; siempre por razones de protección al honor y la intimidad de las personas. El horario del centro es uno -si no el más- de los más amplios de Europa en un archivo nacional, 12 horas continuadas, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, de lunes a viernes.

En lo referido al servicio a los ciudadanos, nos satisface pensar que el centro ha jugado un importante papel social, olvidado en la polémica, por cierto: la expedición de más de 75.000 certificaciones relativas a las leyes de amnistía, pensiones para militares de la República, e Indemnizaciones por prisión política. Labor ésta que con la fragmentación hubiera resultado imposible.

Los servicios técnicos del archivo han ido creciendo y desarrollándose a lo largo de estos 15 años, contando con un servicio de reprografía, en papel y película, equiparable al de cualquier archivo nacional, contando incluso con un taller de encuadernación y pequeñas restauraciones. La gestión de usuarios se ha automatizado, al igual que la descripción de buena parte de las agrupaciones documentales geográficas, pudiéndose recuperar por primeras procedencias sin necesidad de destruir la organización dada a los documentos durante el franquismo. Incluso se pueden consultar en línea más de 12.000 registros de la base de datos del archivo, a través de los puntos de información cultural. Igualmente, se han publicado diversos inventarlos de sus fondos documentales, iconográficos y hemerógráficos.

En este tiempo se han suscrito convenios con comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía), pero también con otras entidades, que han permitido describir los documentos de acuerdo a la procedencia de incautación, y en su caso, microfilmarlos para su consulta fuera del archivo.

Respecto al prestigio internacional, este archivo ha estado representado en numerosos congresos y seminarios, ha participado en convenios con centros como la Universidad de Brandeis o el Instituto de Historia y Antropología de México. Su director, Antonio González, ha sido miembro del Comité de Archivos Audiovisuales del Consejo Internacional de Archivos (CIA), y fue nombrado director de proyecto CIA-Unesco para el tratamiento de la documentación de los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, precisamente por la experiencia en ese campo, estimada modélica, en la Sección Guerra Civil.

En lo tocante a la proyección social, el archivo ha organizado jornadas de estudios monográficos y múltiples exposiciones, colaborando además en las preparadas por otras instituciones. Ha sido también pionero en la creación de un programa de acercamiento del archivo al mundo educativo (1.377 visitantes en 1994).

En otros aspectos, la evolución ha sido muy importante, pues ha multiplicado por siete su presupuesto; la plantilla ha crecido notablemente, de tal forma que se encuentra en el cuarto lugar de los archivos nacionales; ha reformado el edificio y está finalizándose la construcción de uno nuevo para depósitos, dotado de las más modernas instalaciones (inversión que supera los quinientos millones de pesetas). Finalmente es de señalar la labor de formación profesional de archiveros desarrollada en sendas promociones de alumnos en el marco de los programas de Escuelas-Taller del Ministerio de Cultura INEM entre 1988 y 1992.

María Teresa de los Ríos Sanjuan fue directora del Archivo de Salamanca desde 1980 a 1986. Antonio González Quintana fue director desde 1986 a 1994. Miguel Ángel Jaramillo Guerreira es director desde 1994. Margarita Vázquez de Parga es subdirectora General de Archivos Estatales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de abril de 1995