El Gobierno estudiará nuevas reclamaciones sobre documentos del Archivo Histórico Nacional

El Gobierno estudiará las reclamaciones que presenten otras instituciones, además de la ya concedida a la Generalitat de Barcelona, sobre los documentos del Archivo Histórico Nacional (AHN), sección Guerra Civil, con sede en Salamanca, según anunció ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros, que conoció un informe sobre la polémica. Los salmantinos han sido convocados por un bando del alcalde para echarse a la calle el próximo día 30, en "manifestación pacífica y silenciosa" para apoyar la permanencia de los fondos documentales en la ciudad.

El Consejo de Ministros acordó el día 17 aprobar la solicitud de la Generalitat de Cataluña y trasladar del archivo de Salamanca las 507 cajas referidas a la Generalitat republicana. Al finalizar el Consejo de Ministros de ayer, el ministro de la Presidencia dijo que se estudiarán otras reclamaciones de organismos, ya que "desde luego hay derechos legítimos en otras instituciones distintas a la Generalitat"."No se trata en modo algunos de un conflicto territorial. Es un conflicto entre dos derechos: el de una institución que reclama sus archivos y el de una ciudad que tiene un archivo histórico que quiere conservar. Derechos a juicio del Gobierno perfectamente conciliables", dijo el ministro.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, afirmó ayer en Tarragona que el traslado a Cataluña no sería ningún problema "dentro de un proyecto global de Archivo Histórico Nacional", que contemplara no sólo los documentos catalanes, sino también los asturianos y todos los demás, informa Ignasi Soler. El dirigente popular calificó la actual polémica de "ficticia", producto del "carácter oportunista con que el PSOE aborda determinadas cuestiones convirtiendo en problema lo que no lo es".

"Malestar y rechazo"

A su vez el alcalde de Salamanca ha pedido a los ciudadanos que se exprese "de forma clara" el "hondo malestar y rechazo" que sienten los salmantinos. En su bando, Jesús Málaga (PSOE) también señala que "Salamanca, que ha tenido como meta en su historia la educación y la cultura, no puede consentir quedarse sin uno de los lugares de estudio e investigación que recoge la memoria histórica reciente de España".

También la Diputación Provincial ha convocado pleno extraordinario para el día 28, en el que los tres grupos políticos aprobarán una moción conjunta de apoyo a la permanencia del archivo con su actual configuración documental. Mientras tanto, se mantiene la recogida de firmas contra el traslado -que han superado las 8.000 en dos días en la mesa situada a la puerta del Ayuntamiento. Las recogidas por el PP en cinco mesas, en contra de la salida de cualquier tipo de documentación desde el antiguo colegio de San Ambrosio, son más de 15.000. A la puerta de este edificio barroco se mantiene una pareja de la Policía Municipal a modo de símbolo de la intención de defensa de los documentos y para dar aviso sobre cualquier situación que pudiera producirse en el movimiento de legajos.

No obstante, el alcalde ha señalado que la ministra de Cultura le ha garantizado que "no se sacará ningún documento por la fuerza, porque la cultura es diálogo", además de comprometerse a comunicarle cualquier movimiento de fondos. Jesús Málaga ha apuntado que en apoyo de las acciones jurídicas que se articulan ya se cuenta con un precedente. La sentencia del 20 de octubre de 1991 en la que el Tribunal Supremo denegó al Gran Oriente Español su aspiración de recuperar los fondos referidos a la masonería que se encuentran en el mismo archivo.

Entre las numerosas manifestaciones de organismos y entidades que en Salamanca apoyan la permanencia del archivo destaca la del Centro de Estudios Salmantinos, que dice que los documentos que reclama Cataluña "son también de todos los españoles".

Paralelamente, el Gobierno socialista asturiano se opondrá al traslado al menos hasta que el Principado no haya concluido la tarea de microfilmación de los fondos asturianos que forman parte del legado en disputa, informa Javier Cuartas. Parte de los materiales reclamados son documentos incautados en Barcelona por las autoridades franquistas a la Federación Socialista Asturiana y al Centro Asturiano de la capital catalana, donde habían sido trasladados para su custodia cuando Asturias estaba a punto de ser tomada por el Ejército de Franco. Se estima que la microfilmación de esos materiales, que ocupan 40 cajas, concluirá el próximo año, mientras que el inventario y la catalogación informatizada podría concluir en mayo. El Gobierno asturiano no tiene intención de reclamar los originales.