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División entre los historiadores sobre la devolución de archivos a la Generalitat

Alborch propondrá un consenso parlamentario, y Aznar promete sosiego en el conflicto

El anuncio de la devolución a la Generalitat de Cataluña de los documentos de la guerra civil que se encuentran en el Archivo de Salamanca ha desatado un crudo enfrentamiento entre las partes afectadas. Los historiadores consultados se muestran divididos. La ministra Carmen Alborch anunció que el Parlamento será informado y se buscará el mayor consenso posible mientras se encuentra la forma legal del traslado. El líder del PP, José María Aznar, se mostró partidario de llegar a un acuerdo, y Pujol afirmó ayer que un archivo es fácil de devolver, sobre todo si se posee por derecho de conquista.

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Más papeles y menos peleas

José María Aznar, durante el encuentro que mantuvo con el líder de Unió Josep Antoni Duran Lleida, prometió sosegar la polémica, según trascendió de la reunión, desmarcándose así de la oposición frontal al traslado que encabeza su compañero de partido, Juan José Lucas, presidente de la Junta de Castilla y León, quien ha calificado el traslado de "expolio". Alborch rechazó ayer semejante calificativo. "Es alucinante que se diga eso. Decir que se expolia la cultura castellano-leonesa es absurdo. Son fondos que provienen por incautación de otros organismos, y no sólo de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué pasa, que la cultura castellano-leonesa se quiere identificar con la represión?. Expolio fue lo que se produjo durante la guerra civil".Varios historiadores consultados prefieren "más papeles y mejor documentados" que volver a la polémica de la devolución de los archivos a Cataluña, en general partidarios de mantener un único centro de investigación sobre la guerra civil. Santos Juliá recordó ayer que en los años ochenta, siendo Javier Solana ministro de Cultura, ya se planteó la creación de un gran archivo sobre la contienda pero se impuso "el olvido de la guerra".

La dispersión del archivo de Salamanca le parece "disparatada", aunque algunos fondos se han devuelto -como los juicios a los milicianos de la revolución del 34 que ahora están en la Fundación Pablo Iglesias- y las actuales técnicas de reproducción ponen al alcance de los investigadores todos los fondos, como ocurre con el archivo de Salamanca a partir del convenio de 1982 entre la Generalitat y el Ministerio de Cultura."El tiempo dicta la propiedad de los documentos", señala Santos Juliá, "y el tiempo ha decidido que se conserven en un centro más potenciado y que se reproduzcan".

lan Gibson no conoce directamente el material depositado en Salamanca pero es partidario de su devolución a Cataluña. "Esté donde esté lo importante es su acceso a la investigación. Creo que falta un gran archivo sobre la guerra pero no se ha querido remover el pasado y eso me parece un error. Cada día hay menos testigos y ya es imposible recoger de ellos una historia oral".Gabriel Jackson también piensa que debe volver a Barcelona, por la importancia de unos documentos sobre los siete años de gobierno de la Generalitat durante la República. Considera que no es necesario acumular los materiales en un solo centro y le ha sorprendido la reacción "tan fuerte" por parte de Salamanca, alejada de "la convivencia en la España de las autonomías".

"No hay que hacer machadas", declaró ayer Manuel Tuñón de Lara, partidario en estos momentos de "no cargar las tensiones y hacer esfuerzos de consenso".Es partidario de centralizar los archivos y también de negociar algunos casos concretos.

El historiador Josep Benet, uno de los precursores de la devolución del archivo -desde 1979, con Antonio de Senillosa, Xavier Folch o Francesc Ferrer-, declaró ayer que la unidad de que se aduce no existe. "Las tropas franquistas se incautaron de todo al entrar a Cataluña. Por ejemplo: cuando llegaban a una población se llevaban todo lo que encontraban incluso documentos del siglo pasado. Por lo tanto, la unidad de archivo no existe".

Para Antonio Elorza, "los archivos no son elementos de honor sino centros de trabajo para hacer la historia". Tras señalar la política "pasiva y delirante" en materia de archivos, califica de "destrucción de un fondo" la devolución a Cataluña y las posibles peticiones de otros grupos o instituciones. Según Josep Fontana, "el drama no existe, si una copia se queda en el archivo". "La cuestión es intrascendente", asegura Fontana, quien entiende que la Generalitat restaurada pida el retorno. .

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