Más papeles y menos peleas

El origen remoto de la polémica que enfrenta hoy a las fuerzas vivas de Salamanca con la Generalitat de Cataluña data de 1979 en que el archivo allí existente, procedente de las incautaciones realizadas por los vencedores durante la guerra civil y destinado originariamente a la represión, fue convertido en sección del Archivo Histórico Nacional. Ese hecho, que obedecía a una razón de obvia política cultural,, fue interpretado casi como un expolio en favor de Madrid cuando nadie quería mover esos papeles. En ese momento se pensó -era director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas el que suscribe- que era necesario mantener la unidad del archivo y, por tanto, se resistió a su dispersión, aunque se solicitara por la Generalitat la recuperación de la documentación que le fue incautada en su día. En cambio, cuando se descubrió un fondo de pintura de primera calidad, incautada por el Gobierno de Burgos y producto de donaciones de artistas catalanes en favor de la causa republicana, se procedió a su exposición en Madrid y su posterior devolución a las nuevas autoridades autonómicas catalanas. Lo malo de la polémica actual es que ambas partes tienen razón y ambas yerran en lo esencial. Es lógico el deseo de la Generalitat de recuperar su documentación de los años treinta porque existe un Archivo de Cataluña que apenas tiene fondos propios, aunque ha recuperado fondos privados -los papeles de D'Ors', por ejemplo- de primera importancia. Las autoridades de Salamanca tienen razón en considerar la sección del Archivo Histórico Nacional situada en su ciudad como una institución consolidada. Si su origen, en la posguerra, no estuvo en nada parecido a una política cultural no cabe la menor duda de que con la entrega a la Generalitat de parte de los fondos se abre la veda para la petición del resto de los mismos por Euskadi, a título de ejemplo, pero también de varias diputaciones provinciales. No parece posible que nadie esté dispuesto a contentarse con copias microfilmadas.Ahora bien, eso es lo que nos deja un tanto perplejos a los historiadores. La documentación de archivo o debiera ser un banderín de enganche para fomentar el sentimiento nacional o la sensación de secular expolio. Una verdadera política cultural tendría que tener, como objetivo poner el máximo de papeles, lo mejor clasificados que sea posible, a todos los profesionales de la historia. Y es precisamente esto lo que las autoridades locales o regionales parecen olvidar, pero sobre todo el Ministerio de Cultura no acaba de tenerlo tan presente como es su obligación.

En un país como España, que es uno de los pocos de Europa que no ha publicado su documentación diplomática, en que aparecen los papeles de Azaña y acaban por devolverse a su familia, en que es posible comprar en el Rastro o en una subasta restos de los archivos de Azorín o de Calvo Sotelo, y en que veinte años después de la muerte de Franco la documentación pública del dictador está en manos de una fundación privada que sólo se la deja consultar a los afines, bordea lo grotesco que las autoridades administrativas se peleen por los pocos legajos que están bien clasificados. A quienes los manejamos nos da igual su ubicación (sobre todo si hay buenas copias microfilmadas), pero desearíamos que Cultura iniciara un plan de recuperación documental.