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El Gobierno elimina el pago de las jornadas teóricas agrarias a partir de 1995

A partir del próximo año, los propietarios de tierras dejarán de pagar las llamadas jornadas teóricas por las que la Tesorería de la Seguridad Social ingresa anualmente unos 16.000 millones de pesetas. Parte de esos recursos, unos 6.000 millones de pesetas, los recuperará la Administración aumentando las cotizaciones de las jornadas reales que realicen los trabajadores contratados por el sector agrario. Los 11.000 millones de pesetas restantes serán aportados por los Presupuestos del Estado y se suman al más de billón de pesetas que ya aporta para cubrir el déficit en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.Las jornadas teóricas han constituido una especie de doble impuesto sobre la tierra que se sumaba al que se abona anualmente en concepto de contribución rústica y pecuaria. El importe de las mismas se calculaba en base a las cotizaciones de las jornadas de trabajo contratado que serían necesarias para labrar cada superficie. En este sentido, era un impuesto que gravaba por igual a los profesionales de la agricultura como a todos los propietarios en general cultivasen o no las tierras.

La eliminación de las jornadas teóricas ha constituido una de las reivindiaciones históricas del sector agrario en la que están de acuerdo todas las organizaciones agrarias. La Administración de UCD, con Jaime Lamo de Espinosa en Agricultura, optó en los últimos años de la década de los setenta por una congelación de las mismas, situación que se ha mantenido hasta este momento.

Luis Atienza contempló su eliminación para el próximo año una vez entrase en vigor, probablemente en primavera, la ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Sin embargo, con el fin de su aplicación desde principio del año, el Ministerio de Economía y Hacienda aceptó su inclusión en el conjunto de medidas complementarias al actual proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La solución adoptada no se considera la óptima en algunos medios del sector que pedían su desaparición sin que se adoptasen otras medidas de recaudación sustitutorias. Su eliminación supone quitar un impuesto que estaban pagando todos los proietarios de tierras, muchos alejados de la agricultura. Pero, por el contrario, para recaudar 5.000 millones de pesetas con el nuevo sistema, se gravan los pagos que deben hacer los agricultores que contraten mano de obra ajena.

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