La crisis interna y la mala situación del Gobierno paralizan al Ministerio de Sanidad

La parálisis atenaza al Ministerio de Sanidad. Tres altos cargos han presentado a la ministra su dimisión en los últimos tres meses y Ángeles Amador, que apenas lleva diez en el cargo, proyecta un reajuste de su equipo que mantiene congelado para evitar sensación de inestabilidad en momentos de grave crisis política. El reflejo de la situación interna del departamento es, según diversas fuentes, la paralización de los grandes proyectos sanitarios, como la reducción de las listas de espera, las reformas de los hospitales, o un plan global que marque objetivos para la prevención de la salud.

"El Ministerio es un hervidero de rumores desde hace meses", ha reconocido un alto cargo de Sanidad. El malestar interno que se vive ha provocado ya la dimisión de tres directivos, la de Regina Revilla, directora general de Farmacia, Javier Clavero, director general de comunicación e Isabel Keller, jefa de gabinete de la ministra. La portavoz oficial de Sanidad dijo ayer a este respecto que no hay constancia de ninguna renuncia por escrito.Las fuentes que han informado a EL PAÍS aseguran que Ángeles Amador todavía no ha tenido en cuenta las dimisiones, pendiente como está de una reestructuración del departamento que afectaría, entre otros, al subsecretario, José Conde, y al secretario general de Salud, Jesús Gutiérrez Morlote, según fuentes del propio ministerio. La crisis política desatada con los casos de corrupción ha paralizado cualquier cambio, considerado ahora secundario. Todos los expertos consultados han coincidido en afirmar que esta situación viene a prolongar un fenómeno de parálisis prácticamente total del Ministerio de Sanidad.

Heredera del proyecto político de su antecesor, José Antonio Griñán, con quien fue subsecretaria, Ángeles Amador dejó pronto de confiar en su equipo directivo -17 directores generales y más de 60 cargos- Discrepancias en política farmacéutica apartaron primero a la directora general de Farmacia, Regina Revilla. Posteriormente, la destitución del secretario del Plan Nacional del Sida, Carlos Artundo, enturbió las relaciones de la ministra con el director general de Salud Pública. La ministra apenas despacha ahora con sus directivos y sólo ha reunido una vez al consejo de dirección.PuntualizacionesLa actividad interna se traduce en declaraciones públicas de altos cargos sobre aspectos concretos de las listas de espera, prestaciones o negociaciones con los farmacéuticos que, posteriormente, la propia Amador se ve obligada a puntualizar en público.

En estos momentos, lo cierto es que Sanidad duplica tareas con el Ministerio de Trabajo en cuanto a la tarjeta sanitaria y es este último quien parece que acabará por imponerse, después de hacer importantes inversiones.

La gran baza de la ministra, la ordenación de las prestaciones sanitarias, que se presentó como un instrumento para racionalizar el sistema, se ha quedado en un listado de los actuales servicios y ni siquiera es exhaustivo.

Los sectores sanitarios apuntan como problema importante la transferencia total a las comunidades autónomas realizada en materia de salud pública. En algunos problemas concretos de vigilancia epidemiológica y control sanitario de productos de consumo, la eficacia queda mermada por la dispersión del poder ejecutivo. Esto se ha comprobado con los escándalos del engorde artificial del ganado y más recientemente con los adelgazantes, implantes de pelo, hierbas medicinales o dietéticos.Coordinación imposibleEl Sistema Nacional de Salud, el que debe fijar las grandes líneas de actuación, se concibe como el conjunto de los servicios coordinados de salud de las comunidades autónomas. Dicho sistema debería coordinarlo un consejo interterritorial. En la práctica, esa coordinación es "un intercambio de experiencias", según un consejero de salud.

Este organismo no tiene ningún poder ejecutivo para aplicar una política sanitaria similar en todo el Estado. Y de momento las autonomías no tienen interés alguno en que lo tenga debido al reparto de poderes establecido. Por cada consejero autonómico hay un representante de la Administración central, lo que se traduce en que un voto de Galicia, el País Vasco o Andalucía compite siempre contra 17 votos estatales.

En estas circunstancias, ¿cuál es el papel actual del Ministerio de Sanidad? Varios profesionales y expertos en política sanitaria consultados han coincidido en que "es pequeño, pero fundamental" en la búsqueda de un marco de financiación estable y la planificación sanitaria a medio y largo plazo.

En todas las declaraciones públicas de los últimos cinco años, los consejeros de salud de las comunidades autónomas y los partidos de la oposición han juzgado insuficiente el presupuesto conseguido por los respectivos ministros de Sanidad.

El endeudamiento permanente de la sanidad pública parece indicar que, efectivamente, no lo es, aunque Sanidad siempre le echa la culpa a la gestión de los recursos. Ernest Lluc, primer ministro de Sanidad de la Administración socialista inició su mandato en 1993 con un déficit de 115.000 millones de pesetas.

La reconversión de la Sanidad hacia un sistema de cobertura universal supuso un aumento de recursos que no han resultado suficientes.

La deuda acumulada en 1991 se acercó a los 600.000 millones de pesetas y amenazó entonces con paralizar la asistencia hospitalaria, por lo que el Gobierno aprobó un crédito extraordinario. Ello no ha evitado que se siga generando deuda cada año, como reconoció el subsecretario de Sanidad, José Conde, el pasado octubre.

Hoy el gasto sanitario público español es de 2,8 billones de pesetas. Representa el 4,7% del PIB (producto interior bruto), porcentaje inferior al establecido en la mayoría de los países de la Unión Europea.