El control sanitario autonómico dejó pasar las reses con clenbuterol

VIENE DE LA PÁGINA 1Los animales descuartizados en el matadero de Pozuelo de Alarcón procedían, a tenor de las primeras Investigaciones, de cuatro ganaderías: tres de Segovia y otra de La Rioja. La Junta de Castilla y León se apresuró a señalar que carecía de cualquier responsabilidad en la intoxicación. En La Rioja, en cambio, el Gobierno autónomo ordenó el cierre preventivo de una granja situada en la localidad de Albelda.

El toque de alarma intercomunitario partió de la Consejería de Salud a través del denominado Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información Alimentarla. Sin embargo, a las 14.30 horas de ayer, en el Servicio de Bienestar Social y Sanidad de Segovia no se disponía de las actas de los análisis de las reses ni de los nombres de las explotaciones, informa Aurelio Martín. Esta carencia limitó el trabajo de los veterinarios: sólo inspeccionaron carnicerías, pero no las ganaderías implicadas.

Similar actividad se llevó a cabo en Madrid, donde el Ayuntamiento movilizó a 80 *inspectores. Peinaron la mayoría de las carnicerías, mercados y galerías comerciales de la capital. La inspección retiró, para su análisis, 51 hígados de ternera que procedían del matadero de Pozuelo de Alarcón y de la distribuidora Bolapoc. Todas estas vísceras lucían un visado sanitario.

Pero la operación de limpieza fue más allá: la Comunidad lanzó a la calle a otros 100 inspectores y los Servicios de Higiene Alimentaria inmovilizaron todas las partidas sospechosas que se pusieron a su alcance.

Como medida cautelar, la Consejería de Salud también abrió expediente al matadero de Pozuelo de Alarcón. Según el Ayuntamiento de Madrid, la instalación pertenece a la empresa Gypisa. De hecho, los inpectores municipales que ayer barrieron las calles de Madrid retiraron toda la casquería con el sello de esta firma y de la empresa distribuidora Bolapoc.

Pese a estos datos, el gerente de Gypisa, Federico Rodríguez Fuentes, afirmó a este periódico que no sabía nada de los hígados adulterados, informa Luis Esteban. Rodríguez prefirió culpar de la falta de control a los responsables públicos y a los ganaderos.

Tres veterinarios asignados

En sus instalaciones trabajan tres veterinarios de la Consejería de Salud. Controlan diariamente la matanza y disección de reses. Su labor consiste en inspeccionar a las reses antes y después de ser sacrificadas. En principio, según dicta un Real Decreto de 1992, el veterinario sólo manda analizar el ganado cuando tenga sospechas de que pueden encontrase clenbuterol u otras hormonas ilegales. Las reses que a primera vista no presenten síntomas de haber sufrido una adulteración pasan la criba sin más. Este fue presumiblemente el caso que desató la mayor intoxicación por clenbuterol conocida en Madrid.

"Nosotros llegamos a un acuerdo con los propietarios del ganado para matar sus reses y no tenemos nada más que ver en el asunto", se justificó el gerente de Gypisa. Aún así, reconoció que "todas las semanas aparecen productos contaminados 'que se retiran" y aseguró que los veterinarios de su empresa no han detectado en su matadero la partida "sospechosa". "Los hígados", añadió, "se venden a una empresa distribuidora de despojos"

El matadero implicado alberga la denominada Escuela de la Carne, que pertenece a la Federación Madrileña de Industrias de Carnes. En dicho centro se imparten cursos a futuros carniceros.

El origen del brote descansa en una práctica extendida: la administración ilegal del clenbuterol, un anabolizante que actúa sobre el sistema nervioso central. Junto a sus aplicaciones terapéuticas en casos de insuficiencia respiratoria, esta sustancia es empleada por algunos culturistas para aumentar hiperbólicamente la masa muscular. En el caso de los animales, su efecto de engorde también es contundente. Un solo gramo de clenbuterol basta para una tonelada de pienso. Y los beneficios se disparan: el productor consigue unas 25.000 pesetas más por cada animal.

Estas ganancias sitúan en desventaja a aquellos ganaderos que se resisten a adulterar la carne de su ganado, en opinión del presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Antonio Borregón, quien explicó que la venta de clenbuterol a las ganaderías corre a cargo de mafias.

"Está muy extendido, incluso en las ferias, se pregunta de antemano si se ha suministrado clenbuterol a los animales; así se aseguran más carne. Es un fraude al consumidor y un riesgo sanitario", añadió Borregón. "Se trata de narcotráfico", precisó un portavoz de la Comunidad.

Dosificador

Pero la lucrativa sustancia, que incluso se llega a suministrar a las reses con un dosificador subcutáneo, se almacena en el hígado del animal. A partir de entonces, la posibilidad de intoxicación depende muchas veces de la cantidad proporcionada al ganado. Un experto señaló que este brote posiblemente se ha debido a la administración de dosis excesivamente elevadas a los animales. Esto explicaría su impacto sanitario.

La intoxicación traza un cuadro compuesto por taquicardias, temblores, náuseas, cefáleas y en algunos casos vómitos. Los efectos, a juicio del Instituto Nacional de Toxicología, desaparecen a las 48 horas. Para la Consejería de Salud la intoxicación no tiene consecuencias graves para el organismo. Ninguno de los afectados por este brote ha requerido hospitalización.

Frente a las declaraciones de la Comunidad, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calificó la intoxicación de grave. "No compartimos en absoluto el mensaje tranquilizador de la Administración que parece no preocuparse hasta que no hay fallecidos", indicó la OCU en un comunicado.

Más duro aún fue Jesús María Crespo, odontólogo de 64 años, quien cayó intoxicado el miércoles junto a otros cuatro familiares en una comida en casa de su cuñado. Comió hígado encebollado. Se salvaron los que prefirieron la carne con patatas.

"Esto es una burla de la sanidad y de la Administración, que son las encargadas de velar por la salubridad de los alimentos", se quejaba ayer desde su casa. Su mujer, en otra habitación, yacía en la cama presa de convulsiones. Al sufrir los primeros síntomas, Crespo creyó que podría tratarse de un ataque cardiaco y la llevó a la clínica Ruber. Allí le confirmaron que no sufría un infarto. El escueto diagnóstico le costó 57.000 pesetas.

"Y ahora, ¿quién me lo va a pagar?", decía Crespo junto a su mujer. Eran el último eslabón de la cadena.