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La sentencia sobre la rehabilitación del teatro de Sagunto coincidirá con el final de las obras

Románticos e intervencionistas defienden sus tesis sobre el monumento romano

La etapa final de las obras de rehabilitación del teatro romano de Sagunto, iniciadas hace dos años, coincidirá con la decisión de un tribunal valenciano sobre el recurso presentado contra el proyecto. Se cerrará asi un proceso que recoge una compleja polémica sobre el alcance de la rehabilitación de monumentos a partir de interpretaciones divergentes de la Ley del Patrimonio. Los detractores de la reforma del teatro romano de Sagunto, obra ole los arquitectos Manuel Portaceli y Giorgio Grassi, afirman que desvirtúa la memoria histórica del monumento, mientras sus partidarios argumentan que permite reconocer y conservar las ruinas originales romanas, falsificadas por numerosas restauraciones.

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El proyecto de rehabilitación de los arquitectos Manuel Portaceli y Giorgio Grassi ha le vantado una polémica entre sectores que defienden una vi sión romántica de las ruinas como objeto de culto y quienes propugnan una intervención arquitectónica actual, respetuosa con la tipología de los edificios antiguos y con los restos originales que han sobrevivido al paso del tiempo. El choque de estas dos visiones, tras desembocar en los tribunales, ha intentado traducir a razonamientos jurídicos un debate complejo y delicado, más pro pio de especialistas.La presentación de las conclusiones del abogado del Ayuntamiento de Sagunto ha dejado prácticamente concluido el proceso que sigue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El rechazo a la intervención en el teatro romano cristalizó en un recurso que Juan Marco Molines, un abogado vinculado a la derecha regional, presentó en 1990 contra la resolución de la Generalitat valenciana que en1988 dio luz verde al proyecto. El argumento central de Marco Molines consiste en que las obras de rehabilitación vulneran la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, a la que está sujeto el teatro romano en su condición de monumento nacional, y pueden constituir un delito de daños al patrimonio.

Artículo 39

El artículo 39 de este texto legal se ha convertido en caballo de batalla del caso. El mencionado apartado establece que las actuaciones sobre bienes inmuebles "irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad". El letrado interpreta que el proyecto, al añadir materiales nuevos, rompe el espíritu conservacionista de la ley y tiene por objeto construir sobre las ruinas un nuevo teatro para darle un uso funcional.La misma ley, sin embargo, contempla la introducción de nuevos materiales. "Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas", especifica la norma. A este criterio se acogen la Generalitat y el Ayuntamiento.

En su escrito de conclusiones, el letrado del Ayuntamiento de Sagunto, José Luis Martínez Morales, señala que la impugnación del proyecto se ha centrado en el procedimiento administrativo y no ha recurrido la concesión de la licencia de obras por parte de la corporación municipal. El abogado recalca que únicamente el 20% de las ruinas que el recurso pretende salvaguardar son restos originales romanos, ya que se han producido, con el tiempo, numerosas acciones parciales de restauración. Según Martínez Morales, la Ley del Patrimonio admite la acción de mantenimiento y de rehabilitación de un monumento, con lo que la reforma se ajusta a la legalidad.

Una de las puntas de lanza de los detractores de la intervención ha sido el dictamen emitido por la Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia. El escrito sostiene que el proyecto es una reconstrucción "no mimética" que recrea con materiales nuevos una "idea teórica" de un teatro romano. La academia considera que la adición de esos nuevos materiales no es indispensable para la estabilidad del monumento sino sólo para su mantenimiento y puesta en uso. Esta opinión es taxativamente negada en otro informe, redactado por el catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia, José María Lozano, quien señala que el proyecto "no incluye, en el tratamiento de las ruinas existentes, más intervenciones que las estrictamente necesarias para la consolidación de su estabilidad, y aun ellas son especialmente delicadas para no modificar su actual presencia y su valor testimonial".

Mientras la Academia de San Carlos considera que "con este tipo de intervención se corre el peligro de desvituar la memoria histórica del monumento", el catedrático de la Politécnica indica que la intervención con nuevos materiales es "claramente reconocible e impide el más mínimo atisbo de confusión mimética".

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