El SOS de los servicios sociales

En los últimos meses, el SOS de los servicios sociales ha estado en la calle en forma de concentraciones, parodias -como la sopa de pobres o el entierro de los servicios sociales- y manifestaciones. ¿Qué está pasando con los servicios sociales en nuestro municipio? Para valorar la situación es necesario tener en cuenta cómo se ha producido el derecho a los servicios sociales y cuál ha sido su evolución, en nuestro país en general, y en Madrid en particular.El derecho de los ciudadanos a los servicios sociales se formalizó en España a lo largo de la década de los ochenta, producto de un laborioso consenso social e institucional, asumido por los distintos partidos del Gobierno de la Administración central, de las comunidades autónomas y de la Federación de Municipios y Provincias, animados por la superación de la beneficencia pública en nuestro marco constitucional y por el reto de construir nuestro modelo de bienestar social.

El derecho a los servicios sociales se asienta en un novedoso sistema de ingeniería normativa (legislación de Seguridad Social, leyes homogéneas de servicios sociales de las comunidades autónomas, Ley de Régimen Local), producto de la compleja distribución de competencias que en este tema tienen las diversas administraciones públicas. También los servicios sociales se apoyan en un no menos novedoso diseño de gestión, donde se asume perfectamente la colaboración de la iniciativa privada y el voluntariado social con el sistema público, producto actualizado de nuestra tradición de cooperación y ayuda social ante las necesidades humanas y sociales.

Desde el modelo de protección social que nos hemos dado en España, financiar prestaciones económicas tales como las pensiones asistenciales o el ingreso madrileño de integración social (IMI) y construir o mantener, mediante gestión directa o concertada, centros residenciales especializados para personas mayores o minusválidos son, entre otras, competencias a cargo del Inserso y/o las comunidades autónomas. Las prestaciones básicas de servicios sociales corresponden a las corporaciones locales; el sistema de servicios sociales tiene como base y motor el municipio, a través de los servicios sociales generales.

Son estos servicios sociales generales los qué constituyen el primer nivel de atención, que supone: descubrir las situaciones de necesidad de los ciudadanos, familias y grupos sociales; valorar y programar la atención social, resolver las emergencias sociales, ejecutar las prestaciones básicas de información de recursos sociales, acogida de las personas sin hogar, ayuda a domicilio e inserción social, canalizar la solidaridad de voluntariado social, realizar programas para la prevención de la marginación social y promover la integración en la comunidad vecinal de individuos y minorías que sufren discriminación social. Competencias y funciones todas ellas de gran valor y significación para la cohesión social, definidas en la normativa vigente y asumidas por el Ayuntamiento de Madrid, para su ejecución y desarrollo, en el pleno de 22 de junio de 1989 (Reglamento de Centros de Servicios Sociales).

Así pues, los servicios sociales municipales suponen para los ciudadanos no solamente un sistema de protección social frente a las situaciones de necesidad referenciadas, sino también una muy necesaria e importante contribución a la seguridad ciudadana por su papel en la prevención y tratamiento de la marginación social; además, aportan algo mucho más significativo: movilizan la solidaridad y, en consecuencia, contribuyen a armar a los ciudadanos de valores éticos y morales imprescindibles para enfrentarnos al riesgo de la dualidad social que amenaza nuestra convivencia, especialmente en las grandes ciudades como Madrid.

Garantía de ejercicio

Ahora bien, el beneficio social de los servicios sociales no es todavía perceptible para la mayoría de los ciudadanos, debido a que los derechos sociales no son reales simplemente por el reconocimiento legal y programático; en ciencia política, tan fundamental es el reconocimiento legislativo de los derechos como las garantías de su ejercicio. Hacer efectivo el derecho a los servicios sociales exige desarrollar una red de equipamientos sociales y de profesionales que garanticen su ejercicio. En consecuencia con ello, para la década de los noventa, las administraciones públicas asumieron el reto de la implantación de la red de centros y equipo profesionales necesarios para la garantía del derecho a los servicios sociales. La evolución de los servicios sociales exigía, en consecuencia, incrementos de gasto corriente y de inversiones por encima del IPC, para hacer efectiva la puesta en marcha de la red.

Por este motivo, el Gobierno de la Administración central y los gobiernos de las comunidades autonómas pactaron en 1988 la definición de las prestaciones básicas del sistema público de servicios sociales a las que los ciudadanos españoles han de tener derecho. De esta forma surgió el denominado Plan Concertado, que además supone una estrategia de cooperación financiera y técnica entre las administraciones públicas para apoyar a los ayuntamientos con mayores dificultades de financiación en la puesta en marcha de la red de servicios sociales.

El Ayuntamiento de Madrid, que a lo largo de la década de los ochenta ha sido uno de los ayuntamientos de España que con más entusiasmo y generosidad ha desarrollado el proyecto de servicios sociales, asumió con financiación propia su responsabilidad: los 369 millones de pesetas de presupuesto en 1983 se incrementaron hasta 8.593 millones en 1989, lo que supuso pasar del 0,51% al 3,87% de participación en el presupuesto total municipal. Con ello se pretendía avanzar en el objetivo estratégico de alcanzar el 8% del presupuesto municipal, porcentaje mínimo que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid indica.

Desde 1989, último año de gestión socialista en el Ayuntamiento de Madrid, esta línea progresiva de desarrollo e implantación del sistema público municipal de servicios sociales se ha visto truncada. Las graves amenazas que se ciernen sobre los servicios sociales municipales suponen un progresivo retroceso que reconduce al proceso de la beneficencia pública.

En estos últimos años, en el municipio de Madrid se ha llevado a cabo una reducción presupuestaria equivalente a 3.000 millones, en términos reales de gasto (resultado de sumar a las bajas presupuestarias la ausencia de incrementos del IPC correspondientes a cada año). En consecuencia, han sido recortados los servicios que se venían prestando, especialmente las horas por usuario del servicio de ayuda a domicilio; se ha despedido a trabajadores destinados en atención directa, en especial de prevención e inserción social, en los 21 distritos; se han anulado los créditos para la realización de nuevas inversiones en la construcción de centros para los que se creó reserva de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana, etcétera.

La filosofía que ha servido de base al gobierno municipal para llevar a cabo esta política se plasma en las intervenciones del alcalde y concejales del PP al abordar este tema: reiteradas manifestaciones evadiendo la obligatoriedad municipal de prestar servicios sociales, evocación paternalista ante cualquier problema social, prioridad de recursos hacia otras áreas municipales -que no figuran, precisamente, como obligaciones de mínimos en la Ley de Régimen Local-, propagandismo populista, enfoque represivo de los problemas sociales, especialmente escandaloso en zona centro y Aravaca, lamento permanente frente a otras instancias de la Administración reclamando recursos que, a su vez, el Ayuntamiento recorta, etcétera.

El sistema de servicios sociales en España, por su corta existencia y la necesaria dependencia del nivel local, contrariamente a lo que ocurre con los sistemas que garantizan otros derechos sociales, como sanidad o educación, es todavía muy vulnerable.

Patrimonio legítimo

Haciendo un intento de pedagogía social, podríamos compararlo con un niño pequeño al que si no se cuida e invierte en su desarrollo, y si además sus más directos responsables le dan malos tratos, peligra su existencia. El Ayuntamiento, al recortar los presupuestos y despedir a profesionales, ha ido contra las garantías del derecho cuando éste todavía no ha alcanzado los mínimos exigibles, y, por tanto, está poniendo en grave riesgo la existencia del sistema. Además, al pretender popularizar la cultura de la irresponsabilidad y la incompetencia, nos reconduciría nuevamente a dejar los problemas sociales al albur del voluntarismo político de quienes, circunstancialmente, gobiernan las instituciones.

El derecho a los servicios sociales, junto con el derecho a la salud, la educación, las pensiones..., constituye nuestro legítimo patrimonio de bienestar social, patrimonio que ningún Gobierno tiene derecho a dilapidar, pues la legitimidad democrática del cambio del poder político no otorga patente de corso para desmantelar los derechos sociales.

Sólo en el régimen político anterior se podían dejar las necesidades sociales básicas en manos de la benevolencia de los gobernantes. Hoy, felizmente, el derecho se lo debemos a nuestra propia condición de ciudadanos. Como no existe derecho sin garantías de su ejercicio, si el Ayuntamiento no desarrolla estas garantías, serían otras instancias de las administraciones públicas las que se verían obligadas, ante la presión de la demanda social, a intervenir, desde el principio de subsidiariedad, en los servicios sociales municipales, con el consiguiente deterioro de la función municipal. La experiencia vivida en Madrid con el problema del realojo por emergencia social de los dominicanos ha ido en este sentido.

Es lamentable para los madrileños que ésta sea, en realidad, la evolución -o, mejor dicho, la involución- de los servicios sociales en el presente mandato municipal. Madrid no lo merece. La década de los ochenta legó una práctica institucional de desarrollo de los servicios sociales desde el consenso social e institucional, y el protagonismo municipal. Recuperar la iniciativa colocará de nuevo al Ayuntamiento en consonancia con los principios constitucionales y el marco legal que los desarrolla, y con el sentir de nuestra ciudad.

fue directora general de Acción Social de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y Asuntos Sociales. desde 1983 a 1990. Actualmente es concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid.