Vox reclama al PP convocar a Pedro Sánchez el 12 de febrero en la comisión del ‘caso Begoña Gómez’ de la Asamblea de Madrid

Vox ha solicitado formalmente este martes que la Mesa de la Asamblea de Madrid, dominada por la mayoría absoluta del PP, le permita convocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la sesión del 12 de febrero de la comisión que investiga el presunto trato de favor recibido en la Universidad Complutense (UCM) por parte de su esposa, Begoña Gómez. El partido de extrema derecha ya intentó registrar esta solicitud la pasada semana, pero no lo logró porque las reglas del organismo establecen que la próxima cita está reservada para empresarios. Ahora, aprovechando que uno de los citados ha declinado asistir, y que Vox no tendrá derecho a registrar un compareciente para la última sesión de la comisión (19 de febrero), la formación de Isabel Pérez Moñino pide que Sánchez ocupe el hueco abierto. En el improbable caso de que el PP aceptara esa solicitud en la reunión de la Mesa de este viernes, el presidente del Gobierno no tendría la obligación de asistir.

“Con fecha 31 de enero, por escrito de referencia de entrada RGEP 2506, D. Luis Abril informa de su imposibilidad para comparecer en la sesión de la Comisión, programada para el 12 de febrero”, se lee en el escrito de Vox en referencia al CEO de Indra. “Teniendo en cuenta el calendario de trabajo habilitado, que dedica la sexta y última sesión a comparecientes finales”, sigue el texto, se “solicita que D. Luis Abril pueda comparecer el día 19 de febrero en la Sexta y última sesión; que uno de los comparecientes catalogados como “comparecientes finales” pueda ser llamado, en sustitución de Luis Abril, a comparecer en la Quinta sesión; [y] que se restituya el turno al Grupo Parlamentario VOX para que pueda llamar a D. Pedro Sánchez Castejón en ese hueco que queda vacante en la sesión programada para el día 12 de febrero, activando a uno de los tres comparecientes que correspondería a la Sexta y última sesión”.

El peculiar modelo de funcionamiento elegido por el PP para esta investigación obliga a que los partidos se ciñan a profesiones o especialidades concretas para elegir a quién convocan para cada sesión de la comisión. Al tiempo, limita el número de comparecientes de cada uno en función de su peso parlamentario. Como consecuencia, Vox solo tenía la posibilidad de convocar a una persona en toda la investigación, y además debía hacerlo para la jornada del próximo 12 de febrero. Quiso que fuera Sánchez, pero no tuvo la posibilidad porque esa sesión está circunscrita a empresarios. Ahora, aprovechando la baja de Abril, intenta recuperar su turno, que declinó, y ocuparlo con el presidente. Una operación en principio destinada al fracaso, pues el PP, previsiblemente, querrá guardarse la posibilidad de apuntarse el tanto de llamar al líder del Ejecutivo central para la última jornada de la investigación el 19 de febrero.

En todo caso, es altamente improbable que tanto Sánchez como sus subordinados del Ejecutivo central acudan a la Cámara en el caso de que en el PP se activen sus comparecencias para el 19 de febrero. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria de otras cámaras autonómicas con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos regionales. Una decisión avalada por distintos dictámenes del Consejo de Estado.

Gómez está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su trabajo como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria.

En paralelo, los trabajos de la comisión de investigación se centran en la relación profesional entre Gómez y la UCM, que empezó en 2012 y acabó en 2024, cuando, en medio de la investigación judicial, la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez. De esta manera, Gómez figuraba hasta el curso pasado en la web del centro educativo como codirectora de un máster de formación permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra.

Legalidad de los trabajos

Cuando arrancaron los trabajos, el PP estaba especialmente interesado en utilizar la comisión de investigación de la Asamblea para poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector, Joaquín Goyache, y en que se explicara qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra, sin tener titulación superior, y la relación con las empresas que la financiaban.

Durante su comparecencia en la comisión, a mediados de noviembre, Goyache desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.