El Gobierno prevé que el paro crecerá hasta cerca de tres millones en 1993

El Presupuesto del Estado que elabora el Gobierno para 1993 refleja con toda crudeza el creciente deterioro que sufren la economía española y la de todo el mundo occidental. Economía prevé un raquítico crecimiento económico del 0,7%, una caída de la inversión del 1,2% y un aumento del paro en 500.000 personas, que lo situaría en la fatídica cifra de casi tres millones, que ya se registró en España entre 1985 y 1987, los años más dramáticos para el mundo laboral.

Todas estas magnitudes reflejan una divergencia total con respecto a las previsiones del plan de convergencia, que preveía un crecimiento del 3,3%, un aumento de la inversión del, 5,1% y una disminución del paro en 50.000 personas. También se agravan las perspectivas de la inflación. De una previsión del 4,6% inicial se pasa al 5,2%. Este dato no re fleja todavía el impacto de la de valuación de la peseta del 5% -aunque la depreciación real es ya del 10%-, que tendrá una fuerte repercusión en los precios de otro punto y medio. Los presupuestos arrancan con una voluntad de contener el gasto público, para el que se prevé un crecimiento del 3,9% respecto al gasto efectivo del presente ejercicio. Los grandes sacrificados serán los funcionarios, que sufrirán prácticamente una congelación de sus salarios, ya que la previsión de gasto en el capítulo de personal registra una disminución del 2,6%.Sin embargo, el Gobierno contempla una partida adición al para cumplir el compromiso de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo por un mayor crecimiento de la inflación. Los departamentos que sufrirán más el recorte son: Defensa, 5,'7%; Industria, 6,3%, y gastos diversos, 20%. El mayor crecimiento corresponde a deuda pública, 21,6%; clases pasivas, 7,9%; Trabajo y Seguridad Social, 10,5%, y Sanidad, 12,7%.

El mantenimiento de los objetivos de déficit público traerá consigo una fuerte contención del gasto público, ya que las previsiones de ingresos sufrirán un gran recorte al disminuir la actividad económica. La caída de los beneficios empresariales supone también una reducción en la recaudación del impuesto de sociedades.

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