La patronal vasca se compromete a denunciar todos los chantajes etarras

José María Vizcaíno, presidente de la patronal vasca Confebask, criticó ayer la "comodidad personal" de los empresarios que pagan el chantaje del impuesto revolucionario, y calificó esa postura de inadmisible porque contribuye a mantener a ETA. Vizcaíno se comprometió con el Gobierno vasco a "hacer un esfuerzo adicional por la paz", y subrayó que la posición de la patronal va a ser muy clara a favor de no pagar y de denunciar cualquier intento de extorsión.

Vizcaíno se reunió ayer con el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, y con el vicepresidente del Gobierno autónomo y consejero de Industria, Jon Azúa, con el propósito de crear mecanismos que permitan una comunicación directa entre los extorsionados y la Ertzaintza (policía vasca) con las suficientes garantías de discreción. A la entrevista asistieron otros representantes empresariales.El presidente de la patronal vasca auguró que el número de denuncias de empresarios extorsionados aumentarán en los próximos días porque el sector está recuperando la confianza en la lucha antiterrorista. "Creo que en los próximos días se van a seguir produciendo denuncias de chantaje. Sin embargo", puntualizó, "tan importante es la operación de la Ertzaintza que desmanteló la red guipuzcoana de extorsión, como la siguiente secuencia, es decir que se puedan desmontar otras redes similares en las otras provincias".

Atutxa explicó que, "por desgracia", todavía no se pueden aportar más datos sobre redes similares en Álava y Vizcaya, aunque se mostró confiado en las pesquisas judiciales. El número de industriales que han denunciado cartas chantajistas de ETA es de 18.

"Estas actuaciones de la Ertzaintza", declaró ayer Vizcaíno, "hacen que se recupere la confianza en la lucha contra ETA". Para el presidente de la patronal es "importante" saber que los chantajeados van a poder contar con el Gobierno vasco para superar las "duras situaciones de angustia y de presión que viven".

Azúa advirtió de las posibles consecuencias negativas que puede tener una campana generalizada de querellas contra HB y pidió prudencia a la justicia. "Es peligroso que pueda despertarse algún tipo de estado de opinión social que lo convierta en negativo y que sólo favorecería a los que necesitan de la espectacularidad", dijo Azúa. Para el consejero, la justicia debe actuar, pero enmarcando sus actuaciones dentro de la prudencia necesaria para que no choquen con "una estrategia global que nos ha costado muchos años desarrollar de forma conjunta".