García Vargas reunió a 400 oficiales tras el atentado de Madrid para remarcarles la firmeza ante ETA

, El ministro de Defensa, Julián García Vargas, reunió a 400 generales, oficiales y suboficiales en representación de todos los estamentos militares en el Cuartel General del Ejército el 7 de febrero, un día después del atentado de la banda terrorista ETA en el centro de Madrid, que costó la vida a cuatro militares y un civil. En el atípico encuentro, el ministro, además de trasladar a los militares la condolencia del Gobierno por el quíntuple asesinato, les recordó las medidas de protección para prevenir atentados y les informó de la reunión que la víspera había mantenido con los altos cargos militares.

En la reunión con el consejo de dirección del Ministerio de Defensa, en el que participan los altos cargos militares de los tres ejércitos, destinada a tranquilizar ante el clima de tensión reinante tras el atentado, el ministro de Defensa expuso la posición del Gobierno de mantener la firmeza ante el chantaje terrorista, que se traduce en un paso adelante en la ofensiva contra ETA. La declaración del propio presidente del Gobierno, Felipe González -un día antes de que el ministro de Defensa se reuniera con unos 400 oficiales, y suboficiales-, en la que instó al fiscal del Estado a actuar contra lo dirigentes de Herri Batasuna (HB) es la expresión más clara de este nuevo paso en la ofensiva antiterrorista.El Gobierno, en su análisis sobre el terrorismo, manifiesta su preocupación ante el auge de los atentados de ETA en lo que va de año, así como de la permanencia de la capacidad de convocatoria de HB. El resultado de la manifestación celebrada el pasa do fin de semana en Bilbao po los radicales abertzales -con unas 30.000 personas- es un dato preocupante del que el Gobierno ha tomado nota.

El Ejecutivo no va a alterar su estrategia antiterrorista -mez cla de medidas policiales y políticas, como la reinserción de presos partidarios de que ETA abandone las armas, recogidas en el pacto de Ajuria Enea-, pero sí va a matizarla poniendo el acento en sus aspectos más duros: endurecimiento de las medidas policiales, incremento de la colaboración con la policía francesa y ofensiva de aislamiento político de la dirección de HB con medidas judiciales incluidas.

Toque a Rafael Vera

En este mismo sentido, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el propio Felipe González han dado un toque de atención al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, para que finalicen sus viajes y sus recados a dirigentes etarras deportados a países extranjeros, y que sea discreto en sus exploraciones sobre la situación interna de ETA.

Rafael Vera, en estrecho contacto con Luis María Retolaza, ex consejero de Interior del Gobierno vasco y dirigente del PNV en Vizcaya, ha hecho de la negociación con ETA la pieza clave de su estrategia. Esta estrategia, que ahora pretende modular el Gobierno, y se plasmó en las conversaciones de Argel en la primavera de 1989, había sido cuestionada por el responsable de la lucha antiterrorista en el País Vasco durante esa época, Julen Elgorriaga, partidario de no tomar la iniciativa en la negociación con ETA y esperar a que la banda terrorista la solicitara, tras estar cercada. La que, a primera vista, es una diferencia de matiz sobre la misma base del pacto de Ajuria Enea se ha tra ducido en dos políticas distintas e incompatibles, de modo que Elgorriaga terminó por ser destituido a fines de 1989 por el mi nistro del Interior, a instancias de Rafael Vera.

El anuncio de esta modula ción de la estrategia del Gobier no está recogida en las declara ciones de los ministros estos días, tras el atentado del pasado 6 de febrero en Madrid. "ETA parece que no calcula que cada atentado les pone la salida más difícil", señalan fuentes gubernamentales, que añaden: "Sería impresentable que después de esta cadena de atentados nos pusiéramos a dialogar con la banda terrorista. Eso no hay quien la asuma". Ciertamente, la presión sobre el Gobierno en contra de cualquier tipo de diálogo con ETA, procedente no sólo de estamentos militares y policiales, sino del conjunto de la sociedad civil es creciente e insuperable en estos momentos, según se asegura en medios del Gobierno.

Esta oscilación del Gobierno de hacer hincapié en medidas duras, como el intento de procesar a dirigentes de HB, coincidente con la opinión de los partidos de ámbito estatal, y,de amplios sectores de la sociedad española, según reflejan las encuestas, tiene otro sentido en el País Vasco.

Declaraciones de Anasagasti

La manifestación más expresiva de ello fueron las declaraciones del portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, el martes en que valoró con escepticismo la viabilidad de tomar medidas judiciales contra los dirigentes de HB. La dirección del PNV teme que las medidas de aislamiento político de HB, que ha iniciado el Gobierno como un nuevo ensayo en la lucha antiterrorista, sean contraproducentes. Tampoco han faltado algunos dirigentes nacionalistas que han expresado que el consejero del Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, "ha ido algo lejos" en su decisión de denunciar y detener a miembros de HB presuntamente implicados en el chantaje del impuesto revolucionario.

El PNV siempre ha apostado por medidas como la reinserción y el diálogo con ETA como definitivas para conseguir el final del terrorismo vasco. Desde el Gobierno se ha impuesto que "esas medidas siguen recogidas en los pactos antiterroristas, pero ha llegado el momento de ensayar otras nuevas", aseguran las fuentes informantes.