Las mujeres socialistas reclaman una ley de plazos

Mujeres significativas del partido socialista que desempeñan cargos en el Gobierno, en la Administración o en el propio partido discrepan del titular de Justicia sobre la posible inconstitucionalidad de una ley de plazos. Consideran que ésta es la única que ofrece seguridad jurídica y reclaman con urgencia una normativa que recoja la libertad de la mujer para decidir.

Carlota Bustelo, directora del Instituto de la Mujer cuando se aprobé, la actual ley del aborto y Subsecretaria de Asuntos Sociales hasta octubre del pasado año, se manifiesta, tras casi seis años de silencio, abiertamente partidaria de una ley, de plazos. A su juicio, dentro del PSOE no hay una postura unánime sobre el tema y refiere que cuando se elaboró la, actual normativa "algunas personas lo teníamos muy claro, pero existían sectores reticentes". "Hay cierto miedo a hacer lo que la sociedad está pidiendo", dice, para explicar la dilación sobre la posible modificación de la ley, "en parte por la presión de la Iglesia, pero también por la influencia del sector católico dentro del partido socialista". "Creo que dentro del partido, dominado mayoritariamente por hombres, se piensa en el aborto como un recurso y no como ¡in derecho de las mujeres", concluye Carlota Bustelo.La ginecóloga Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer hasta el pasado viernes, considera que estamos en un buen momento para plantear la ampliación de la ley. "Yo creo que esa ampliación vía un cuarto supuesto -por causas socioeconómicas- no resolvería las limitaciones y problemas actuales. Habría que ir hacia una ley de plazos, combinada con una ley de indicaciones, como tienen en otros países europeos", dice.

Para su sucesora al frente de ese organismo, la abogada Purificación Gutiérrez, "la despenalización o ampliación de la ley del aborto tiene que contemplar un sistema de plazos. Primero, por un problema de principios: sólo la mujer puede valorar las circunstancias que le llevan a tomar la decisión de abortar, y segundo, por una cuestión de eficacia y seguridad jurídica. Con la actual ley el mayor problema es la inseguridad jurídica. La ley de plazos contempla una circunstancia objetiva, mientras que un cuarto supuesto sería, al igual que las indicaciones que hay ahora, susceptible de valoraciones".

Una de cal y otra de arena

Con respecto a las dificultades que puede suponer la doctrina del Tribunal Constitucional para sacar adelante una normativa como la ley de plazos, Puri Gutiérrez, afirma conocer muy a fondo la sentencia del Tribunal Constitucional. "Podría recitar párrafos enteros, y yo creo que no ha cerrado totalmente esa posibilidad. Es una sentencia muy ambigua y complicada, a una de cal y otra de arena".Tanto Elena Vázquez, consejera de Integración Social de la Comunidad de Madrid, como Elena Salgado, directora general de Comunicaciones; María Teresa Fernández de Vega, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, y Carmen Ferrero, asesora para temas de educación sanitaria, salud y mujer en el Ministerio de Sanidad, comparten la opinión de sus compañeras.