El Gobierno busca una fórmula de consenso para la nueva regulación del aborto

El caso Germán Sáenz de Santamaría se ha convertido en una prueba que la ley del aborto no ha logrado superar. Tras el escándalo, la necesidad urgente de modificar esa normativa se ha planteado tanto desde la sociedad como desde el Gobierno. A pesar de ello, las próximas elecciones aconsejan abrir, según el PSOE, una nueva tregua. EL PAÍS ha recabado la opinión de todos los miembros del Gabinete, así como de las mujeres que desempeñan cargos en la Administración y en el partido. Ante el silencio impuesto por el PSOE y la disparidad de opiniones que hay en el Ejecutivo, Matilde Fernández considera que ha llegado el momento de ponerse a trabajar sobre la nueva ley.

El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, abrió hace una semana la polémica al apuntar la posible inconstitucionalidad de una ley de plazos para regular de nuevo el aborto. Previa mente, su compañera de Gabinete, Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, ha defendido esa fórmula. Única, a su parecer, que recoge la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad. Tras la decisión del PSOE de considerar el aborto tema tabú, Matilde Fernández omite manifestarse de nuevo como partidaria de una ley de plazos, y considera que ha llegado el momento de dejar el debate y "ponerse a trabajar". Su departamento tiene ultimado el informe pedido por el Congreso a lo ministerios con parte en el conflicto -Sociales, Justicia y Sanidad- y piensa presentarlo tras la celebración de los comicios del 26 de Mayo. Además, la ministra cree que hay que decidir ya si la reforma se "vincula a al nuevo Código Penal o no". El resto de los miembros del Gabinete -partidarios varios de ellos de una ley de plazos- parece que han optado por apoyar la tesis de Justicia, según se desprende de sus manifestaciones . La responsable de los temas de la mujer en el Gobierno rechaza que exista un enfrentamiento con sus compañeros, así como que las próximas elecciones puedan retrasar la reforma. Lo que parecen diferentes posturas se debe a que "las mujeres ponen más alma y los hombres más matices", dice.Solución mixta

El ministro de Justicia ha revela do en una conversación privada que la fórmula jurídica que considera adecuada la tiene ya escrita en un papel. "Ahora no recuerdo dónde está", comenta. De la Quadra-Salcedo, que no quiere anticipar el contenido de ese texto, señala que "es una combinación entre la ley de indicaciones y la de plazos".

El titular de Industria, Claudio Aranzadi, se manifiesta claramente en la misma línea que Matilde Fernández. "Mi opinión personal es la de que la legislación respete al máximo la libre voluntad de la mujer, ya que ése debe ser el criterio fundamental". Matiza, no obstante, que las reformas deben tener en cuenta "el marco de la doctrina constitucional". Similar posición adopta Jordi Solé Tura, titular de Cultura: "Estoy a favor de la ley de plazos aunque determinados sectores impedirían su realización". Juan Manuel Eguiagaray, ministro para las Administraciones Públicas, se muestra preocupado también por la postura del alto tribunal. "No se trata de preferencias personales; lo verdaderamente importante es que la solución que finalmente se tome sirva para resolver los problemas que ahora existen, y desde luego que no provoquen problemas de encaje constitucional". Junto a él, Luis Martínez Noval, responsable de Trabajo y Seguridad Social, afirma no tener "ningún problema" respecto a la adopción de las dos soluciones que se están barajando. "Estaría de acuerdo con cualquiera de las dos soluciones; lo importante es que la reforma sea la más eficaz".

Según Javier Solana, ministro de Educación, "el problema de la actual normativa es que su aplicación está siendo menos amplia que lo que el legislador tenía en mente". Solana hizo esta reflexión tras señalar que la ley actual es "muy semejante a la de otros países europeos donde no se da ningún problema", y agregó que el Gobierno tomará una decisión definitiva entre mayo y junio.

José Luis Corcuera, titular de Interior, sostiene que el problema no debe "estar sometido a las tensiones de un debate electoral. "Sí quiero decir", matiza, "que seré muy respetuoso con las opiniones de los compañeros de Gobierno que llevan directamente el tema". Por su parte, Virgilio Zapatero, ministro para las Relaciones con las Cortes, asegura que el Gobierno todavía no tiene una decisión cerrada al respecto, sino que continúa la elaboración del informe sobre la reforma.