Tormenta sobre el mundo artístico

Martes 7 de marzo de 1991. El Congreso de los Diputados aprueba y pasa al Senado el proyecto de ley del patrimonio que incluye a las obras de arte entre los bienes a declarar. Aquel día, todas las galerías de España mantuvieron sus puertas cerradas en señal de protesta. Desde entonces, artistas y galeristas al unísono exigimos de la Cámara alta lo mismo que nuestros homólogos en Francia, con Jack Lang a la cabeza, obtuvieron de Mitterrand: eximir al arte de la declaración del patrimonio. Centenares de prestigiosos artistas -Tápies y Chillida, entre ellos- están rubricando durante estos días con su Firma esa petición. No se buscan privilegios, sino la armonización de la fiscalidad española del arte con la del resto de la Comunidad Europea, frente a la que ya no habrá fronteras desde 1993. Se aportan argumentos jurídicos, económicos, de defensa del patrimonio artístico y, sobre todo, culturales.El actual proyecto de ley exigiría de cada propietario de arte una declaración reiterada cada año que contuviera todas sus obras valoradas según un peritaje, que siempre será discutible al no haber en España tasadores de arte oficialmente reconocidos como tales. Quedarían afectadas centenares de miles de obras, modestas o importantes, entrañables testimonios de nuestra afición, de nuestro gusto o de nuestro pasado, convertidas así en tristes objetos que nos definen para siempre ante el fisco y que cada año cambian de precio.

La anterior Ley del Patrimonio obligaba a declarar las obras de arte de valor superior a 250.000 pesetas. Pero esta ley fue aprobada en 1977, en plena transición política, y, por tanto, en un marco que no permitió el auténtico debate político y cultural que el tema requería. El tiempo transcurrido ha demostrado que su aplicación era imposible de controlar, pues la ocultación es muy fácil y la inspección domiciliaria sin aviso previo requiere un mandamiento judicial que, lógicamente, sólo se otorga si hay presunción de delito.

Los efectos económicos de la nueva ley de patrimonio sobre el mundo del arte incluirían una recesión en el mercado legalmente establecido, acompañada de un auge de la actividad sumergida protagonizada por fantasmas fiscales, intrusos y clandestinos.

A ellos se dirigirían muchos incautos clientes en busca de una opacidad fiscal, convertida paradójicamente en más deseable que nunca gracias a la nueva medida. Se estaría generando el efecto contrario al de la transparencia que todos deseamos, a través de una norma de escasa eficacia recaudatoria y gran impacto psicológico sobre el munclo del arte y la cultura.

Daño irreversible

El daño al patrimonio artístico español actual y futuro podría ser irreversible, ya que del coleccionismo de hoy salen los museos del mañana. Si se le desalienta, se corre el grave riesgo de que su desplazamiento al extranjero iirrastre además a algunas de las mejores colecciones ya existentes. Todo lo contrario a incentivar la donación, que es lo que una buena ley del mecenazgo debería hacer.Las moIestas adquisiciones privadas son el principal estímulo, económico y moral, de una amplia y prometedora generación de jóvenes artistas con incipientes posibilidades internacionales. En España, el hábito de adquirir arte es todavía escaso, reciente y frágil, y, por tanto, se resentiría gravemente de esa ley. Sin compradores no habría rriercado, y, sin él, los artistas no podrían vivir ni dar a conocer su obra, quedando para ellos como única alternativa la de marcharse a otros países donde el entorno es más propicio. Así ha sucedido durante demasiadas décadas de este siglo.

Es necesario que el legislador realice un cambio de enfoque profundo, pues no servirían prácticamente de nada las soluciones salomónicas consistentes en eximir exclusivamente las obras de arte con valor inferior a una cifra determinada, o las de artistas vivos, por ejemplo. En el primer caso, se castigaría, a la larga, a quien mejor ha sabido escoger, y, en el segundo, se penalizaría el inexorable paso del tiempo. En ambos se perjudicaría gravemente la creación de grandes o pequeñas, pero deseables, colecciones de arte.

Esperemos que esta tormenta sobre el mundo del arte deje paso a una atmósfera transparente, donde el Estado no penalice al coleccionismo por afán de exiguas recaudaciones, sino que lo utilice para conservar, promover y enriquecer nuestro patrimonio artístico tal como exige la Constitución española.