Insularidad

CANARIAS OBTENDRÁ, previsiblemente, durante el primer semestre de este año, un nuevo estatuto de mayor integración en la Comunidad Europea (CE). El primer paso decisivo lo acaba de dar la Comisión Europea, que aceptó en líneas generales la propuesta española. Las islas asisten desde finales de 1989 a profundas transformaciones en su estructura económica, que determinarán su capacidad de desarrollo futuro.De una parte, Canarias se enfrenta casi de golpe y porrazo a lo que en la práctica consiste su plena incorporación a la CE (algo de lo que huyó en el momento de la adhesión de España, en 1986, como mecanismo de defensa de sus especificidades), y de otra, afronta la modificación de su régimen económico y Fiscal (REF), que era tenido por un texto sagrado. El pragmatismo y la conciencia de que la CE puede ser un buen paraguas para sortear la crisis explicarían el giro económico.

La recesión turística ha sido un aldabonazo para los empresarios y ha puesto de manifiesto la conveniencia de reequilibrar los sectores productivos. Por otra parte, durante este lustro de experiencia como región atípica en la CE, el archipiélago se sintió en algunos momentos en peores condiciones que un país tercero. Todo ello influyó para que el Parlamento canario se pronunciara, en diciembre de 1989, a favor de la mayor integración en la Comunidad Europea.

El nuevo estatuto echa por tierra el protocolo especial vigente a lo largo de los últimos cinco años, que había dejado a esta comunidad autónoma, por expreso deseo de las autoridades insulares, fuera de las políticas comunitarias agraria y pesquera y de la Unión Aduanera. Las protestas del sector agrícola al no gozar de libertad de exportación lograron convencer a las fuerzas políticas para rectificar el modelo y participar en todas las estructuras comunitarias, participación que parece tendrá a cambio las correspondientes concesiones de Bruselas.

El triunfo de las tesis agrarias, sector que apenas representa el 8% del producto interior bruto (PIB) regional, en aparente detrimento del sector servicios, que aporta el 70%, ha sido sorprendente. Los empresarios agrícolas llegaron a declarar la guerra en la anterior legislatura autonómica al Gobierno socialista, dimitiendo su presidente ante el rechazo del Parlamento por el mal acuerdo para dicho sector. Ahora, una inesperada luna de miel entre socialistas y agricultores ha puesto las cosas más fáciles al actual Gobierno de centro-derecha. Con todo, la verdadera prueba de fuego de la integración de las islas en la CE será en el momento de la plena aplicación del mercado único y la desaparición de las fronteras.