Siete años de perdón

EL GOBIERNO argentino, desde la recuperación democrática de 1982, ha sido en general timorato a la hora de enfrentarse con el estamento militar. Esta afirmación es válida tanto respecto de la dictadura disuelta en el absurdo de la guerra de las Malvinas como en relación con los diferentes intentos golpista s que se sucedieron después contra los sucesivos Gobiernos de los presidentes Alfonsín y Menem, hasta la última asonada de principios del presente mes de diciembre.Dicho en otras palabras, mientras el lenguaje de las autoridades civiles siempre era firme, su actuación pecaba de pusilanimidad. No se explica de otra manera la decisión de sentar en el banquillo a los responsables de los siete años de dictadura para luego dejar la justicia en manos castrenses; asegurar que todos pagarían por sus crímenes para luego promulgar la ley de obediencia debida; enviar a los criminales a la cárcel para luego indultarlos sin motivo verdadero.

En los últimos tiempos, cada vez que los militares argentinos han decidido levantarse contra su Gobierno legítimamente constituido, sus rebeliones han sido de corta duración. Es posible que ello sea menos significativo de la permanente disposición de sectores del Ejército a traicionar a su nación que de su innata debilidad e incapacidad para establecer sus reales. Lo que difícilmente les hace merecedores de un pragmático tratamiento de paños calientes que el Gobierno de Menem está dispuesto a darles en evitación de una temida revancha. Dicho sea sin invocar el desprecio que una medida de perdón generalizado implica para la más evidente justicia. En cualquier caso, ni los decretos de perdón ni las justificaciones legalistas de la medida podrán borrar la memoria histórica y reciente de las sociedades demócratas. El Informe Sábato, por ejemplo, permanecerá en la conciencia de todos los seres humanos.

Aun así, éste es el momento que ha escogido el presidente Menem para aplicar una misericordia que se entiende mal. El presidente argentino ha firmado un decreto de perdón del que se beneficiarán los mandos militares que sojuzgaron Argentina entre 1976 y 1983, llenándola de sangre y terror. Escandalosamente, la medida incluye el perdón para Martínez de Hoz, que, como superministro de Economía de la Junta Militar, llevó a Argentina a la quiebra total.Esta magnanimidad se aplica también a Mario Firménich, que, como líder de la guerrilla urbana de los Montoneros, fue comparsa e instrumento de la terrible historia. En esta ocasión, la medida de gracia favorece a nombres tan unidos al horror de los siete años de represión como los de los ex comandantes de las Fuerzas Armadas y ex presidentes de la Junta Militar ex generales Jorge Videla y Roberto Viola; el ex almirante Emilio Massera -célebre porque arrojaba a sus enemigos al Río de la Plata desde helicópteros-; los ex generales Suárez Mazo, Camps y Ricchieri, conocidos asesinos y torturadores, y el ex brigadier Agosti, condenado por tortura. Todos estos personajes cumplían o habían cumplido condena por sus actos.

Resulta absurdo que, habiendo sido traumático sentarlos a todos en el banquillo e imponerles fuertes condenas en su momento, se acuda ahora a indultarles cuando han dejado de tener importancia su trayectoria personal, sus reivindicaciones y la justificación que pretendieron oponer a la condena de que eran objeto. Este segundo indulto generalizado se otorga a quienes fueron los protagonistas de la represión o de la depredación financiera nacional. Con el primero de ellos, en octubre de 1989, fueron perdonados 280 civiles y militares por sus miles de tropelías, y sólo porque las habían cometido obedeciendo órdenes.Debe reseñarse, en honor de la sociedad argentina, que existe una sólida oposición a la medida de gracia que quiere aplicar Menem. Sindicalistas, diputados, ciudadanos, se han opuesto a lo que una declaración ha denominado la "irreparable claudicación moral" del presidente. No existe razón para perdonar lo imperdonable, el sufrimiento estéril de un pueblo, con un acto que, como asegura el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, "lejos de pacificar y reconciliar, no hará más que culminar una cadena de concesiones" inútiles al poder militar. Peor aún, concediendo el perdón por siete años de tropelías, dará razón a lo irrazonable: justificará la antigua falacia castrense de que los desmanes de la dictadura obedecieroa, a una verdadera guerra librada con honor contra los enemigos de la patria.