Cada uno a lo suyo
A. G.La viceconsejería de Medio Ambiente solicitó el pasado 15 de marzo a la Confederación Hidrográfica del Norte las autorizaciones de vertidos para las industrias del polígono de Gernika, según anunció en su comparecencia ante el Parlamento vasco el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan José Otamendi. El Departamento de Medio Ambiente está esperando todavía la contestación oficial.
Asimismo, la Diputación de Vizcaya no ha enviado aún al Ejecutivo autónomo el análisis del vertido del pasado 12 de marzo en la ría de Mundaka. Por su parte, el Ayuntamiento de Gernika ha esperado varios años antes de exigir a las empresas la regularización de sus licencias de actividad principal.
Esta falta de colaboración entre las instituciones, unida a la dispersión competencial que regula la Reserva de Urdaibai, dificultan la aplicación de los textos legales. Las leyes de Aguas (1985), Costas (1988), la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (1989) y el Estatuto de Autonomía del País Vasco (1989) despliegan sus articulados por las 22.500 hectáreas de la reserva. Cinco años después de la promulgación de la primera ley, los atentados ecológicos continúan. Una de las multas más elevadas impuestas a una empresa ascendió a 237.000 pesetas, aunque la ley prevé sanciones por valor de hasta 50 millones en el caso de máxima gravedad. Los atestados de vertidos de la Ertzairitza (policía autonómica vasca) ni siquiera llegan a los tribunales, porque el Juzgado de Instrucción número 1 de Gernika está saturado, según comenta su titular, María José Martínez.
Las instituciones competentes: Gobierno vasco, Confederación Hidrográfica del Norte, Demarcación de Costas, Diputación de Vizcaya y Ayuntamiento de Gernika no han conseguido hasta ahora aplicar el espíritu de las leyes.
