Espectaculares medidas de seguridad en Colombia tras la primera extradición de un 'narco' a EE UU

ANTONIO CAÑO ENVIADO ESPECIAL, Espectaculares medidas de seguridad y leyes excepcionales han sido puestas en marcha por el Gobierno colombiano para evitar una reacción brutal de las mafias del narcotráfico a la extradición de Eduardo Martínez Romero, que en la noche del miércoles fue entregado en secreto a la justicia de Estados Unidos. Entre las más polémicas decisiones adoptadas por el Gobierno está la posibilidad de sustituir por militares a los alcaldes elegidos democráticamente en las zonas más conflictivas del país.

La ciudad de Bogotá amaneció ayer sometida a un intenso patrullaje de fuerzas del Ejército. Los centros oficiales y los hoteles del centro de la capital se encuentran rodeados por unidades militares. La vigilancia es todavía más intensa en Medellín, la patria chica de los grandes narcotraficantes y principal centro de operaciones de las mafias.La Embajada de Estados Unidos ha impartido instrucciones a sus ciudadanos para que abandonen Colombia en estos días. La orden ha sido atendida, entre otros, por algunos deportistas y periodistas. Asimismo han anulado las actuaciones previstas en este país la mayor parte de los cantantes famosos que tenían previsto visitar ciudades colombianas, entre ellos el cantante español Raphael.Como parte de la legislación especial del estado de sitio vigente, el Gobierno promulgó en la noche del miércoles un decreto por el que se permite que oficiales de las fuerzas armadas sus6tuyan a los alcaldes en aquellas ciudades en las que las condiciones de violencia así lo aconsejen. Esto ha ocurrido ya en la locafidad de Puerto Boyacá, en la conflictiva región del Magdalena Medio, donde el alcalde elegido hace cuatro años tuvo que huir a las montañas para escapar de las autoridades que lo investigaban por su participación en actividades paramilitares.

Polémica nacional

La medida ha levantado un gran revuelo en todo el país y ha sido duramente criticada por la mayoría de los alcaldes elegidos, alguno de los cuales ha llegado a ha comparar el decreto con una medida estalinista. El alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, ha declarado que la decisión del Gobierno "es abiertamente inconstitucional y atenta contra claros principios de la democracia". El alcalde de Medellín, Juan Gómez, que había pedido un diálogo de las autoridades con los narcotraficantes, ha advertido que no permitirá que lo releven del cargo aunque así lo disponga el Gobierno.

La nueva ley de excepción está destinada a aumentar los poderes de los militares en aquellos lugares en los que tienen que emplearse más a fondo y sin muchos miramientos contra los distintos tipos de violencia que se entrelazan en Colombia.

Al mismo tiempo, esta decisión del Gobierno del presidente Barco debe servir para tranquilizar los ánimos de los oficiales de las Fuerzas Armadas a los que se había atacado duramente por sus conexiones con el narcotráfico durante las últimas semanas. El malestar del Ejército había aumentado además por los últimos atentados contra uniformados, especialmente tras el asesinato, el martes en Bogotá, de la esposa de un coronel.

Otro de los decretos publicados en las últimas horas ofrece recompensas de 100 millones de pesos (unos 35 millones de pesetas) a todas aquellas personas que faciliten alguna información que pueda ayudar a dar con el paradero de los dos principales miembros del cartel de Medellín, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. La televisión nacional emite periódicamente anuncios en los que se anima la población a participar en este combate contra el narcotráfico y se ponen a disposición de los informantes cuatro números de teléfono.

Psicosis de violencia

Las autoridades garantizan el anonimato y la seguridad de aquellos que suministren datos veraces de las maneras más sofisticadas, incluida la posibilidad de someterse a una operación de cirugía plástica para cambiar de rostro o de viajar una temporada a Estados Unidos para permanecer más protegidos.

Pese a todas estas precauciones, no se ha conseguido eliminar la psicosis de violencia que sufre este país. El grupo de los extraditables, que representa a los principales capos, ha anunciado en llamadas anónimas a diferentes medios de comunicación que tomará represalias por la extradición de Martínez. Aquí nadie duda de la capacidad logística de narcos para ejecutar sus amenazas.

En la actualidad 16 narcotraficantes latinoamericanos, 13 de ellos colombianos, se encuentran en cárceles de Estados Unidos cupliendo condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. De ellos, el más notorio Carlos Lehder, capturado en la jungla colombiana en 1987, y que se encuentra en una penitenciaría federal de máxima seguridad en el Estado de Illinois después de ser condenado a cadena perpetua sin remisión de pena por un tribunal de Tampa, en Florida.