Contumacia

INASEQUIBLES AL desaliento e insensibles ante el drama humano que les ha rodeado en los últimos años, varios condenados y procesados en el juicio de la colza han vuelto a su antiguo oficio y se dedican nuevamente al negocio de refinado y compraventa de aceite. Nada les impide legalmente renacer en su anterior actividad, pero será dificil que los miles de víctimas de tan criminal comercio entiendan que los responsables de su desgracia puedan reincidir, sin ningún tipo de impedimento, en una actividad que ha causado 700 muertos y 25.000 afectados físicos y psíquicos. Las organizaciones de empresarios y comerciantes y las instancias administrativas encargadas de facilitar las correspondientes licencias para autorizar un negocio deberían poner al día sus controles con el objeto de impedir que los condenados por servirse de una actividad comercial con fines tan reprobables puedan, en nombre propio o a través de sociedades interpuestas, volver a las andadas.Porque ¿cómo se puede calificar la conducta de quienes se atreven otra vez a hacer aquello-de lo que se derivó un homicidio colectivo y un peligro cierto de muerte para núcleos importantes de la entera población española? Descaro, desvergüenza, atrevimiento, desfachatez, provocación, de todo ello hay un poco en tal conducta. Actuaciones de este tipo no son sólo imputables a la irresponsabilidad y a la laxitud ética de quienes las protagonizan. En no pequefla parte son alentadas por el casi impune tratamiento penal y administrativo con que, a la postre, se ha saldado la tragedia de la colza. El espectáculo de casi todos los condenados de la colza enfilando el camino de sus domicilios, en vez del de la cárcel, ante los ojos de sus propias víctimas era como decir a los españoles que no es todavía tiempo de bajar la guardia ante el peligro de ataques a su vida y a su salud como el perpetrado en este trágico caso.

Pone los pelos de punta saber que las administraciones públicas -estatales, autónomas y localessiguen siendo incapaces de impedir la venta de aceite a granel en España, cuando este mercadeo, falto de inspección y de las debidas garantías, ha sido el vehículo que propició la transmisión del síndrome tóxico. El consumidor español no puede quedarse solo ante el peligro de amenazas tan graves a su salud y a su vida, y, si bien le es exigible el mayor de los compromisos posibles en su denuncia, corresponde a los poderes públicos la entera responsabilidad de impedir por todos los medios prácticas comerciales atentatorias contra la vida y la salud humanas y absolutamente intolerables en un país con nuestro grado de desarrollo.