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Economía y democracia en Argentina

El nuevo Gobierno elegido habrá de enfrentarse a un cuadro en el que todos los indicadores reflejan el descontrol de la economía: las tasas de interés superaron el 100% mensual, los productos han duplicado o triplicado su precio y ciertos artículos se han retirado de la venta; el dólar aumentó un 600% desde enero -pasando de 16 a más de 100 australes-; la inversión privada es casi inexistente, el consumo de las familias está en niveles preocupantes, mientras la producción industrial -en disminución desde hace meses- se reduce aún más por el impresionante aumento de los productos intermedios importados y la escasa capacidad de compra de la población; el producto bruto por habitante es similar al de 1970.Las finanzas públicas están en virtual estado de quiebra: las reservas de divisas del Banco Central de la República no llegan a 500 millones de dólares (equivalentes a un mes de importaciones), y esto gracias al retraso de 3.500 millones de dólares de intereses de la deuda externa, que suponen anualmente casi 5.000 millones de dólares, es decir, más de 8 puntos del producto interior bruto, o el 60%. de las exportaciones de un año. El déficit público no financiero -sin considerar intereses de la deuda- se aproxima al 7%. del PIB, y la Administración, ante la escasa recaudación de impuestos, apela cada vez más al endeudamiento y la emisión monetaria. El endeudamiento público interno es tan importante como el externo.

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La crisis no afecta a todos por igual: los salarios han perdido en un mes el 50%. de poder adquisitivo y no alcanzan para el consumo más imprescindible (el sueldo de un empleado oscila alrededor de 10.000 pesetas y los productos -excepto los alimentos sin elaborar y los servicios locales- cuestan como en España); mientras tanto, un reducido sector social se enriquece con la especulación en dólares o australes. Las empresas más importantes multiplican sus beneficios retrasando la entrada de divisas por exportación o aplazando los pagos a sus proveedores mientras obtienen grandes ganancias en el sistema financiero.

En cuanto a las causas de la crisis, algunos la atribuyen a la incertidumbre política relacionada con las elecciones, otros al cambio de orientación económica previsible con el nuevo Gobierno y muchos la vinculan con un conjunto de medidas económicas desacertadas del Gobierno de Alfonsín.

El endeudamiento exterior argentino no se explica simplemente por la aplicación de una política liberal y una masiva salida de capitales. Tampoco por la evidente corrupción de los dictadores o los cuantiosos gastos militares -gastos que en todo caso explican una décima parte de la deuda-. Estos hechos son sólo la consecuencia de una política global que, a la vez que destruía la conformación industrial existente, concentraba la producción y la riqueza.

Generadores de deuda

La estructura productiva resultante del proceso iniciado en 1976 está compuesta por un reducido número de grupos económicos locales y otro grupo más reducido de empresas transnacionales, ambos con actividades diversificadas en la industria y las finanzas y que operan en escala internacional. Este bloque internacionalizado, nuevo poder económico en Argentina, ha sido el principal generador de la deuda externa, a la vez que beneficiario de sus consecuencias, junto con una minoría social. Los perjudicados, el conjunto de la sociedad y la estabilidad democrática, especialmente a partir de la estatización de la deuda externa privada, mediante la aplicación de diversos mecanismos. El mencionado núcleo concentrado de empresas vive ahora un proceso de fusiones, especialmente por la absorción de grupos locales por parte de las empresas transnacionales, facilitado por los instrumentos de intercambio de deuda por activos, completándose así el proceso de concentración y desnacionalización del capital.

El proceso de endeudamiento externo argentino ha atravesado por distintas fases. En 1976, la deuda externa era de casi 7.000 millones de dólares, manteniéndose hasta 1978 en ese nivel en términos netos. A partir de 1978 aumentó el endeudamiento privado con el exterior, impulsado por las elevadas tasas internas de interés, y comenzó a manifestarse una puja entre los distintos sectores empresariales, evidenciada en la alteración sistemática de los precios relativos de bienes y servicios, posibilitada por la estructura oligopólica de los mercados. Desde el Estado se adoptaron medidas que favorecieron al sector empresarial más concentrado: reforma financiera, sobrevaluación de la moneda local y reducción arancelaria para operar una drástica apertura al exterior de la economía. La masiva importación de bienes de consumo, abaratados relativamente de forma artificial respecto de los productos locales, provocó un elevado déficit con el exterior, que se multiplicó casi por 10 en dos años.

El impacto de esta apertura provocó un aumento de la deuda externa privada que, en 1978, pasó de 4.000 a 9.000 millones de dólares. En 1980, el 47% de la deuda externa total era ya del sector privado.

Quiebra

Las empresas sin acceso al crédito externo debieron endeudarse internamente a elevadísimas tasas de interés, lo que, combinado con la pérdida de mercado frente a los productos importados, les llevaría más tarde a la quiebra, arrastrando a bancos locales y otras empresas.

A medida que la insolvencia se extendía, los acreedores externos comenzaron a exigir garantía estatal para los préstamos privados. Por otra parte, la subvalorización del dólar provocó una impresionante fuga de capitales -casi 9.000 millones de dólares entre 1980 y 1981-, lo cual, al generar escasez de divisas, obligó a un fuerte aumento de la deuda pública.

A partir de 1981 se inició un proceso de estatización de la deuda privada mediante la aplicación del seguro de cambio, que congelaba para el deudor la cotización del dólar, asumiendo el Estado la diferencia de cambio frente al acreedor. Este virtual subsidio representó, según datos del Banco Mundial, el 61% de la deuda externa privada acumulada en 1983. A partir de la restauración de la democracia, este proceso de estatización de la deuda se ha realizado combinando el seguro de cambio con la capitalización, que consiste en el rescate en divisas de los bonos de la deuda externa por parte del Estado, que luego cobra en moneda local a los deudores y a tipos de cambio subsidiados por el mencionado seguro. De esta forma, el Estado reemplaza a los deudores en el pago al exterior a la vez que mantiene intacta la estructura productiva hegemonizada por ellos.

El endeudamiento externo privado ha funcionado, por consiguiente, como mecanismo de financiación del proceso de concentración productiva alrededor de un bloque empresarial internacionalizado a costa de la desindustrialización del país. Los costes de esa reestructuración fueron transferidos al Estado y a través de éste al conjunto de la sociedad. El fuerte impacto de la deuda pública interna y externa sobre el déficit público contribuyendo a disparar la inflación hasta niveles increibles, la virtual quiebra de la economía y la errática cotización del dólar, se explican en lo esencial por los factores señalados.

La consecuencia social de este proceso ha sido la conformación de un país dual, donde coexisten una minoría con niveles de vida comparables a los de las elites de los países más avanzados, y otro sector, mayoritario, en estado de angustia económica y creciente pobreza. Y las propuestas de reducción de la deuda carecen de efecto importante para Argentina, habida cuenta que desde hace casi un año no se pagan y aun así la situación es insostenible.

Así las cosas, para modificarlas se requieren cambios profundos que transformen la actual estructura productiva, que sólo beneficia a una minoría cuya estrategia es su inserción privilegiada en la economía mundial, por otra al servicio de los 30 millones de argentinos. La incógnita es saber si existen fuerzas sociales capaces de producir este cambio.

Jorge Fonseca es profesor titular de la universidad Complutense de Madrid.

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