La 'batalla de la uva' amenaza con paralizar la transición a la democracia chilena

La batalla de la uva, desatada por el hallazgo, el lunes pasado, de dos granos de uva chilena contaminados con cianuro, provocó ayer en Chile el despido de 16.800 trabajadores agrícolas, acusaciones del régimen contra los comunistas y Estados Unidos y amenazas de que el incidente podría incluso "afectar la transición" a la democracia.

Estados Unidos, Canadá y Japón mantenían ayer la suspensión temporal de importación de fruta chilena, lo que había prácticamente paralizado los embarques de esos productos desde los principales puertos del país. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la CE, determinó en Bruselas que no existen trazas de cianuro en la fruta chilena exportada a los países de la comunidad. Cuatro países de la CE -Francia, Dinamarca, la República Federal de Alemania y Bélgica- aumentaron sus controles fitosanitarios sobre la fruta chilena, pero las autoridades comunitarias afirmaron que no existe peligro para los consumidores.En España, durante las últimas dos semanas se han importado 40 toneladas de uva procedente de Chile. Según Francisco Meliá, del servicio de Control, Inspección y Normalización del comercio exterior del Ministerio de Economía y Hacienda, ayer se realizaron diez pruebas sobre unas seis toneladas de uva negra chilena. En todos los casos los resultados fueron negativos, por lo que las autoridades sanitarias han decidido no adoptar ninguna medida preventiva en la comercialización de la uva chilena.

En Chile, un supuesto Movimiento Ultranacionalista Israelí, del que nunca se había oído hablar en el país, dijo por teléfono a una radioemisora que había envenenado la uva para perjudicar a EE UU por conversar con la OLP, pero la reivindicación no tuvo mucha credibilidad. El cianuro, que no era letal, no buscaba provocar víctimas, sino dañar las finanzas del régimen de Pinochet, según fuentes en EE UU, citadas por la agencia UPI.

El régimen militar y la derecha política montaron una campaña contra el partido comunista y EE UU, al que acusan de "actuar precipitadamente". Los comunistas fueron culpados por e Gobierno de envenenar la uva como parte de un supuesto Plan Fruta destinado a torpedear las exportaciones chilenas y, así acosar al régimen. El presidente del principal banco estatal e importante figura del régimen, Álvaro Bardón, advirtió que el cierre del mercado norteamericano implica casi una situación "de guerra", y puede poner en peligro la transición a la democracia.

El Gobierno pidió ayer un juez especial para investigar el caso, aunque ya se sabe que las uvas de la ira provienen de una finca ubicada en Curacaví, 47 kilómetros al oeste de Santiago.

El partido comunista desmintió el cargo y culpó del cianuro en la fruta al "uso indiscriminado de desinfectantes", mientras que un abogado comunista anunció que presentará una querella por injurías contra el ministro Cáceres por haber culpado a este partido.