Escritores jubilados acusan a Hacienda de impedirles cobrar su pensión

La Asociación Colegial de Escritores (ACE) ha recibido en los últimos meses las quejas de varios de sus asociados, que denunclan las visitas a sus casas de agentes tributarios para informarles que no podrán cobrar sus derechos de pensión si al mismo tiempo perciben otros ingresos economicos. Andrés Sorel, secretario general de ACE, afirma: "El Ministerio de Hacienda no puede obligar a los escritores a dejar de escribir o a firmar con seudónimo", y anuncia la intención de esta asociación de recurrir al Defensor del Pueblo si no se soluciona el problema. La ACE envió el pasado 26 de diciembre una carta de protesta al ministro Carlos Solchaga y celebrará una reunión de su junta directiva el próximo jueves para decidir qué acciones legales tomar.Jorge Ferrer Vidal, escritor de cuentos y habitual colaborador de algunos periódicos, recibió la visita de un inspector el pasado mes de octubre. "Me sentí coaccionado. Si quería seguir escribiendo tenía que darme de alta en la licencia fiscal y convertirme en trabajador autónomo, lo que, al parecer, es incompatible con el cobro de los derechos de jubilación", dice.
Ferrer, que cobra una pensión de la empresa en la que trabajó durante años, señala: "El problema es que Hacienda considera incompatible la jubilación con los ingresos derivados de colaborar en los periódicos". El pasado 14 de diciembre, Jorge Ferrer fue a ver a Jorge Semprún, ministro de Cultura. Según él, "Semprún estaba indignado y dijo que esto era un atentado a la cultura". Sin embargo, aún no ha recibido una respuesta.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda hizo público recientemente un comunicado en el que niega tajantemente que exista alguna "consigna" para impedir que los escritores cobren su pensión, ya que "carece de competencias para ello". Según la nota, este ministerio sólo pretende hacer cumplir la ley, que únicamente señala incompatibilidad en el cobro de la jubilación "para aquellas personas, sean escritores o no, que hayan sido funcionarios del Estado y que desempeñen un trabajo en el sector público".
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