5 de octubre: digamos no
Han transcurrido 15 años desde el golpe militar que rompió la larga tradición democrática del pueblo chileno. El general Pinochet, en nombre de la Junta Militar, pretende mantenerse en el poder por la vía de un plebiscito convocado para el próximo 5 de octubre. Es el momento adecuado para repasar todo el proceso vivido por los ciudadanos chilenos durante estos tres lustros. Todos los regímenes dictatoriales que se prolongan lamentablemente en el tiempo ofrecen necesariamente inflexiones en el ejercicio y la práctica de la dureza represiva. El pragmatismo que preside las relaciones internacionales inclina a los sectores más conformistas a convivir con cierta naturalidad y sin mayores traumas con situaciones que deben ser repudiadas a la luz de los valores que constituyen el patrimonio común de todas las personas que asumen el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos que la desarrollan.El general y la Junta Militar han debido pensar que la situación era propicia para1ratar de consolidar en los foros internacionales la implantación violenta de su régimen, acudiendo a la ficción democrática de un plebiscito en el que se solicita la aprobación de todas las violaciones de los derechos humanos que han jalonado estos años de férrea dictadura. Intentan diluir el baño de sangre en las aguas purificadoras de un plebiscito, invitando a los ciudadanos chilenos a respaldar con su voto los crímenes que les han permitido mantenerse en el poder.
Los militares, en su primera manifestación pública después del asalto al Palacio de la Moneda, se limitaron a proclamar su propósito de rescatar las libertades frente al peligro totalitario. Para demostrar sus apetencias de libertad, asumieron el mando supremo y concentraron en sus manos el ejercicio de todas las atribuciones que correspondían a las personas y órganos que -componen el poder legislativo y ejecutivo, incluido el poder constituyente.
La fórmula del decreto-ley pasa a ser la única fuente de donde emana la legalidad, y ocupa un rango superior a cualquier otra norma jurídica, aun de índole constitucional, consumando el vaciamiento de la estructura formal que podía servir de cobertura frente a los excesos del poder.
'Muertes civiles'
La situación no mejoró sustancialmente con el intento legitimador que culminó con la llamada Constitución de 1980. Su texto no resiste el más leve contraste con los principios que la ciencia política exige a cualquier texto constitucional que pretenda su homologación democrática. Basta la lectura del artículo octavo. Su ambigüedad y extensión permiten excluir de la vida política a las personas o grupos que atenten contra la familia, reduciendo a los disidentes a la condición de muertos civiles por un período de hasta 20 años.
En este marco jurídico a nadie debe extrañar la situación a la que se ven reducidos los derechos humanos. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales se suceden ante impotentes ciudadanos que inútilmente denuncian ante los tribunales todos los excesos del poder sin posibilidades de éxito.
Las reiteradas violaciones de los derechos humanos han merecido el rechazo de la comunidad internacional. Sería interminable hacer una reseña de todas las condenas emanadas de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades culturales, religiosas y humanitarias. Este largo catálogo ha servido para que el general Pinochet, con dudoso sentido del humor, haya replicado con un desplante típico de mentes autoritarias, revelador de su sensibilidad democrática.
La historia nos muestra que todos los dictadores que en el mundo han sido tienen una irrefrenable tendencia a considerar el país que gobiernan como una finca que les pertenece, por lo que no debe extrañarnos que pretendan acudir a fórmulas ya acuñadas por los romanos para consolidar el dominio sobre las cosas. El despojo violento de una cosa o de Un fundo puede llegar a ser reconocido en el mundo de las relaciones jurídicas por el transcurso de un largo período de tiempo y la inactividad de sus titulares. Ahora bien, en ningún caso el reconocimiento formal del título de adquisición consigue sanar la inmoralidad de su origen.
Los derechos inalienables de la persona y el reconocimiento de su dignidad no son cosas ni fincas que puedan entregarse al poder por la voluntad o simplemente la inercia de sus titulares. Los derechos humanos son intransmisibles, imprescriptibles e irrenunciables, y nadie puede apropiárselos ni pretender administrarlos según su caprichoso y arbitrario criterio.
Situación compleja
El plebiscito coloca al pueblo chileno ante una situación compleja y de perfiles inciertos. La derecha democrática debe repudiar inequívocamente la intervención militar en la vida pública, mientras la izquierda debe reflexionar sobre el pasado y alinearse unitariamente en un programa mínimo de libertades. Los demócratas chilenos pueden tomar como punto de reflexión un pasaje del discurso pronunciado en la universidad de Guadalajara (México) por Clodomiro Almeyda -hoy preso por la aplicación arbitraria del artículo 8º de la Constitución de 1980-: "A través de la vivencia del fascismo hemos aprendido a valorar la libertad perdida, a amar y anhelar más que antes la democracia, que, con todas sus limitaciones y deformaciones, era y es la condición insustituible del progreso humano, sin la cual es imposible hacer conciencia y construir las herramientas destinadas a transformar la sociedad para hacerla más justa, más libre, más humana".
Los esfuerzos del dictador para legitimarse por el voto mayoritario de los chilenos son vanos. La voluntad soberana de un pueblo no puede autoinmolarse apoyando a un régimen responsable de crímenes contra la humanidad que la doctrina jurídica internacional considera imprescriptibles.
Desde un punto de vista político y ético, el voto sí encarna la voluntad viciada de los partidarios de la opresión; el voto sí es el producto del miedo a la libertad; el voto sí es el reflejo de la insensibilidad democrática y social; el voto sí representa una traición a la vocación democrática del pueblo chileno; el voto sí es egoísta e insolidario, es un voto excluyente, es un voto desintegrador de la sociedad.
En ningún caso un hipotético recuento mayoritario del sí tendría más fuerza legitimadora que los gritos y adhesiones del estadio de Nuremberg.
En la voluntad de los que van a votar no descansa la dignidad y la vitalidad democrática del pueblo chileno y todos los ciudadanos del mundo que han hecho de la democracia un modelo de convivencia. El voto no es generoso y solidario, es un voto de los que aman la libertad y tratan de conquistarla para todos, incluso para los que la temen y para los que no la aman.
La solidaridad internacional se agrupa en estos momentos en torno a los demócratas chilenos. Hace unos días, el cantautor Raimon estuvo, con otros artistas e intelectuales, en un festival organizado por iniciativa de un grupo denominado Chile Crea. Hoy, como hace unos años en España, la comunidad internacional, expresando la fe común en los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, vuelve a corear su conocida canción: Digamos no.
