La jueza decana de Barcelona anuncia una oficina de refuerzo para absorber la elevada multirreincidencia

En 2023 hubo en Barcelona 7.715 juicios rápidos. En 2024 fueron 8.420, una cifra insólita que sigue batiendo récords y que los 25 juzgados de enjuiciamiento penal de Barcelona no pueden absorber. Para hacer frente a ello, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, ha anunciado este jueves en un encuentro con los medios la creación de una oficina de refuerzo en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. La sala de gobierno del tribunal ha propuesto la constitución de cuatro comisiones de servicio, unas con relevo de funciones y otras sin, como está previsto en Ley Orgánica del Poder Judicial. Será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el organismo que tenga la última palabra, y deberá estar autorizado económicamente por el Ministerio de Justicia.

Las dos comisiones de servicio con relevo de funciones consistirán en que jueces que ya tienen un destino puedan desplazarse para ir a otro juzgado a prestar sus servicios con exclusividad, en este caso, en Barcelona. Las otras dos comisiones sin relevo estarán formadas por ocho jueces con destino que, mediante turnos rotarios, podrán dedicar horas extra a reforzar otro juzgado. En el primer caso, la judicatura estudia encontrar alternativas para cubrir esas plazas con sustitutos externos. “La sala de gobierno ha optado por combinar ambos sistemas, porque no nos podemos permitir cuatro juzgados sin juez”, ha matizado Ferrando.

“Proponemos dos magistrados en un sistema y las otras plazas a ocho jueces en turnos rotatorios que puedan combinar su desempeño en otro juzgado. Estos jueces se organizarán gracias a unas nuevas agendas que abriremos. Esta oficina requerirá funcionarios de apoyo y de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ)”, ha explicado la magistrada. Esta medida representará el 50% de la carga de trabajo de los magistrados que se dedican exclusivamente a los juicios rápidos. El concurso para cubrir las cuatro comisiones de servicio ya se han cerrado y la Sala de Gobierno se ha presentado al CGPJ. Será el Ministerio de Justicia el encargado de retribuirlas.

La capacidad actual de la jurisdicción penal es de 6.000 juicios al año, entre los juzgados de lo penal, que celebra unos 3.800, y los cuatro jueces de refuerzo adscritos al TSJC, con otros 2.400. Sin embargo, los juzgados de Barcelona arrastran 6.800 juicios pendientes de celebración. “Desde el decanato hemos pedido que se creen nuevas plazas judiciales, pero mientras no se confirmen, debemos tomar medidas de refuerzo”, ha lamentado la magistrada.

Ferrando ha calificado la medida de “esencial y muy necesaria” porque mejora la respuesta judicial. “Pero no nos engañemos, las cifras aumentan y hablan por sí solas. Necesitamos medidas estructurales que contemplen la convocatoria de nuevas plazas judiciales”, ha exigido. Ferrando ha subrayado que el plan de refuerzo debe “estar vivo” porque a corto plazo habrá que renovarlo. “Cuanto más eficaz sea la respuesta policial, mayor número de jueces y recursos necesitaremos. Este plan no soluciona la situación del todo”, ha concluido. El plan anunciado por Ferrando prevé poder dictar entre 2.200 y 2.400 sentencias más en un año.

La Sala de Gobierno ha constatado que la consejería de Justicia ya ha solicitado la creación de nuevas plazas judiciales, pero es el Ministerio de Justicia el responsable último, que ya ha adelantado que por el momento no hay presupuestos. Ferrando ha concluido que con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que materializará la reestructuración de los órganos jurisdiccionales, los tribunales de instancia requerirán nuevas plazas judiciales.

En cuanto al nuevo juzgado de instrucción anunciado el pasado diciembre por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el consejero de Justicia, Ramón Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha especificado que es una medida de refuerzo más para constituir una nueva guardia de delitos leves inmediatos. Ferrando espera que entre en funcionamiento el próximo 1 de marzo.