Los jueces plantean trabajar más y cobrar más para combatir la multirreincidencia a la espera de refuerzos en Cataluña

Los jueces catalanes no quieren esperar a que lleguen los refuerzos de personal prometidos por el Gobierno y la Generalitat para poner fin a un atasco que afecta, sobre todo, al combate contra la multirreincidencia. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apuesta, como solución provisional, por aumentar el número de juicios penales que se celebran cada día. La fórmula para lograrlo pasa por “la extensión de las agendas”, es decir, por trabajar más, un esfuerzo que según la propuesta debe ser económicamente “compensado”.

A principios de diciembre, Gobierno y Generalitat anunciaron con gran solemnidad la creación de cinco nuevos juzgados en Barcelona que deberían entrar en funcionamiento en el primer trimestre de 2025. En puridad, solo uno de esos órganos será nuevo: un juzgado de guardia (el tercero) para delitos leves, como los hurtos en los que el valor de lo robado no supera los 400 euros. Esos juicios deben celebrarse en un máximo de dos semanas pero, en la práctica, se señalan ahora a seis u ocho meses vista. Los otros cuatro juzgados son de lo penal (para delitos menos graves, los que implican una pena de hasta cinco años de cárcel), pero son solo refuerzos temporales, que no se incorporan a la planta judicial.

Los 29 juzgados penales que operan ahora en Barcelona (cuatro de ellos ya son de refuerzo) trabajan con el agua al cuello. Celebran alrededor de 6.000 juicios al año, muchos de ellos vinculados a delitos contra el patrimonio. Según el TSJC, para ir al día es necesario asumir más de 7.000. Las sentencias, en caso de ser condenatorias, deberían servir para sacar de las calles a los multirreincidentes. Pero los procesos se dilatan tanto en el tiempo que acaban por no ser efectivos: los señalamientos de juicios se demoran hasta 16 meses y en las agendas de los juzgados hay ya señalamientos para el año 2026.

Hartos de esa situación, los jueces de lo penal de Barcelona elaboraron una propuesta que fue elevada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, tras haber recibido el anuncio del Departamento de Justicia, la sala del Gobierno del TSJC ha decidido avalar esa vía como la óptima para poner coto al problema. El organismo admite que “la situación requiere soluciones estructurales” que pasan por “la creación de nuevas plazas judiciales”. “A la espera de que se creen estas plazas”, la solución pasa por “la extensión de las agendas”, lo que conlleva “el incremento de la celebración por día y juzgado”.

“Es un diseño basado en el compromiso de los magistrados, que ya trabajan muy por encima del módulo indicado como idóneo, que garantizan la absorción de la pendencia [casos pendientes] sin afectar a otros órganos, dada la estructural falta de jueces en Cataluña”, ha afirmado la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando. La situación en los juzgados de lo penal es de “enorme gravedad” y los retrasos afectan “a los casos concretos y a la sensación colectiva de inseguridad”, según la decana, que sin embargo aplaude el compromiso de la administración autonómica por poner en marcha el refuerzo de personal.

La sala de gobierno ha incluido otras propuestas en su acuerdo; por ejemplo, la necesidad de que Justicia adopte medidas para que los informes sobre la valoración de objetos sustraídos se incorporen “en tiempos razonables”: el año pasado cerró con 1.791 informes pendientes de recibir por los juzgados de instrucción. Al Ministerio de Justicia, los jueces le solicitan que incluyan también el importe de lo robado en las hojas histórico penales de condenas por delitos de robo con fuerza y robo con violencia. “Se trata de que los órganos judiciales puedan contar, al consultar el registro, con toda la información necesaria para la apreciación de la multirreincidencia”, señala Ferrando.