Los magistrados catalanes reciben al borde del colapso los nuevos juzgados para combatir la multirreincidencia

Los jueces de Barcelona llevan tiempo exigiendo más recursos para combatir la multirreincidencia, un fenómeno delictivo que genera alarma social (la inseguridad ha escalado hasta la tercera posición en los problemas de los catalanes, según las encuestas) y que la Generalitat de Salvador Illa ha convertido en prioridad. Pero combatirla resulta casi imposible si, como ahora, los órganos judiciales están colapsados. Por eso los magistrados han recibido con buenos ojos el anuncio del Gobierno de crear cinco nuevos juzgados en Barcelona. “No necesitábamos tantas reformas legislativas que no servían de casi nada, sino esto, más medios”, explica una veterana magistrada de la capital catalana, donde la saturación es insoportable: cada vez hay más robos y detenciones y los juzgados no dan abasto para dictar sentencias que, eventualmente, retiren de la circulación a estos delincuentes habituales. Los jueces lamentan que la mayoría de órganos sean temporales y no fijos y plantean interrogantes sobre su puesta en funcionamiento.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el president Salvador Illa anunciaron el miércoles en Barcelona la creación de un nuevo juzgado de guardia exclusivamente para delitos leves, como los hurtos en los que el valor de lo sustraído no supera los 400 euros. La ley dice que esos juicios deberían celebrarse como mucho en 15 días. La realidad es que se están señalando a seis y hasta a ocho meses vista: “El adjetivo de juicios rápidos ha perdido totalmente el sentido”, ironiza la jueza. Este es, en realidad, el único de los cinco juzgados proyectados que, por ahora, tendrá carácter permanente y se suma a los dos que ya existen en la ciudad para ese fin. La administración prevé que el nuevo órgano pueda celebrar 24 juicios por delitos leves al día.

Los jueces consultados por este diario confían en que no ocurra lo mismo que con el segundo juzgado de guardia: se creó en 2019 como refuerzo, desapareció con el descenso de delitos que trajo la pandemia y fue rescatado más tarde, cuando el colapso empezaba ya a llamar a la puerta. Aunque no se ha incorporado a la planta judicial, los jueces dan por hecho que ese segundo juzgado ya es para siempre; en el plan de choque difundido el miércoles, sin embargo, la administración explica que lo va a mantener al menos hasta verano de 2025. “Si van a crear un tercer juzgado, no se entiende que el segundo no sea ya permanente”, lamenta otro magistrado.

Cuatro jueces de refuerzo

Distinto es el caso de otros cuatro nuevos juzgados de lo penal para delitos menos graves: aquellos en los que la pena alcanza hasta cinco años de prisión. En este caso, se trata de juzgados “de refuerzo”: no se incorporan a la planta judicial sino que tienen carácter temporal, algo que no gusta a los jueces. Los responsables del Gobierno y de la Generalitat han anunciado, sin embargo, que los mantendrán “el tiempo que sea necesario”. En Barcelona existen ahora 29 juzgados penales, que dictan unas 6.000 sentencias al año. Cuatro de esos juzgados ya son de refuerzo y se crearon para dar salida a estos delitos: dictan 2.000 sentencias al año.

Los juzgados penales son los que podrían dictar penas de prisión contra los multirreincidentes. La reforma del Código Penal de 2022 introdujo un nuevo tipo de hurto, agravado, que prevé penas de entre seis y 18 meses de cárcel para quien haya sido condenado por tres delitos leves y siempre que la cantidad robada supere los 400 euros. Esos juicios, que son los que deberían permitir sacar de las calles a los delincuentes, también deberían ser rápidos, pero en Barcelona no lo son en absoluto: se demoran hasta 15 meses y las agendas ya tienen señalamientos para 2026.

La incorporación de cuatro nuevos jueces, con 15 funcionarios más, debería servir para dictar muchas más sentencias. Los jueces dudan si esos juzgados servirán para vaciar la bolsa de asuntos pendientes o para hacer que los nuevos se celebren en fechas más razonables. También se preguntan de dónde saldrán esos jueces: si serán sustitutos o bien nombrados en comisión de servicio; y en este último caso, si serán relevados para llevar a cabo la tarea o la compaginarán con otras funciones, lo que les impediría tener una dedicación plena. La incorporación de nuevo personal, además, conllevará el uso de nuevos espacios, ya que la mayoría de las salas de la Ciudad de la Justicia ya están ocupadas para los señalamientos programados. La Generalitat se ha comprometido a buscar nuevos espacios.

Todos esos aspectos organizativos tendrán que coordinarse, sobre todo, con la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, una de las voces más críticas con la falta de medios. Ferrando reclamó este verano nuevos órganos “con urgencia” y reclamó, entre otros, nuevos juzgados de ejecutorias (los que se dedican a que se cumplan efectivamente las sentencias). Este aspecto no está recogido en el plan de choque de las administraciones. “Si se dictan más sentencias, los de ejecutorias tendrán más carga de trabajo aún, y ya van saturados”, advierten esas fuentes.

Un problema endémico

El plan de choque de Gobierno y Generalitat asume que los delitos contra el patrimonio han registrado un “incremento significativo” en Barcelona, lo que ha derivado en un número de procesos judiciales por esos delitos “muy superior al resto de ciudades en España”. El año pasado, por ejemplo, hubo el doble de juicios rápidos que en Madrid, pese a que la capital catalana tiene seis juzgados menos. El resultado es una creciente sensación de inseguridad y de que los delincuentes resultan indemnes a la acción de la justicia.

El problema viene de lejos. Si en 2011 el top 10 de los delincuentes acumulaban 257 detenciones, el año pasado, la decena de delincuentes más arrestados sumaban 367 detenciones. Solo en Barcelona, de los 2.700 arrestados en 2023, 500 fueron detenidos tres veces o más, y 33 de ellos, 10 o más veces, la mayoría por delitos contra el patrimonio, principalmente hurtos o robos con fuerza.

Los distintos responsables que han pasado por la cartera de Interior en Cataluña han señalado la multirreincidencia como un problema grave. Los Mossos d’Esquadra han exprimido también otras opciones para lograr que ingresen en prisión los delincuentes más habituales, como solicitar órdenes de alejamiento de los lugares donde actúan, como el metro de Barcelona o el aeropuerto de El Prat. Un quebramiento de una medida judicial supone sumar agravantes para lograr prisiones preventivas. La actual consejera del Interior, Núria Parlon, se ha fijado como una prioridad la lucha contra multirreincidencia. Para ello, los Mossos d’Esquadra se han propuesto “transformar el abordaje operativo”, con más agentes de paisano centrados en la persecución de los “delincuentes más activos” para conseguir más condenas de prisión, más medidas cautelares o que abandonen el territorio por la presión policial.