El Gobierno peruano utiliza la fuerza para controlar los bancos nacionalizados
Fuerzas policiales peruanas tomaron por asalto en la tarde del miércoles dos bancos y una entidad financiera cuyos propietarios se resistían a la intervención gubernamental prevista por la ley de nacionalización, que entró en vigor el pasado lunes. Efectivos uniformados de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana tomaron las sedes del Banco de Crédito, de la Financiera de Crédito y del Banco Wiese, tres de las 33 entidades afectadas por la ley de nacionalización aprobada hace dos semanas por el Parlamento peruano y promulgada el domingo por el presidente, Alan García.
El Gobierno, a través de un comunicado, dijo que ha actuado con prudencia en el caso de la nacionalización, pero que "debe ser firme" al hacer cumplir la ley. La nota señalaba que la prudencia mostrada por el Gobierno "ha sido confundida por el poder económico como debilidad".La policía entró en la sede del Banco Wiese, ubicada en el centro de Lima, descolgándose desde edificios vecinos y derribando algunas puertas, según informaron funcionarios de seguridad de la entidad.
La sede del Banco de Crédito, también en el centro de la capital, fue tomada luego que la policía derribara una puerta lateral, utilizando primero una tanqueta y luego las culatas de sus fusiles. En el interior se produjeron algunos choques entre los policías, de paisano, y los agentes de seguridad del banco. Algunas personas resultaron levemente heridas, pero finalmente la delegación gubernamental pudo ser recibida por los propietarios del banco, considerados como las personas más ricas de Perú.
Los propietarios del Banco de Crédito habían vendido el lunes un 50,57% del capital social de la sociedad a sus empleados para evitar así que cayera bajo el control del Gobierno.
Gases lacrimógenos
Tanto en la toma de esos dos bancos como en la de la Financiera de Crédito actuaron alrededor de 300 policías, que asimismo cortaron al tránsito las calles próximas para llevar a cabo estas operaciones. La policía dispersó con gases lacrimógenos a los empleados de los bancos que se encontraban en las calles de la zona.
Las fuerzas policiales, que desde hace dos días mantenían cercados los bancos de Crédito y Wiese, fueron desplegadas por el Ministerio del Interior para que los interventores designados por el Gobierno pudieran hacerse cargo de esas entidades.
Los interventores fueron recibidos con silbidos y el canto del himno nacional por los empleados y directivos de las entidades, que permanecían en sus puestos de trabajo, aunque el Gobierno había suspendido ayer por 48 horas las actividades de los dos bancos.
El Gobierno tomó posesión de esas tres entidades al amparo de un artículo de la ley de estatización que le otorga poderes de intervención y gerencia hasta que se establezca la indemnización justipreciada a los propietarios.
Los accionistas de las entidades sujetas a la nacionalización consideran que sus derechos se encuentran amparados por recursos que contra la intervención gubernamental aceptaron más de una decena de jueces. Esos recursos fueron aceptados tras la decisión del Gobierno de intervenir la banca a partir del 29 de julio pasado, cuando el presidente García anunció la estatalización y hasta que el Parlamento tramitara la correspondiente ley que entonces le propuso el jefe del Estado.
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