El Gobierno militar chileno firma, los acuerdos contra la tortura de la OEA y la ONU

El Gobierno militar chileno suscribió el jueves pasado en Washington la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un gesto que fue recibido con escepticismo por la comunidad internacional. La víspera, el régimen chileno había firmado, un documento similar en la sede de la ONU, en Nueva York. Mientras el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Ricardo García, firmaba estas convenciones, en Santiago, la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica denunció que durante el primer semestre hubo 51 casos probados de tortura.

Sólo seis de los 31 miembros de la OEA asistieron a la ceremonia del jueves en Washington, en un gesto calificado de "censura diplomática" por los observadores. Según el ministro García, el Gobierno quiere "fortalecer y perfeccionar el respeto de los derechos humanos" porque "es fiel a los principios humanistas y cristianos que lo inspiran". [La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un comunicado en el que afirma que si Chile no modifica su legislación interna, la firma "carece de sentido", según informa Efe. La comisión, que ha investigado la situación de los derechos humanos en Chile en los últimos años, dijo que "la tortura ha sido una práctica continua, deliberada y sistemática desde 1973"]Mientras García firmaba estas convenciones en Washington y Nueva York, en la enfermería de la cárcel de Santiago yacía el sociólogo Luis Tricot, con la espina dorsal rota en tres partes. Tricot fue detenido durante los allanamientos en busca del teniente coronel Carlos Carreño -secuestrado hace 25 días por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)- y después torturado en los interrogatorios, según denunció su abogado.

El mismo día de la firma, la Comisión Chilena de Derechos Humanos denunció la desaparición de cinco opositores izquierdistas -José Peña, Manuel Sepúlveda, Alejandro Pinochet, Gonzalo Fuenzalida y Yuri Mayorinca- practicada por civiles no identificados entre el 1 y 18 de septiembre y cuya detención no ha sido reconocida por ningún organismo policial.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos vieron con escepticismo la adhesión del régimen a las convenciones contra la tortura. Un ahogado de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Contreras, dijo que es un avance formal, y pidió que estos pactos fueran publicados como ley interna en Chile para "que no queden sólo en un mero gesto propagandístico".

Entretanto, un carabinero disparó en la noche del jueves (madrugada de ayer en España) contra la estudiante María Paz Santibáñez, de 22 años, hiriéndola en la cabeza en el centro de Santiago. Según numerosos testigos, el policía disparó, sin mediar provocación, contra estudiantes que realizaban una marcha festiva, con cantos y serpentinas, en protesta contra José Luis Federici, el rector designado por Augusto Pinochet en la universidad de Chile, la principal del país. Los universitarios atacaron después al carabinero, quien se refugió en un edificio cercano desde donde logró huir, protegido por la policía. La muchacha quedó herida en el lóbulo izquierdo y permanece grave, con el lado derecho de su cuerpo paralizado. Según la versión policial, rechazada por estudiantes y académicos que mantienen paralizada la universidad, dijo que el carabinero disparó para evitar que le quitaran su arma.

La ofensiva contra la Prensa también continúa imperturbable. El régimen se querelló contra una periodista de la revista Análisis, Mónica González, que había preguntado al vicepresidente democristiano, Andrés Zaldívar, en una entrevista su opinión sobre Pinochet. El político afirmó que lo considera "amoral" y "burdo, de muy bajo nivel intelectual, brutalmente audaz" y después ratificó su respuesta. Pero el régimen prefirió querellarse contra la periodista y no contra el político.