En libertad más de 150 oficiales argentinos por la aplicación de la ley de 'obediencia debida'

Más de 150 oficiales de las fuerzas armadas argentinas, acusados de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, que estaban sometidos a juicio o en prisión preventiva, quedaron ayer en libertad y eximidos de proceso.Las cámaras federales aplicaron de inmediato la llamada ley de obediencia debida, aprobada por el Parlamento y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia, con excepción de aquellas causas en las que se investiga si los oficiales superiores que fueron jefes de las zonas en que se dividió el país durante la dictadura dieron órdenes o también actuaron bajo la eximente de la obediencia debida.

La ley establece un plazo de 30 días para que los jueces resuelvan si deben o no continuar los juicios en los 40 casos que todavía están pendientes.

Entre los liberados de ayer se encuentran los miembros del grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, responsable de numerosos secuestros, torturas y muertes de ciudadanos detenidos en el mayor campo de concentración que funcionó en Buenos Aires durante el. régimen militar.

El abogado Horacio Méndez Canreras, contratado por los familiares de dos monjas francesas desaparecidas, publicó un anuncio en los periódicos, dirigido al presidente argentino, Raúl Alfonsín, y a los jueces. En él recuerda que quedan en libertad los oficiales de la Marina Jorge Vañek, Manuel García Tallada, Jorge Vildoza -alias Gastón-, Jorge Acosta -alias Tigre-, Alfredo Astiz -alias Rubio-, Antonio Pernias -alias Trueno- y el prefecto Antonio Febres -alias Selva-, todos ellos en prisión hasta ahora por el delito de tormentos ejercidos a las religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Uno de los primeros condenados por delitos represivos que fueron liberados en aplicación de la ley de obediencia debida fue el ex comisario de policía Miguel Etchecolatz, que había sido condenado a 23 años de prisión por la Cámara Federal de Buenos Aires, tras probarse su participación en secuestros, torturas y asesinatos durante la guerra sucia contra la guerrilla.

16 bombas

Dieciséis bombas estallaron ayer en otros tantos comités de la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el Gobierno. Ocho de los artefactos fueron colocados en Buenos Aires -en el barrio de Belgrano, donde reside la mayoría de los militares en activo-. Las restantes estallaron en Mendoza, Rosario y Tucuinán. Ninguna organización se hizo responsable de los atentados.