Más de 350.000 uruguayos piden la derogación de la ley de 'impunidad'

La oposición uruguaya a la "ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado", más conocida como de punto final o de impunidad, está próxima a reunir el número de firmas necesarias para exigir un referéndum que permita derogar esta legislación. Más de 350.000 uruguayos ya han firmado la petición de referéndum. Se necesitan 530.000 firmas, según, informaron ayer en Madrid los escritores Mario Benedetti y Eduardo Galeano, promotores de la campaña en su país.Ambos intelectuales uruguayos ofrecieron ayer una conferencia de prensa para informar de la creación de la Comisión Uruguaya de Madrid pro Referéndum, que se encargará de reunir las firmas de los ciudadanos de esa nacionalidad residentes en España. Las firmas podrán estamparse en la sede de la Asociación, Pro Derechos Humanos en Madrid. La comisión en Madrid está constituida por Juan Carlos Onetti, Sancho García, Carlos Gurméndez, José Estruch, Osiriss Rodríguez y Manuel Picón.

El plazo constitucional para presentar las firmas vence el 22 de diciembre. Si se presenta un número de firmas -equivalente al 25% del censo electoral, el Gobierno, está obligado a convocar eI referéndum.

'Ley de amnesia'

La ley, aprobada en diciembre pasado por el Parlamento uruguayo, impide la -apertura de procesos contra militares involucrados en atentados a los derechos humanos. "Se trata de una ley de anmesia que la sociedad uruguaya no puede aceptar si quiere ser democrática", dijo Galeano. "Ésta es una campaña contra el, miedo, porque no es broma firmar contra los militares sin garantías de que, después, este. registro no sea la lista negra de la dictadura", agregó.Benedetti, por su parte, dijo que el ejemplo de lo ocurrido recientemente en Argentina -donde se registraron cuartelazos de militares, descontentos con los procesos en su contra- reafiriha la necesidad de que el pueblo esté dispuesto a respaldar a su presidente en caso de una asonada militar.

Además, recordó, la ley de punto final argentino se fijó un plazo de 60 días para iniciar nuevos juicioá, período en el que se presentaron más de 400 nuevos casos, mientras que la uruguaya comenzó a regir al día siguiente de su aprobación, cuando aún no se había presentado ningún proceso, contra militares.

Ambos escritores, que forman parte del Comité pro Referéndum formado en Uruguay criticaron la actitud del Gobierno de Julio María Sanguinetti, quien consiguió una mayoría parlamentaria para aprobar la ley -ante el temor de que los militares no concurrieran a prestar declaración, incurriendo en desacato.

"La justicia es.una sola, y los crímenes no pueden-quedar impunes. No podemos aceptar la ideología de la impotencia, que preconiza la inactividad para no poner en peligro la democracia recién recuperada", enfatizó Galeano.