Guatemala elige una Corte de Constitucionalidad con capacidad para bloquear iniciativas del presidente Arévalo

Guatemala concluyó este miércoles la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano e institución básica para garantizar la gobernanza en los últimos dos años de mandato del presidente Bernardo Arévalo. Con la composición final, sin embargo, el mandatario cuenta con minoría, ya que solo dos de los cinco magistrados titulares son afines a su lucha contra la corrupción. Los analistas, por el momento, le dan el beneficio de la duda a la nueva Corte y esperan que sea un respiro para el proyecto político de Arévalo.

El presidente nombró a la abogada Anabella Morfín como magistrada titular y María Magdalena Jocholá como suplente para el período 2026-2031. “Ambas profesionales representan la capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad que la Constitución demanda”, dijo el presidente en un video difundido la noche del miércoles en sus redes sociales. Los cinco nuevos magistrados titulares y suplentes fueron propuestos por la Presidencia, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la universidad estatal San Carlos. Con la nueva composición, el presidente tiene minoría, en la corte, ya que los magistrados Roberto Molina Barreto (propuesto por el Congreso), Dina Ochoa (propuesta por el Supremo) y Julia Rivera (por la universidad estatal) han sido vinculados con la oposición.

Gladys Anabella Morfín Mansilla fue Procuradora General de la Nación (2016-2018) y ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996). También se ha desempeñado como consultora legal en la extinta CICIG —la entidad anticorrupción de la ONU—, en la Fundación Myrna Mack y en la Fundación Soros Guatemala, entre otras. Por su parte, María Jocholá Tujal es una abogada maya kaqchikel con más de 20 años de experiencia, asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia y con trayectoria en organizaciones internacionales de derechos humanos.

La elección llega tras una semana de tensiones diplomáticas. El presidente pidió explicaciones a Estados Unidos por una supuesta interferencia en la designación de los magistrados propuestos por el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En ese momento, el mandatario alertó que la controvertida fiscal general y principal opositora al Gobierno, Consuelo Porras, buscaba una silla en la CC. Sin embargo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, aseguró que respetarían los procesos, aunque advirtió que no tolerarían la “contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.

Tras ese cruce de declaraciones, la CSJ votó por la reelección de Ochoa, mientras tanto, el Congreso eligió la continuidad del magistrado Roberto Molina Barreto, de quien el presidente señaló que era el candidato por el que cabildeaba la embajada estadounidense. Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.

Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, dijo que la nueva integración genera una expectativa de moderación ante el retroceso democrático que vive Guatemala desde 2019, con la actual Corte señalada por responder a intereses de una élite política que prioriza la impunidad. “Hay tres fuerzas en la Corte: una fuerza de resistencia al sistema (electos por la CSJ y el Congreso), dos magistraturas del cambio (Arévalo y el Colegio de Abogados) y la jurista designada por la Universidad, a quien hay que darle el beneficio de la duda. ¿Hay esperanza? Sí, en la medida en que hay oxígeno”, afirmó Ortiz.

El analista agregó que esta Corte refleja un anhelo de reconducción institucional tras años de criminalización contra activistas indígenas, periodistas, jueces y fiscales anticorrupción. La actual CC fue la que dejó a Arévalo sin partido político y sin bancada al aceptar la cancelación del Movimiento Semilla, obligando a sus diputados a declararse independientes.

El presidente había advertido en una entrevista con este periódico en febrero que Guatemala se juega la democracia con la elección de las nuevas autoridades judiciales. Arévalo gobierna entre sus intentos de recuperación institucional y los embates de un Estado corrupto que se resiste a perder privilegios. Desde su llegada al poder, en enero de 2024, el presidente se ha enfrentado a esos viejos poderes que han tratado por todos los medios de limitar autonomía. Ha sufrido maniobras de desestabilización, amenazas y una ofensiva persistente desde el Ministerio Público y el Congreso. A ello se ha sumado una cadena de motines carcelarios, desencadenados tras el asesinato de 10 policías por la pandilla Barrio 18, que le ha llevado a imponer el estado de sitio, aún vigente. Por eso la elección de la Corte es vital para sacar adelante su proyecto político.

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia —organización que fiscaliza estas elecciones—, manifestó su aprobación por los nombramientos de Arévalo y destacó que esta será la primera Corte integrada en su mayoría por mujeres. “Valoramos positivamente la integración. Claro que resentimos la continuidad de magistrados del periodo anterior, pero por lo menos hay una renovación parcial que esperamos permita un mejor manejo de la institución”, comentó.

El analista político y catedrático universitario Renzo Rosal, por su parte, se inclina por ver una Corte equilibrada en un momento crítico para el país. “Quedó un balance interesante entre antiguos y nuevos. Además, en el tema de género es histórico: la institución quedará presidida por una mujer e integrada por cuatro mujeres como magistradas titulares”, afirmó.