El socialista Almeyda, confinado en un remoto lugar del Chile antártico

El Gobierno del general Augusto Pinochet confinó en la apartada localidad austral de Chile Chico al secretario general del Partido Socialista de Chile, Clodomiro Almeyda. El político retornó por sorpresa, de forma clandestina, desde el exilio, y el pasado martes se entregó a la justicia chilena para ser procesado por un caso pendiente que había iniciado en su contra la dictadura. Después de que el juez le absolvió de los cargos con consulta al Tribunal de Apelaciones y le dejó con una orden de confinamiento en el país, el Gobierno le desterró mediante una instrucción administrativa.

La detención de Almeyda ha coincidido con manifestaciones generalizadas en el centro de Santiago, en una de las cuales resultó detenido ayer el presidente del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), Rodolfo Seguel.El CNT convocó a sus bases a una jornada de protesta, que iba a culminar con el toque de cacerolas por la noche, exigiendo un reajuste general de salarios. En la plaza de Armas, la principal de la capital, centenares de personas que pedían "Pan, trabajo, justicia y libertad" fueron disueltas con camiones cisterna, por la policía antidisturbios, con un número indeterminado de detenidos.

Clodomiro Almeyda, uno de los políticos más prominentes de la izquierda chilena y vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Salvador Allende, pasó abruptamente desde el exilio fuera del país al exilio interno. Desde ayer se encuentra en Chile Chico, a 2.400 kilómetros al sur de Santiago, un pequeño y lluvioso pueblo rural de 3.500 habitantes. Funcionarios de organismos de derechos humanos viajaron a la zona para ayudarle a encontrar alojamiento y comida.

Almeyda logró permanecer al menos cuatro días en Santiago. Ingresó clandestinamente a través de un paso de cordilleras. El martes llamó por teléfono a una amiga, Moi de Tohá -viuda del ex ministro de Defensa de Allende, José Tohá-, y partieron en taxi al tribunal acompañados por Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado ex ministro de Exteriores de Allende, Orlando Letelier.

Vestido de color café, sin su característico bigote, se le veía tranquilo en la antesala del juzgado. En una declaración dijo que reingresó en Chile porque ha decidido "defender ante los tribunales, con todos los medios legítimos" a su alcance, su derecho "como ciudadano chileno" a vivir en su patria. "Privar a alguien de vivir en su suelo natal es casi como matarlo en vida", dijo Almeyda.

Mientras el juez le interrogaba, en una urgente reunión a nivel ministerial en el palacio presidencial de La Moneda se decidía cómo afrontar la situación. Decenas de políticos opositores y militantes socialistas rodearon el tribunal, a pesar de la vigilancia policial, para vitorear a Almeyda.

Después de que fue absuelto, la policía, los abogados de Almeyda y el juez Arnoldo Brito llegaron al acuerdo de que el político permaneciese en el cuartel de investigaciones en Santiago, donde iba a ser examinado por la Cruz Roja y la comisión de derechos humanos. Sin embargo, el Gobierno no respetó el acuerdo y prefirió una medida administrativa para confinar a Almeyda sin que hubiera una decisión judicial, algo que no se hacía desde 1985.

El Movimiento Democrático Popular, de orientación izquierdista, en el cual milita Almeyda, expresó en una declaración que la medida "demuestra que la arbitrariedad rige el país". Políticos de centro y derecha se solidarizaron con el dirigente socialista y manifestaron que su retorno demuestra la inutilidad y absurdo el exilio en que el régimen mantiene a más de 2.000 opositores.

La orden de arraigo que dictó el juez Brito le impidió al Gobierno volver a expulsar a Almeyda. Pero también influyó el momento que el dirigente socialista escogió para entregarse a la justicia: ayer, el Papa recibió en el Vaticano a un grupo de exiliados chilenos, y el relator especial de las Naciones Unidas para vigilar los derechos humanos en el país, Fernando Volio, se encuentra en una visita de inspección en Santiago. Según fuentes judiciales, Volio le pidió al Gobierno que diera garantías sobre la seguridad personal de Almeyda.