El Senado argentino aprueba la ley de 'punto final' por amplia mayoría

, El Senado argentino aprobó en la noche del lunes (madrugada de ayer en España), por 25 votos contra 10, la prescripción de acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios por la guerra sucia contra la subversión desarrollada entre 1976 y 1982. Con esta votación, la llamada ley del punto final adquiere media sanción, y para la noche de ayer se esperaba que el Congreso de los Diputados, en el que el radicalismo, en el poder, es mayoritario, terminara por respaldar el controvertido proyecto de ley

La ausencia de 10 senadores peronistas facilitó la abultada votación en la Cámara Alta favorable a la propuesta gubernamental. Las Madres de Plaza de Mayo fueron desalojadas del recinto senatorial cuando una de ellas comenzó a reputar a los gritos de "traidor a la patria" a un senador en el uso de la palabra. En las puertas del Senado, no más de una docena de manifestantes armó un pequeño tinglado simulando dos calabozos de detención.

La sociedad argentina, que mayoritariamente se siente culpable por beneficiarse económicamente de los años de la dictadura militar, aparece secretamente aliviada por este comienzo del final de los juicios sobre la guerra sucia.

Los militares argentinos, por otra parte, alentados por la negativa de sus pares uruguayos a ser juzgados por la ley civil, estaban presionando enérgicamente para poner fin a sus procesamientos.

La ley prevé que en 60 días se extingan las acciones penales sobre la guerra sucia que no hayan sido denunciadas o comenzado a instruirse. Las causas vistas en primera instancia o ya indagadas -proceso a las tres primeras juntas militares, policía de Buenos Aires, Escuela de Mecánica de la Armada o tercer cuerpo de Ejército acantonado en Córdoba- proseguirán su curso.

Secuestros de niños

Igualmente, la ley llamada de punto final no amparará a quienes secuestraron a niños durante el cautiverio de sus padres o a aquellos uniformados que se hayan sustraído a la acción de la justicia, como el prófugo ex teniente general Guillermo Suárez Mason, ya degradado, que fuera comandante en jefe del primer cuerpo del Ejército acantonado en el Campo de Mayo de Buenos Aires.Como no podía ser de otra manera, todo ha sido preparado y bien preparado. Chorros de plomo candente se deslíen sobre el aplastante verano porteño, y los habitantes de Buenos Aires no piensan en otra cosa que en escapar hacia las playas atlánticas, al mismo y exacto tiempo en que los diputados uruguayos se han partido la cara en su Congreso tras votar afirmativamente una ley de amnistía para los militares de la República oriental sin haber llevado adelante ni un solo juicio sobre sus atrocidades.

Además, y por su parte, el fiscal general de la República argentina, Julio César Strassera, ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia las sentencias sobre la causa que engloba al general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, y la que absuelve por prescripción al teniente de navío Alfredo Astiz en la desaparición de la adolescente sueca-argentina Dajmar Hagelin. El fiscal apela dos absoluciones por falta de pruebas en el caso de Ramón Camps -tormentos y robos- y estima que la desaparición de Dajmar Hagelin debe ser vista en el sumario de la Escuela de Mecánica de la Armada, el más feroz centro de detención clandestino bajo la dictadura militar.

La mal llamada ley de punto final dará satisfacción a unas Fuerzas Armadas justamente arrastradas por los rastrojos desde hace tres años, pero para nada anula los juicios pendientes.

Dentro de algunos años el sustituto de este corresponsal deberá seguir escribiendo sobre los procesos militares argentinos.

Para ayer noche, Ragnar Hagelin había citado a la Prensa para una conferencia informativa sobre el tema Astiz, el asesino de mi hija. Sólo el infierno del húmedo verano austral colocará un poco de bálsamo sobre todas estas heridas.